Guerrilla colombiana tiene el control de al menos 4 minas al sur de Bolívar
Mineros y lugareños denunciaron que las minas Hojalata, La Camorra, El Tigre y Botanamo están en manos de un grupo guerrillero colombiano, el mismo responsable de matar a siete personas en la masacre de Los Candados, el pasado 14 de octubre
Autor: Oriana Faoro | El Pitazo
“La guerrilla nos está matando a nuestra gente”. Esta frase resonó entre la multitud, en la boca de una de las aproximadamente 50 mujeres que estaban en la tranca de la vía a El Bochinche, municipio Sifontes del estado Bolívar, entre el 14 y el 17 de octubre. Con estas palabras resumió el secreto a voces que recorre todo el sur de Bolívar: guerrilleros colombianos han tomado varias minas importantes del municipio Sifontes, cuya capital es Tumeremo.
Los vecinos trancaron la vía a ese sector el domingo 14 de octubre cuando se enteraron de una nueva masacre en las minas, esta vez en el sector Los Candados, que conduce hacia la mina Corre Gente. Luego de la presión vecinal, la Fuerza Armada inspeccionó el lugar y encontró siete cadáveres, que confirmaron la más reciente matanza de mineros en Tumeremo. Esta vez, los vecinos denuncian que fue una emboscada de “la guerrilla colombiana”, que busca apoderarse de una de las pocas minas que todavía no controlan en Sifontes.
Otra mujer, allegada a uno de los siete asesinados en la masacre de Los Candados, aseveró a El Pitazo que “el 75% de las minas de aquí (Tumeremo) ya las tiene la guerrilla colombiana”. Varios mineros confirmaron que entre los yacimientos de oro que controlan los irregulares colombianos en Sifontes están la mina Hojalata, El Tigre (ubicada cerca de Corre Gente), La Camorra y Botanamo.
“Es la guerrilla, es la guerrilla colombiana la que está matando a nuestra gente. Van a seguir muriendo inocentes si las autoridades no hacen nada al respecto, porque el oro nos pertenece a nosotros, los venezolanos”, reiteró Yolianny Soliz, una de las pocas tumeremenses de la protesta que autorizó a revelar su nombre durante la cobertura de la masacre de Los Candados.
Soliz, al igual que todos los manifestantes, recalcó la presencia de la guerrilla y aclaró que las siete víctimas no fueron asesinadas en un enfrentamiento: sostienen que fue una emboscada de la banda insurgente a un grupo de mineros que iba a la mina Corre Gente, como forma de intimidación para sacar a los demás mineros de la zona. Al menos 200 trabajadores de Corre Gente se quedaron en la mina por varios días por temor a ser asesinados al salir.
Mineros apostados en la tranca describieron al grupo guerrillero como hombres con acento colombiano. Su vestimenta es jeans y franelas negras, que tienen una insignia de Ernesto “Che” Guevara. Solo dos personas, que no dieron sus nombres, señalaron al grupo en cuestión como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), una organización guerrillera de extrema izquierda que opera en Colombia desde 1964.
Las autoridades respondieron al llamado que hicieron los familiares para recuperar los cadáveres de las víctimas de Los Candados un día después de la protesta. La masacre fue verificada el martes 16 de octubre en la mañana, cuando los militares llegaron a Fuerte Tarabay con los cadáveres de cinco hombres y dos mujeres. Todos tenían un disparo con arma corta en la cabeza. Hasta este jueves 18, solo seis habían sido identificados:
-Adela Suriman, 24 años
-Abigaíl Colmenares, 25 años, oriunda de Puerto Cabello
-César Martínez Sánchez, 21 años
-Edixon Ochoa, 22 años
-Jean Carlos González, 24 años
-José Luis Awin, 30 años, oriundo de Barinas
Un cadáver, de sexo masculino, falta por reconocer en el Fuerte Tarabay, comando del Ejército en Sifontes. Se trata de un hombre joven, moreno, de rasgos indígenas, con un tatuaje de un alacrán en el brazo izquierdo.
A Adela Suriman, César Martínez Sánchez y Edixon Ochoa les dieron cristiana sepultura este jueves al mediodía.
Denuncian al ELN colombiano
Desde febrero de 2018, el diputado a la Asamblea Nacional (AN) por el estado Bolívar Américo De Grazia, ha denunciado la presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) como el grupo guerrillero colombiano que opera en minas de El Callao y Tumeremo. Ninguna autoridad nacional o regional se ha referido al tema. Su versión coincide con la de los lugareños consultados.
“Sería imposible que una fuerza como el ELN operara sin el respaldo del Estado venezolano. Ellos están ahí con anuencia del Estado, para limpiar las minas de los pranes que ellos mismos (Gobierno) colocaron allí”, precisó De Grazia a El Pitazo el martes 16 de octubre, cuando denunció la masacre.
De acuerdo con sus datos, el Gobierno no ha podido hacerle frente al “pranato minero” que controla los yacimientos auríferos en el sur de Bolívar y que quedó al descubierto con la “Masacre de Tumeremo”, la matanza de 17 mineros de la mina Atenas, ocurrida en marzo de 2016 y perpetrada por la banda criminal liderada por Jamilton Ulloa, alias “el Topo”.
Desde ese momento, las autoridades respondieron con la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) en las minas del sur para desarticular a las bandas armadas, pero estos operativos no cumplieron el cometido. “En las minas derrotaron a la OLP y por eso el Gobierno utiliza ahora al ELN”, aseguró De Grazia. El entrenamiento militar en ambientes selváticos sería lo que les da ventaja bélica a los guerrilleros colombianos frente a los mineros.
El diputado tiene información de que la masacre de Los Candados es una retaliación en contra de la banda de Jhosué Zurita, alias “el Coporo”, quien estaría a cargo de la mina Corre Gente. El 26 de agosto, en un primer enfrentamiento con la guerrilla colombiana por el control del yacimiento, la banda criminal de “el Coporo” asesinó a cinco guerrilleros. Este sería el mismo enfrentamiento que refirió la Cancillería de Colombia a medios neogranadinos y del que nunca hablaron las autoridades venezolanas.
Sin embargo, las familias de las víctimas de la masacre de Los Candados aseguran que han matado a inocentes. Los allegados a Edixon Ochoa respondieron: “No necesitamos limpiar la imagen de mi hermano. Era un muchacho bueno y trabajaba en la mina vendiendo chucherías o llevando y trayendo gente. Le puedes preguntar a quien quieras. En la mina está muriendo gente inocente porque a las autoridades no les importa nada, ni guerrilla ni nada, solo el oro”.
Ningún familiar, de ninguna víctima, quiso revelar su nombre. La desconfianza en los cuerpos de seguridad hace que se sientan desamparados ante una oleada criminal como esta. Este mismo año, 24 consejos comunales de Tumeremo exigieron al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) que cesaran el acoso en esta población y los acusaron de simular enfrentamientos para asesinar jóvenes y robar durante los allanamientos arbitrarios.
Pese a las denuncias de políticos y vecinos, las autoridades permanecen en silencio sobre la violencia y anarquía que mancha de sangre a las minas de Bolívar, epicentro del plan económico Arco Minero del Orinoco. Este 14 de octubre, siete víctimas sellaron la nueva masacre de Tumeremo, esta vez en el sector Los Candados.
