IPYS Venezuela condena criminalización de periodista en Táchira
IPYS Venezuela destaca que las campañas de descrédito contra periodistas y medios de comunicación, así como las restricciones de acceso a la información durante jornadas electorales, destacaron como evidentes patrones de censura durante enero de 2022
El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), capítulo Venezuela, denunció y condenó la criminalización de la periodista y directora del portal Táchira News, Érika Verdi, quien fue expuesta por una cuenta en Instagram que criminaliza su trabajo vinculándola con disidencias de las FARC en el estado Táchira.
En una alerta a través de su cuenta Twitter, IPYS Venezuela exigió el inicio de investigaciones» que den con los responsables de estas acusaciones» y reclama al Estado protección para Verdi y su familia.
2/2 #AvanceIPYSve | #IPYSve condena estas publicaciones y exige el inicio de investigaciones que den con los responsables de estas acusaciones y reclama al Estado protección para Verdi y su familia. #22Feb
— IPYS Venezuela (@ipysvenezuela) February 22, 2022
El señalamiento ocurre en medio de las acciones militares que se mantienen activas por parte de la Fuerza Armada Nacional en zonas fronterizas para el combate de grupos irregulares. Táchira ha sido señalado desde el Gobierno como uno de los estados con mayor actividad de los grupos irregulares colombianos.
El martes 22 de febrero, la periodista presentó ante la Fiscalía de San Cristóbal una denuncia sobre la falsa acusación en su contra recibida desde cuentas anónimas en redes sociales.
IPYS Venezuela destaca que las campañas de descrédito contra periodistas y medios de comunicación, así como las restricciones de acceso a la información durante jornadas electorales, destacaron como evidentes patrones de censura durante enero de 2022.
La ONG registró 10 episodios de discurso estigmatizante que perjudicaron a 18 comunicadores, nueve medios de comunicación, dos organizaciones defensoras de derechos humanos y un activista por los derechos humanos; además de siete agresiones y ataques contra trabajadores de la prensa.
Las organizaciones Amnistia Internacional, el Foro Penal Venezolano y el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) presentaron recientemente un informe donde afirman que los ataques y mensajes estigmatizantes desde altos funcionarios y medios estatales se conjugan con la represión selectiva de opositores, que ha recrudecido a partir de 2019.
Gonzalo Himiob, director vicepresidente del Foro Penal, afirmó que estos “no son hechos aislados. Responden a una política de Estado que responde a dos caras: la incitación de estos actos (estigmatización, represión y detención) y su impunidad”.
Esta no es una política formalmente declarada, continuó Himiob, pero sí vigente contra aquellas personas a las que el poder le resulten incómodas o quiera neutralizar. Sugirió además que se hagan investigaciones en diferentes estratos del Estado venezolano que ejecutan estas acciones.
