Jorge Alayeto fue condenado a 30 años por «grabar» asalto al Fuerte Paramacay
Jorge Alayeto Bigott fue detenido en su vivienda el 6 de agosto de 2017 y estuvo 11 días en desaparición forzada, según denunciaron sus familiares. Durante ese tiempo, fue víctima de graves torturas, de las que responsabilizó a funcionarios de la Dgcim durante el juicio. Actualmente se encuentra recluido en el Internado Judicial Tocuyito (estado Carabobo)
El preso político Jorge Alayeto Bigott fue condenado a 30 años de prisión el pasado 14 de abril, tras ser señalado de «grabar» el asalto al Fuerte Paramacay (Valencia, estado Carabobo), ocurrido en agosto de 2017. Sus familiares afirmaron que dentro de la sentencia no hay pruebas que lo vinculen, solo la declaración de un funcionario de la Dgcim que lo torturó.
La abogada Anabel Alayeto, hermana del preso político, denunció en su cuenta de X que el juez tercero en funciones de juicio del Circuito Penal de Carabobo, Luis Francisco Ovalles, informó la sentencia –de 361 páginas– en una audiencia el pasado 14 de abril, donde se le condenó por delitos de naturaleza militar, pese a ser un civil, como «rebelión militar», además de traición a la patria, ataque al centinela y sustracción de efectos militares.
En estos dos últimos, explicó la abogada, fue señalado en calidad de cómplice. «La ley establece que al cómplice se le debe rebajar la pena. El juez nunca hizo ese cálculo. Nunca explicó por qué Jorge merecía el mismo trato que quien estuvo dentro del fuerte Paramacay».
Alayeto Bigott fue detenido en su vivienda el 6 de agosto de 2017 y estuvo 11 días en desaparición forzada, según denunciaron sus familiares. Durante ese tiempo, fue víctima de graves torturas, de las que responsabilizó a funcionarios de la Dgcim durante el juicio. Actualmente se encuentra recluido en el Internado Judicial Tocuyito (estado Carabobo).
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La abogada indicó que en la causa del Fuerte Paramacay, que agrupa a 23 personas entre civiles y militares, todos fueron condenados a 30 años de prisión el 19 de diciembre de 2025, pues el juez no distinguió «quién hizo qué. Sin analizar el rol de cada uno. Todos iguales. Todos al máximo.
Sin embargo, la sentencia de Jorge Alayeto se produjo meses después al ser señalado de ser «quien realizó la grabación de este video sin embargo no dio participación alguna a las autoridades competentes».
La prueba sobre el video, aseguró su hermana, «viene de una sola persona: el funcionario Abel Angola del Ddgcim. Un hombre que ni siquiera estuvo presente el día de la grabación por lo que acusaron a mi hermano. Lo que declaró fue su “análisis” del expediente, no lo que vio con sus propios ojos».
Ese mismo funcionario, aseguró, fue señalado por el preso político durante el juicio como una de las personas que lo torturaron.
«Lo dijo ante el juez con estas palabras: “Me disculpan que me ponga así, pero me trae muchos malos recuerdos,
este señor que está acá en sala fue autor principal de las torturas que me hicieron a mí y a un sobrino que también agarraron, me amarraron, me golpearon, me esposaron, él me decía que debía decir lo que él quería que dijera, me golpeaba durísimo yo lo que veía era un flash, yo estaba dentro de la pecera, que es un sitio de tortura, me enseñó a través de papel ahumado como estaba torturado mi sobrino, me dijo tu vas a decir que grabaste el video, que financiaste, le dije bueno está bien, te lo digo, se lo tuve que decir, ese señor me torturó hasta más no poder, es todo lo que tengo que decir”. El único testigo que vincula a Jorge con el video es el mismo hombre que lo obligó bajo tortura a decir que grabó el video», relató Alayeto.
Pese a la denuncia de torturas, recordó la abogada, el juez no procesó ni ordenó una investigación como lo ordena la legislación, y tampoco excluyó el testimonio del funcionario Angola bajo presuntos vicios.
En días pasados, el juez Ovalles también le negó el sobreseimiento de su causa vía Ley de Amnistía, al igual que al resto de los acusados. La hermana de Jorge Alayeto dijo que apelarán la decisión, al tiempo que aseveró que «el mundo tiene que saber los delitos de lesa humanidad no prescriben y el juez Ovalles debe pagar por su acción».
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