«Haga lo que pueda por mi libertad»: familiares hacen trámites por amnistía con trabas
Sairam Rivas expresó que no hace falta una amnistía para que todos los presos políticos salgan en libertad. La activista fue una de las personas que entregó el recurso para acogerse a la ley, debido a su detención en 2014 durante cuatro meses en el Sebin Helicoide
Desde hace un mes Amparo García está en Caracas haciendo todos los trámites que pueda para lograr ver a su hija Kristyel en libertad. Este 3 de marzo se acercó nuevamente al Palacio de Justicia, en el centro de la ciudad, esta vez en compañía de otros familiares y activistas del Comité por la Libertad de los Presos Políticos para interponer solicitudes de amnistía.
Más de 80 personas –calculó el Comité– se acercaron este martes para dejar los escritos en los tribunales que, según la Ley aprobada el pasado 19 de febrero, tienen 15 días continuos para responder. Número de expediente, nombre del juez y el tribunal son algunos de los datos que deben llenar.
«Ella está desesperada, me dice ‘mamá, yo te agradezco todo lo que podáis hacer por mi libertad. Haga lo que pueda por mi libertad, no te vayas todavía’. No me he ido por eso, porque estoy desesperada por los niños pero también pienso por su libertad», relató García durante la actividad convocada por Clippve.
Kristyel Andrade fue detenida el 14 de octubre de 2022 en Maracaibo, estado Zulia, bajo la acusación de estar vinculada al «caso Conas», como se conoció a un supuesto intento por parte de efectivos militares de colocar explosivos en el Palacio de Justicia ese año.
La estilista, de 45 años y quien tiene cinco hijos, se encuentra recluida desde el 21 de octubre de ese año en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), ubicado en Los Teques, estado Miranda. Amparo, de 66 años y con problemas cardíacos, no puede trasladarse siempre a verla pues quedó al cuidado de sus nietos. Mientras está en Caracas, los niños han quedado «a merced de los vecinos. Ellos me están haciendo el favor de estar pendientes».
Desde el 2023 ha hecho diversas solicitudes de revisión del caso ante el Ministerio Público y los tribunales, pero no ha obtenido respuesta. El 25 de marzo de 2024 se abrió la audiencia de juicio por supuesta asociación y extorsión agravada. Desde entonces «no ha habido más nada, de hecho cambiaron hasta la jueza y pusieron al juez José Antonio García, que todavía ni siquiera los conoce», denunció García.
García considera que su hija está desprotegida judicialmente, pues su anterior abogado pasó al ejercicio privado. Cuando realizó el nuevo nombramiento, le dijeron que el defensor se incorporaba en abril. Intentó revocar la medida pero los tribunales no aceptan ahora el cambio a un abogado privado.
Entre los familiares se repite la palabra «desesperado» una y otra vez. Eso es lo que expresan los detenidos en cada visita desde que se anunciaron las excarcelaciones el pasado 8 de enero. Es uno de sus impulsos desde que se aprobó la Ley de Amnistía, expresó Jean Carlos Cariel, hermano de Ricardo Cariel, uno de los presos políticos que todavía permanecen en el Sebin Helicoide.
«Tenemos que hacer todos los trámites posibles, esto es por todos», insistió Cariel.
Los tribunales imponen sus mismas trabas, además de cobros ilegales y «colaboraciones», según denunció el Comité de Madres en Defensa de la Verdad en un comunicado.
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En la actividad, el abogado Joel García también denunció que el juez Carlos Liendo le impidió nombrarse como apoderado e iniciar las solicitudes en favor de un detenido en el estado Sucre, que se encuentra en situación de aislamiento e incomunicación desde hace varios meses.
«Esa ley puede dar libertades pero no dignifica a nadie, esa ley no habla de reparación, esa ley no habla de indemnización. Esa ley no pide perdón a las víctimas. El centro de la verdad de una ley de amnistía deben ser las víctimas de violaciones de derechos humanos. Sin embargo, el régimen pretende que sean las víctimas quienes le pidan perdón a ellos», resaltó el abogado.
Sairam Rivas expresó que no hace falta una amnistía para que todos los presos políticos salgan en libertad. La activista fue una de las personas que entregó el recurso para acogerse a la ley, debido a su detención en 2014 durante cuatro meses en el Sebin Helicoide.
«Esto no puede ser un instrumento para seguir prolongando el dolor que viven día tras día cientos de familiares a las afueras de los centros de detención y que viven los presos políticos que siguen en este momento privados injustamente de libertad», afirmó.
Señaló que ya hay casos que han sido rechazados, como los detenidos vinculados a la operación Gedeón y Paramacay, además de algunos particulares. «Instamos a liberar de forma inmediata y plena a todos los presos políticos».
Por su parte el politólogo Nicmer Evans, quien recibió este martes la notificación del sobreseimiento de su causa, resaltó que se debe exigir la reparación de «toda la gente que ha sido mancillada, robada, que han perdido sus estudios, que han perdido a sus familiares».
Evans explicó que su detención el año pasado estuvo vinculada a informar sobre las causas de la muerte del exgobernador Alfredo Díaz en prisión.
También agradeció a medios de comunicación, familiares, activistas y organizaciones por su libertad, así como al Gobierno de Estados Unidos. «Vengo de la izquierda como ustedes saben. Con base en ese hecho, hoy voy a agradecer al presidente Donald Trump y a Marco Rubio porque gracias a la convocatoria de transición que ellos han implementado en el marco de la tutela que ellos generan en este momento sobre Venezuela, es que yo estoy libre y muchos están saliendo de las cárceles».
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
