Justicia de Colombia imputa a 11 militares por 120 asesinatos en la frontera con Venezuela
Los hechos, según la JEP de Colombia, ocurrieron entre 2007 y 2009 en la región del Catatumbo, una zona fronteriza que está en el departamento Norte de Santander y que colinda con Venezuela
La Justicia Especial para la Paz (JEP) en Colombia, a través del tribunal de justicia transicional que surgió en 20016 luego del Acuerdo de Paz, imputó el martes 6 de julio a 11 militares -un general, dos coroneles, dos tenientes coroneles, un mayor, un capitán, dos sargentos, un cabo y un civil- por la muerte de 120 personas y la desaparición forzada de otras 24 en la zona fronteriza con Venezuela.
Así lo manifestó la magistrada Catalina Díaz, quien es una de las personas que trabaja en el caso 03 conocido como «asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado» con el fin de «aumentar criminalmente las estadísticas oficiales de éxito militar».
En ese sentido, resaltó que al menos 120 fallecidos fueron presentados como bajas en combate para tal fin y sostiene que al menos 6.400 civiles fueron ejecutados por militares en Colombia y presentados como caídos en combate entre 2002 y 2008.
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“La evidencia indica que (…) son penalmente responsables del crimen de guerra, de homicidio en persona protegida y los crímenes de lesa humanidad, de asesinato y desaparición forzada”, enfatizó Díaz.
Díaz indicó que los hechos, que podrían tipificarse como crímenes de guerra y de lesa humanidad, se llevaron a cabo entre 2007 y 2009 en el municipio Cataumbo, del departamento Norte de Santander que es fronterizo con nuestro país.
La decisión surgió de un informe de la Fiscalía de Colombia sobre “falsos positivos” y que investiga las «muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado».
Estas muertes se conocen popularmente como «falsos positivos», una estrategia militar que consistía en ejecutar extrajudicialmente a civiles y hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate. Así, los soldados recibían bonos que iban desde dinero o vacaciones por haber golpeado a las bandas insurgentes en el marco del conflicto armado.
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Entre los imputados se encuentra el general Paulino Coronado, quien para la época comandaba la Brigada 30ª del Ejército, que hacía presencia en la región fronteriza de Catatumbo.
Los 11 imputados tienen 30 días hábiles para reconocer los hechos y su responsabilidad o rechazarlos. También pueden aportar argumentos o evidencia adicional al caso,. dijo CNN.
Luego que finalice el periodo, la JEP decidirá si fija una fecha para una audiencia pública de reconocimiento. Luego, la Sala adoptará una resolución de conclusiones que remitirá al Tribunal para la Paz para que imponga una sanción que debe ser consultada con las víctimas, tener un propósito reparador y puede incluir restricciones de la libertad y otros derechos.
Los imputados que nieguen su responsabilidad y pierdan un juicio podrán ser condenados hasta a 20 años de cárcel.
Con información adicional de La Nación / France 24
