Huele a guiso, por Teodoro Petkoff
¿Qué lectura se puede hacer de la cancelación de la licitación para el sistema de cedulación? La única posible: el ministro Miquilena considera que el proceso no fue limpio sino que implicó alguna forma de corrupción. Puesto que fue un proceso directamente conducido y vigilado por el anterior ministro del Interior y Justicia, coronel Luis Alfonso Dávila, su sustituto, evidentemente, lo hace responsable de ese acto de corrupción.
¿Estamos hilando demasiado fino? Veamos. Las razones que se han dado para suspender el contrato con Hyundai son las de que no cumplió con un conjunto muy significativo de especificaciones técnicas. De hecho, la propia Asamblea Nacional concluyó, en un informe pintoresco por sus absurdos, que la empresa coreana había dejado al descubierto nada menos que siete áreas del proceso de cedulación. En eso se basó Miquilena para tomar su decisión. Según él, fue la Asamblea y no el ministerio quien verificó las supuestas irregularidades en que habría incurrido Hyundai. Ahora bien, si las irregularidades son tan obvias, ¿cómo es que el coronel Dávila y su gente no las notaron? La única respuesta posible, dentro de la peor tradición venezolana, y es lo que Miqui está implicando, es que la empresa, para salir del brete, preguntó «¿cuánto hay pa’ eso?» Pagó y el contrato fue aprobado. Esto es lo que dice Miqui. No lo dice verbalmente, al menos no en público, pero toda su actuación lo que significa es eso. Miquilena, pues, acusa a Dávila de haber actuado de modo contrario a la ética de la revolución.
Por lo pronto tenemos al ministro de Relaciones Exteriores clavado en la picota. Pero, si todo esto fuere cierto, ¿el caso terminaría con el simple aborto del guiso por parte de Miquilena? Si el anterior titular del Interior y Justicia iba a firmar un contrato tan plagado de irregularidades que su sustituto consideró necesario cancelarlo, es porque se iba a causar un daño de gran magnitud a la nación, tanto por las fallas técnicas que habría de presentar el sistema de cedulación como por el sobreprecio (o sea la comisión) cobrado por algún pillo. Por ese daño ¿no responde nadie? ¿Se van a seguir sentando en la misma mesa del gabinete ministerial Miquilena y Dávila, como si nada hubiera pasado? ¿El hombre de la superlupa se va a conformar con este final feliz, del cual la moraleja sería que quien quiera robar que lo haga bien y no se deje cazar?
Sin embargo, hay también otra interpretación posible. Es la que viene del entorno de Dávila. Todo fue una farsa. El informe de la Asamblea fue fabricado por los amigos de Miqui en ella, quien la patea como si fuera potrero de su antiguo Hato Caroní, allá en Barinas. Miquilena, con esta carambola pérfida, habría rayado a un adversario político, mediante este sucio procedimiento, abriendo, además, el camino para una nueva licitación, en la cual, a la pregunta sacramental (¿cuánto hay pa’ eso?) quien respondería sería él mismo.
Como se ve, pues, los aires que se respiran en las alturas del poder no son propiamente aromáticos
