Juicios contra militares presos se reactivaron tras informes de la ONU
Entre los juicios que se reactivaron están los que involucran a los militares del caso Paracamay II, los comandantes del 2 de marzo, el llamado «caso de los drones», además de juicios individuales como el del coronel Ricardo Zomacal Longo
Las audiencias y juicios contra militares presos por razones políticas se reactivaron desde hace unas semanas, a poco más de un mes de los últimos informes de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Misión Independiente de Determinación de Hechos, un mandato del Consejo de DDHH de la ONU sobre Venezuela.
Según informan familiares de algunos presos, como la hermana del capitán de Navío Luis de La Sotta, la reactivación de los procesos judiciales de estos militares se debe a las solicitudes hechas por la Alta Comisionada Michelle Bachelet, que ha exhortado al Estado venezolano a tomar en cuenta las resoluciones emitidas por el Consejo.
#Urgente se estan llevando a cabo juicios a militares por solicitud de la Alta Comisionada @mbachelet ya q deben ponerse al dia para rendir cuentas ante el CONSEJO DE #DDHH DE LA #ONU. Exigimos q SU COMISION Q ESTA EN #CCS ingrese al TRIBUNAL, para GARANTIZAR el DEBIDO PROCESO
— Molly De La Sotta (@MollyDeLaSotta) November 17, 2020
La información también fue confirmada por la abogada y directora ejecutiva de la ONG Justicia Venezolana, Lilia Camejo, quien recordó que la mayoría de los casos de los 260 presos políticos militares que se contabilizan en el país se encontraban paralizados por la pandemia de la covid-19.
Camejo dijo que «además de ser inocentes, son hombres y mujeres que corren graves riesgos en los calabozos de las cárceles militares por la propagación del covid-19 en el país», pues muchos de ellos padecen enfermedades crónicas que afectan su salud, algunas desarrolladas durante los meses o años que han estado encarcelados.
La abogada refirió que los uniformados hasta ahora enjuiciados y sus familias han pedido mantener la información con carácter de confidencialidad, por temor a nuevas acciones legales en su contra.
Entre los juicios que se reactivaron están los que involucran a los militares del caso Paracamay II, los comandantes del 2 de marzo, el llamado «caso de los drones», además de juicios individuales como el del coronel Ricardo Zomacal Longo, sentenciado el pasado 4 de noviembre a seis años y diez meses de prisión bajo el cargo de instigación a la rebelión.
#9Nov. Hoy se dio inicio en el Tribunal Militar 1 de Juicio, el Juicio Oral y “Público”, en contra del Tcnel. I. Marin Chaparro, Tcnel. H. Medina Gutierrez, Tcnel. D. Mota Marrero, Ptte. J. Ariza y otros oficiales, acusado por el delito militar de Instigación a la Rebelión
— Alonso Medina Roa (@medinaroaalonso) November 9, 2020
#4Nov. Tribunal Militar Primero de Juicio, dicta sentencia en el caso del Cnel. R.Zomacal L., condenándolo a 6 años y 10 meses, por el delito de Instigación a la Rebelión y absolviéndolo de otros delitos militares, por los cuales había sido acusado.
— Alonso Medina Roa (@medinaroaalonso) November 5, 2020
A Zomacal Longo, detenido el 1° de abril de 2017, se le acusó de estar supuestamente implicado en la Operación Escudo-Zamorano, con la que se pretendía asaltar el Centro de Procesados Militares (Cepromil) de Los Teques, mejor conocido como Ramo Verde, con el objetivo de rescatar al dirigente político Leopoldo López.
El juicio contra el coronel Zomacal inició el 8 de octubre, donde sus abogados advirtieron su precario estado de salud tras más de tres años detenido y con un proceso judicial pendiente.
Además, se han producido sentencias favorables para los imputados, como fue el caso del primer teniente Eduardo José Pérez Amaya, quien fue absuelto el pasado 11 de noviembre por un tribunal militar luego de ser acusado por los supuestos delitos de traición a la patria, rebelión militar y sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional en grado de complicidad. Al primer teniente se le acusó de estar involucrado con el piloto asesinado Óscar Pérez.
#URGENTE Tribunal Militar 1 de Juicio dicta sentencia absolutoria al PPTJosé Eduardo Perez Amaya, quien había sido acusado por el caso de #OscarPerez
Reconocemos el trabajo de la defensa @medinaroaalonso#SehizoJusticia#PresosPoliticosMilitares
— Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia (@Coalicion_ddhh) November 11, 2020
Exhorto a Bachelet
Molly de La Sotta, hermana del capitán de Navío Luis de La Sotta, solicitó a los funcionarios de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos que se encuentran en territorio venezolano a que acudan a los juicios que se siguen contra los militares presos, como una medida para garantizar el debido proceso.
De La Sotta señaló que a los juicios, pese a que deben ser orales y públicos, se les niega el ingreso a los familiares. Además indicó que los testigos presentados son funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), «incluyendo a los mismos torturadores».
Los JUICIOS DEBEN SER ORALES Y PUBLICOS, sin embargo no permiten el ingreso NI DE LOS FAMILIARES, los botan de alli. Estan presentando como TESTIGOS a los mismos Funcionarios DE DGCIM, incluyendo a los mismos TORTURADORES. EXIGIMOS #JUSTICIA y q se cumpla el MANDATO DE LA #ONU
— Molly De La Sotta (@MollyDeLaSotta) November 17, 2020
La hermana del militar detenido también exigió que se cumpla el mandato de la resolución del Consejo de DDHH de la ONU del 1° de octubre, donde se insta «a las autoridades venezolanas a que pongan inmediatamente en libertad a todos los presos políticos y a todas las demás personas privadas de libertad de manera ilegal o arbitraria».
En el caso del capitán Luis de La Sotta, fue detenido el 18 de mayo de 2018 sin orden de aprensión y trasladado a la sede del Dgcim donde ha sido torturado según sus familiares. Involucrado en la llamada operación Armagedón, fue pasado a juicio por supuesta instigación a la rebelión y contra el decoro militar, pero su defensa apeló la decisión y todavía no han obtenido respuesta.
El pasado 3 de octubre fue trasladado desde la sede de la Dgcim hasta las celdas de ese organismo en Fuerte Tiuna, donde se encuentra incomunicado por haber conversado con funcionarios de la oficina de Bachelet, según denuncian sus familiares. Para el 20 de noviembre se espera que se inicie el juicio en su contra.
