Juez argentino envía a juicio oral a Cristina Kirchner acusada de sobornos
Juez argentino envía a juicio oral a Cristina Kirchner acusada de sobornos. El letrado volvió a pedir el desafuero de la senadora, y candidata a vicepresidenta, para arrestarla con prisión preventiva
En Argentina, el juez Claudio Bonadio dio por clausurada la instrucción y envió a juicio oral a Cristina Kirchner, acusada de ser Jefa de una asociación ilícita que se dedicó a la recaudación “de fondos ilegales” -es decir sobornos- y se le atribuyeron 28 hechos de cohecho pasivo, destaca el diario El Clarín.
Se trata de la causa conocida como los cuadernos de las coimas, un expediente que cuenta con 172 procesados y 31 imputados colaboradores.
En uno de los artículos de la resolución, Bonadio volvió a requerir al Senado su desafuero para «cumplir con la prisión preventiva dispuesta».
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Tanto la cuestionada senadora, como su esposo (fallecido) Néstor Kirchner fueron aliados incondicionales de Hugo Chávez (también muerto) y del actual gobernante Nicolás Maduro.
A éste último hace cinco años, la entonces presidenta le otorgó el máximo galardón que puede recibir un jefe de estado extranjero en la Argentina: La Orden del Libertador San Martín, dirigida a «funcionarios extranjeros que merezcan en alto grado honor y reconocimiento».
Juez argentino envía a juicio oral
Este viernes junto a la candidata a vicepresidenta, fueron enviados a juicio en calidad de organizadores Julio De Vido, Roberto Baratta, José López, y como miembro de la asociación el exchofer Oscar Centeno y un extenso listado de empresarios.
Entre los empresarios que el juez argentino envía a juicio oral se encuentra el primo de Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra Macri, Carlos Wagner, Néstor Otero, Benjamín Romero, Enrique Pescarmona entre otros, todos acusados sólo de pagar coimas.
De esos 172 acusados, en esta instancia Bonadio elevó a juicio a 53, entre exfuncionarios y empresarios.
El juez resolvió sobreseer a los empresarios por el delito de asociación ilícita, y sólo deberán responder como acusados por cohecho activo.
Asimismo, sobreseyó de la acusación a los integrantes de La Cámpora Eduardo «Wado» de Pedro, Andrés Larroque, Máximo Kirchner, Julián Álvarez, y al empresario Sergio Szpolski.
Esta clausura de la investigación y elevación a juicio, incluye a Isidro Bounine, Juan Manuel Campillo, Sergio Todisco, Carolina Pochetti y otros integrantes del entorno de Daniel Muñoz (ex secretario de Néstor Kirchner), acusados de lavado de dinero por la adquisición de bienes en el exterior: uno de los expedientes conexos del caso cuadernos.
En la “causa madre” -ya que hubo seis desprendimientos más-, la semana pasada el magistrado dio por corroborados los dichos de 31 arrepentidos: “habiendo analizado lo expuesto por cada uno de los imputados colaboradores y los aspectos de sus testimonios que pudieron ser corroborados mediante la prueba realizada, podemos afirmar que sus testimonios posibilitaron lograr un significativo avance en la investigación llevada a cabo en la presente causa y sus conexas», afirmó Bonadio.
Néstor y Cristina al frente
Tal como había señalado el fiscal Carlos Stornelli en su acusación final y pedido de elevación a juicio, Bonadio señaló que se dio por corroborada la existencia de una «asociación ilícita que desarrolló sus actividades aproximadamente desde principios del año 2003 hasta noviembre del año 2015, y cuya finalidad fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos, todo ello aprovechando su posición como funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional».
En este sentido, indicó que la asociación ilícita fue comandada por «Néstor y Cristina Kirchner» en su rol de presidentes de la Nación. Y que el dinero era «entregado alternativamente a los titulares del Poder Ejecutivo o sus secretarios privados en Uruguay 1306 (donde vive la Senadora actualmente), en la Residencia Presidencial de Olivos y/o en la Casa de Gobierno; parte de este dinero fue redistribuido o se realizaron pagos para otros funcionarios públicos».
Por este motivo, De Vido, Baratta y José López se encuentran procesados en carácter de organizadores de la asociación ilícita y cohecho pasivo, todos ellos con prisión preventiva.
