INAC investigará a la aerolínea española Plus Ultra por vuelos sin autorización
Plus Ultra ha desatado polémica y controversia en España, especialmente después recibir un criticado fondo de rescate del gobierno español, debido a sus operaciones en Venezuela y su posible implicación con el gobierno venezolano
El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) anunció que iniciará una investigación contra la aerolínea española Plus Ultra, por comercializar boletos de vuelos entre Venezuela y España sin autorización del organismo rector de la actividad.
Mediante un comunicado, el INAC manifestó que la comercialización de boletos en rutas no autorizadas es «contraria a la normativa aeronáutica que regula el servicio público de transporte aéreo», además de vulnerar las restricciones establecidas para evitar la propagación de la covid-19.
En este sentido, concretan que el organismo investigará a la aerolínea para proceder con un proceso administrativo que podría generar responsabilidades administrativas, civiles y penales para Plus Ultra y las agencias de viaje implicadas en la comercialización de boletos no autorizados.
El presidente del INAC, el mayor general Juan Texeira Díaz, detalló en su cuenta de Twitter que la decisión de la investigación se tomó debido a que la aerolínea comercializó vuelos en la ruta Caracas – Madrid sin permiso de las autoridades venezolanas.
«La ruta entre Caracas y Madrid, actualmente no se encuentra entre las permitidas por el ejecutivo Nacional para vuelos comerciales regulares o no regulares», razonó.
El INAC recordó que en Venezuela solo están permitidos los vuelos desde y hacia Turquía, Rusia, México, Panamá, República Dominicana y Bolivia; únicos destinos disponibles en la oferta aérea en medio de la pandemia por covid-19.
La aerolínea reanudó sus vuelos hacia Caracas a mediados de marzo con dos servicios mensuales, bajo el argumento de que su actividad aérea tendría fines humanitarios.
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300 pasajeros varados
Como producto de la comercialización de vuelos sin autorización, más de 300 pasajeros se encuentran varados en el aeropuerto de Madrid, que tenían programados vuelos para este sábado que Plus Ultra no podrá efectuar por prohibición de las autoridades venezolanas.
Los venezolanos invirtieron cientos de dólares en sus boletos para regresar a Venezuela, y ahora se encuentran con la barrera de no poder viajar, mientras que la aerolínea española no da respuesta ni sobre el vuelo ni sobre el dinero que recaudó en la venta de pasajes.
Algunos de los afectados por esta situación criticaron a la aerolínea española y exigieron al gobierno venezolano involucrarse para hallar una solución. «Aquí hay gente que ha gastado mucho dinero y no tiene cómo comprar boletos adicionales. Solicitamos que el gobierno venezolano se involucre en la solución de este problema. Nos parece irresponsable que vendan boletos sin tener autorización para viajar», sostuvo Margareth Marin, una de las venezolanas presentes en el aeropuerto madrileño.
Plus Ultra en el ojo del huracán
La aerolínea española ha desatado polémica y controversia por no menos de un año debido a sus operaciones en Venezuela y su posible implicación con el gobierno venezolano, debido a que uno de sus accionistas principales, Rodolfo José Reyes, ha sido señalado de tener relación con la cúpula de Nicolás Maduro.
En marzo de 2021, el gobierno español aprobó un rescate financiero de 53 millones de euros a Plus Ultra, para ayudarla a mitigar el impacto de la pandemia mediante el Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales).
La decisión fue criticada en España al considerar la ayuda desproporcionada, más al tener en cuenta las denuncias sobre su relación con Veenzuela. Varios recursos interpuestos por el Partido Popular, Vox y el sindicato Manos Limpias llevaron al Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid a paralizar el rescate.
No obstante, el Tribunal de Cuentas decidió esta semana archivar la investigación sobre el rescate a la aerolínea tras determinar que la concesión de este dinero no provocó daño alguno a los fondos públicos, como alegaban los demandantes que interpusieron los recursos.
