HRW exige a Gobierno de Chile que detenga las deportaciones de los venezolanos
José Miguel Vivanco dijo que HRW encontró diversas irregularidades cometidas por las autoridades en Chile en contra de los venezolanos durante las deportaciones
La ONG Human Rights Watch (HRW) instó al Gobierno de Chile que detengan las deportaciones de ciudadanos venezolanos y pidió que se aseguraran que estas acciones cumplan con las normas del derecho internacional y de los DDHH.
José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, hizo mención a que los tribunales en la nación austral demostraron que muchos de nuestros nacionales «fueron deportados sin debido proceso, vulnerando estándares elementales del derecho internacional”, al tiempo que manifestó que en Chile hay una contradicción sobre el tema de los DDHH porque por un lado, hay una condena firme hacia la violación de estos derechos en nuestro país y por el otro se ignoran sus derechos de buscar una mejor calidad de vida al deportarlos.
Según el informe de la ONG se han registrado varias irregularidades cometidas por parte de las autoridades que debieron tomarse en cuenta para suspender las deportaciones; como por ejemplo que a los que tenían familiares en Chile se les impidió hacer una llamada telefónica, no se les permitió ejercer su derecho a tener un abogado, deportaciones sumarias los fines de semana cuando no funcionaban los juzgados, separación de familias.
*Lea también: Circunscripciones escogen menos cargos directos, pero no habrá proporcionalidad
Tras revisar 21 sentencias judiciales que brindaron protección a 80 ciudadanos venezolanos y más de 350 órdenes de deportación; además de hacer entrevistas a personas vinculadas con trabajos humanitarios y de DDHH, mientras documentó dos casos en profundidad de estas movilizaciones, identificó «violaciones al debido proceso, incluido el derecho a ser oído y a presentar pruebas» antes de que se produzca la expulsión.
Ausencia del debido proceso, deportaciones colectivas sin discernir individualmente los casos, y separación de las familias, son algunas de las situaciones violatorias de los DDHH que reporta HRW.
HRW estima que más de 457.000 venezolanos viven actualmente en territorio chileno y aunque la mayoría está de manera legal, desde 2019 en adelante, cuando se endurecieron las políticas migratorias, es cada vez más difícil para ellos regularizar su situación.
La administración de Sebastián Piñera implementó varias medidas para evitar la migración ilegal a Chile; iniciando con el trámite de la Visa de Responsabilidad Democrática (VRD) con el fin de empezar a normalizar el flujo migratorio desde Venezuela.
El Ministerio del Interior de Chile informó el martes 9 de febrero que explulsaría a un centenar de migrantes procedentes de Colombia y Venezuela que ingresaron a la nación austral de forma irregular por el departamento de Tarapaca y que llegaron a la ciudad fronteriza de Iquique. La expulsión se hizo efectiva el miércoles 10 del mismo mes.
*Lea también: 93% de los empresarios ve necesario un cambio político para que se recupere la economía
Esta situación, que según el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), el gobierno había deportado a 294 personas hasta el mes de abril; en la mayoría de los casos sin control judicial, siendo la población venezolana la que tuvo una mayor cifra de deportaciones.
Ese mismo mes, Piñera promulgó una nueva Ley de Migraciones con el fin de implementar una serie de cambios en la política actual que rige la materia y que afecta de forma directa al proceso de ingreso para aquellas personas que quieran ingresar a la nación austral. Además, confiere de facultades a los cuerpos de seguridad para poder frenar la llegada de migrantes ilegales a suelo chileno.
Incluso, conformó un operativo con las Fuerzas Armadas de Ecuador y Perú para minimizar el paso de migrantes por pasos ilegales.
