Javier Tarazona: tres años de condena anticipada por denunciar violencia en la frontera
Fundaredes ha calificado de inaceptable que el Estado venezolano «utilice tácticas dilatorias para prolongar la detención» no solo de Javier Tarazona, sino de todos los presos políticos. El director de la oenegé, detenido en julio de 2021, padece de 10 enfermedades que se han agravado por las condiciones de su detención
Un 2 de julio de 2021, el defensor de derechos humanos y director de FundaRedes, Javier Tarazona, fue detenido por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). La oenegé ha denunciado que su arresto preventivo sobrepasa los límites establecidos en las leyes venezolanas, pues ya tiene tres años en El Helicoide y sin condena de un tribunal.
El Código Orgánico Procesal Penal establece en su artículo 230 que una medida de coerción personal (prisión preventiva) «en ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos años». Un juez puede dictar un año más, pero en el caso del defensor no se explicaron las razones para extender los límites de su detención. A juicio de FundaRedes, este proceso penal se ha convertido en un castigo anticipado, «una pena que se impone antes de que se haya demostrado su culpabilidad».
La audiencia preliminar de Tarazona se difirió en 14 oportunidades. Su juicio se ha interrumpido en otras tres ocasiones, la última de ellas por el cambio de competencias del Tribunal Tercero de Control con competencia en Terrorismo de Caracas. El lunes 1 de julio continuó el juicio donde se presentaron a tres funcionarios actuantes promovidos por el Ministerio Público. La próxima audiencia fue pautada para el 16 de este mes.
La ONG ha insistido que el proceso ha estado «plagado de irregularidades e inconsistencias», lo que «deja en evidencia la violación sistemática a sus derechos fundamentales».
«Es inaceptable que el Estado venezolano utilice tácticas dilatorias para prolongar la detención no solo de Javier Tarazona, sino de todos aquellos ciudadanos que se encuentran privados de libertad por razones políticas y de pensamiento», señaló Clara Ramírez, directora encargada de la ONG durante una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
José Rafael Tarazona, hermano del defensor, agregó: «sigue la condena anticipada sin elementos de convicción en nuestra contra».
¿Quién es Javier Tarazona?
Javier Tarazona es profesor universitario, con un post doctorado en Educación. En 1997 formó parte del grupo fundador de la organización, que se ha orientado a la documentación sobre violaciones de derechos humanos en el país, haciendo énfasis en la victimización de las mujeres en estados fronterizos, así como la presencia de grupos irregulares armados.
El defensor de derechos humanos fue amenazado y hostigado en múltiples ocasiones antes de su detención. Desde marzo de 2021 hasta su detención unos meses más tarde denunció activamente el conflicto armado entre la Fuerza Armada Nacional (FAN) y disidencias de las FARC que se desarrolló en la frontera del estado Apure con Colombia, ante la falta de datos oficiales.
Tarazona fue detenido arbitrariamente a la salida del Ministerio Público de Coro, estado Falcón, donde interpuso una denuncia y solicitó medidas cautelares antes la persecución de la que era víctima. Junto a él, funcionarios del Sebin detuvieron a su hermano José Rafael Tarazona y el activista Omar de Dios García.
*Lea también: Otorgan premio de defensa a DDHH a los activistas Javier Tarazona y Clara Ramírez
El grupo de defensores fue trasladado a la sede del Sebin El Helicoide y presentado en tribunales por los presuntos delitos de incitación al odio, terrorismo y traición a la patria. En el caso de Rafael Tarazona y García, fueron excarcelados con medidas cautelares de presentación el 26 de octubre de 2021, debido a complicaciones médicas presentadas por contagiarse de covid-19.
La situación de Tarazona, que padece 10 enfermedades y toma al menos 19 medicamentos distintos, ha sido denunciada por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Misión Internacional de Determinación de Hechos sobre Venezuela, la Organización Mundial contra la Tortura y otras organizaciones internacionales, que han solicitado su liberación inmediata y plena.
Sus familiares han insistido en una medida humanitaria debido a sus problemas de salud. Tarazona padece de diabetes, hipertensión y problemas circulatorios, entre otras patologías, que se han agravado por las condiciones de reclusión dentro del Sebin Helicoide.
«Las revisiones médicas que le han hecho en el mismo Sebin, la sede de Plaza Venezuela del Sebin donde lo han trasladado, corrobora lo que ha mostrado su familia a la Fiscalía y otros órganos nacionales pidiendo medidas humanitarias», afirmó Rafael Tarazona.
Víctima de torturas
En diciembre de 2023, el director de FundaRedes denunció en una audiencia de juicio las torturas a las que fue sometido durante los primeros meses de su detención en El Helicoide. «Me pegaban golpes, patadas. No podíamos ver el sol. No teníamos agua potable. Nos hacían orinar y defecar en los recipientes donde comíamos», relató Tarazona en tribunales. Además aseguró que permanece detenido porque lo «quieren silenciar».
Ninguna de sus denuncias han sido atendidas debidamente por el nuevo tribunal. La Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes establece que cualquier funcionario que «tengan conocimiento que se ha producido uno de los delitos previstos en esta ley, deberá notificar a la Defensoría del Pueblo, en un lapso no mayor a 48 horas».
Los funcionarios que incumplan esto pueden ser sancionados con multas entre las 50 y 250 unidades tributarias, trabajo comunitario o la destitución del cargo (art. 24).
