Hambre, torturas y aislamiento: informe denuncia el atroz encierro de los presos políticos
Un informe presentado por organizaciones no gubernamentales expone una alarmante sistematicidad en las violaciones de los derechos humanos de los presos políticos e insta a organizaciones internacionales como la ONU y la Corte Penal Internacional a investigar estos casos y garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias
El Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) presentó este lunes 30 de diciembre un informe titulado «Prisión Injusta, Celdas Inhumanas», en el que se documentan las terribles condiciones carcelarias en la que se mantienen a los presos políticos en el país y donde se resalta que estas se agravaron tras las masivas detenciones por las protestas poselectorales que se iniciaron el pasado 29 de julio en reclamo a los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que dieron como ganador a Nicolás Maduro para un tercer mandato.
El documento que se realizó luego de consultar a familiares de los detenidos y a algunos excarcelados expone una alarmante sistematicidad en las violaciones de los derechos humanos de estas personas, quienes son castigadas por exponer su oposición a la actual administración.
Antes de las elecciones presidenciales del 28 de julio ya había centenares de presos políticos y luego se sumaron miles de detenciones arbitrarias denunciadas por familiares, organizaciones no gubernamentales y partidos políticos opositores, que con el pasar de los meses han delatado condiciones carcelarias degradantes, abusos físicos y psicológicos, hambre, insalubridad, descargas eléctricas, golpizas, hacinamiento, aislamiento, negación de atención médica que ha derivado en muertes, falta de agua potable, entre otras.
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La violación al derecho a la vida quedó evidenciado con la muerte entre noviembre y diciembre de tres presos: Jesús Manuel Medina
(36), Jesús Rafael Alvarez (44) y Osgual González (43). Los familiares denuncian que a los detenidos se les niega el acceso a los servicios médicos, pues aunque presenten enfermedades graves como hipertensión, diabetes o cáncer no reciben tratamiento oportuno.
El derecho a la alimentación adecuada también es violentado en las cárceles venezolanas. Los detenidos han manifestado que se les proporciona comidas en mal estado, incluso con insectos y gusanos, en cantidades insuficientes y de baja calidad. Una madre contó que su hijo perdió 21 kilos de peso durante cuatro meses de reclusión.
El agua que se recibe en los centros de detención no es apta para el consumo humano y causa enfermedades estomacales e intestinales, por lo que las familias deben llevar agua potable, aunque tampoco se permite el ingreso de grandes cantidades.
Otras de las denuncias es que las cárceles también carecen de ventilación y las instalaciones están en condiciones pésimas, con lo que se facilita la propagación de enfermedades en espacio donde reina el hacinamiento.
El aislamiento prolongado es otra herramienta de castigo utilizada contra los presos políticos. Algunos han pasado semanas o meses en celdas de confinamiento sin contacto humano y sin comunicación con sus allegados. Se les prohíbe las visitas como medida de represalia, lo que intensifica el sufrimiento de los reclusos. Los detenidos también son víctimas de acoso constante al ser sometidos a humillaciones, insultos y amenazas, tanto de los custodios como de otros presos incitados por las autoridades.
Además, los presos políticos son sometidos a juicios irregulares, donde se usan pruebas fabricadas y testimonios obtenidos bajo tortura. Los excarcelados son obligados a guardar silencio y a no contar a la prensa lo vivido dentro de las cárceles al recibir amenazas de ser detenidos nuevamente.
El informe concluye con un llamado urgente a la comunidad internacional para que ejerza presión sobre el gobierno venezolano y exija justicia para las víctimas. Organizaciones como la ONU y la Corte Penal Internacional son instadas a investigar estos casos y garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos.
«El silencio y la inacción solo perpetúan el sufrimiento de quienes han sido privados de su libertad por pensar diferente. Es momento de actuar», afirma el documento, que se puede leer completo aquí.
