Activista pemón pide ir “de lo más alto a lo más bajo” para desmontar la minería ilegal
Existen al menos tres grupos dentro de las minas: organizaciones criminales que controlan parte de la actividad, personas que colaboran con estas estructuras, y ciudadanos provenientes de distintas regiones del país que llegaron obligados por la necesidad económica
María Iriarte | Radio Fe y Alegría
Lisa Henrito, defensora de derechos humanos del pueblo pemón, advirtió que no se puede desmantelar la minería ilegal en el estado Bolívar de manera abrupta debido a la dependencia económica que se creó en torno a esta actividad en los últimos años.
Durante una entrevista en el programa Háblame Bajito de Radio Fe y Alegría Noticias, la lideresa indígena aseguró que miles de personas han sido empujadas hacia la minería por la crisis económica y la falta de alternativas para generar ingresos.
“La situación que está pasando ahorita va a incrementar esta crisis. Este es un sistema impuesto y tú no puedes desmantelar esto, porque este sistema creó muchas dependencias (…) Es un proceso, porque sacando a esas personas a la fuerza solamente se crean más problemas”, afirmó.
Sostuvo que existen al menos tres grupos dentro de las minas: organizaciones criminales que controlan parte de la actividad, personas que colaboran con estas estructuras para sobrevivir y ciudadanos provenientes de distintas regiones del país que llegaron obligados por la necesidad económica.
“Para desmantelar esto hay que ir desde lo más alto hasta lo más bajo, mientras no hagan eso para mí solamente es un ‘quítate tú para ponerme yo’, solamente se está cambiando de dueños”, señaló.
La minería se convirtió en una forma de subsistencia
Henrito explicó que la minería se convirtió en una de las principales actividades económicas de la región, al punto de que la mayoría de las transacciones se efectúan con oro y, en menor medida, con dólares o reales brasileños.
Indicó que muchas de las personas que hoy están llegando o saliendo de las minas no tienen experiencia previa en esta actividad, sino que fueron a trabajar allí para poder sustentar a su familia.
Recordó que el pueblo pemón conocía históricamente la ubicación de los yacimientos auríferos, pero consideraba el oro un recurso de uso limitado y no una actividad económica masiva como ocurre en la actualidad.
Asimismo, apuntó que la expansión minera se intensificó a partir de 2016 y dejó importantes consecuencias ambientales, entre ellas contaminación de ríos, destrucción de morichales, pasivos ambientales y el aumento de enfermedades como el paludismo.
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Impacto en los jóvenes y las mujeres indígenas
La defensora de DDHH expresó preocupación por los efectos sociales que la minería originó dentro de las comunidades indígenas.
Según ella, muchos jóvenes han adoptado conductas que aprendieron de los sindicatos criminales, incluyendo el consumo de sustancias ilícitas y formas de violencia que antes no eran frecuentes en sus comunidades.
“Tenemos una generación de jóvenes perdidos y si no buscamos la manera de rescatarlos, está en peligro todo un pueblo”, alertó.
Agregó que las mujeres indígenas también enfrentan una gran carga debido a que muchas deben asumir solas el sostenimiento de sus hogares cuando sus parejas migran a las minas o abandonan a sus familias.
También aseveró que desde 2016 han observado un aumento de muertes por infartos y accidentes cerebrovasculares en mujeres indígenas de entre 40 y 50 años, una situación que relacionó con el estrés acumulado.
Piden mayor control y responsabilidad
Aunque reconoció que la minería forma parte de la realidad económica actual de la región, Henrito consideró necesario aplicar la ley y establecer controles más estrictos para reducir sus impactos. “Hay que ejercer esta actividad con más responsabilidad”, expresó.
En ese sentido, planteó que cualquier explotación de minerales debería concentrarse en áreas previamente intervenidas y evitar la apertura de nuevos espacios.
“Si vamos a trabajar el oro o los diamantes, entonces vamos a trabajar los lugares que ya están intervenidos. No podemos seguir abriendo nuevas partes”, concluyó.
El pasado viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó sobre un operativo ejecutado en el estado Bolívar, que culminó con la muerte de Héctor Guerrero Flores, conocido como el “Niño Guerrero”, líder máximo de la banda banda criminal transnacional Tren de Aragua.
Posteriormente, el Gobierno interino de Delcy Rodríguez precisó que la acción contó con mecanismos de cooperación e intercambio de información de inteligencia entre ambos países.
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