Gobierno de Daniel Ortega eleva a 2.735 las ONG ilegalizadas en Nicaragua
La personalidad jurídicas de otras 100 organizaciones no gubernamentales fueron canceladas por el gobierno de Nicaragua este viernes 4 de noviembre, según se desprende de un acuerdo ministerial publicado en el Diario Oficial, La Gaceta
El Ministerio de Gobernación de Nicaragua canceló este viernes 4 de noviembre las personalidades jurídicas de otras 100 ONG, con lo que suman 2.735 las organizaciones de este tipo disueltas tras la revuelta popular de abril de 2018 calificada como intento de golpe de Estado por el Gobierno del presidente Daniel Ortega, informó el diario La Prensa de Panamá.
La ilegalización de las 100 Organizaciones No Gubernamentales (ONG), 98 nacionales y 2 extranjeras, fue aprobada por la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel, según el acuerdo ministerial publicado en el Diario Oficial, La Gaceta.
Según la cartera de Gobernación, las 98 ONG locales incumplieron sus obligaciones, entre ellas que no reportaron por períodos de entre cinco y 24 años sus juntas directivas y estados financieros, así como información de identidad y origen de todos sus miembros y donantes.
En el caso de las dos ONG extranjeras, una de Costa Rica y otra de Estados Unidos, fueron disueltas bajo el argumento de que estaban en abandono y de tener entre 6 y 11 años de incumplimiento de sus obligaciones.
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En Nicaragua, el Ejecutivo de Ortega, con el voto de los diputados sandinistas y sus aliados en la Asamblea Nacional, o a través del Ministerio de Gobernación, ha ilegalizado al menos 2 mil 735 ONG nicaragüenses y extranjeras desde diciembre de 2018.
2.611 ONG han sido ilegalizadas a partir de marzo de este año, según 18 organizaciones que denunciaron el jueves pasado en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la «extrema situación en relación a la sistemática violación de la libertad de asociación y el derecho a defender derechos humanos en Nicaragua».
Los diputados sandinistas, como Filiberto Rodríguez, han dicho que las ONG afectadas utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar a Ortega en las manifestaciones que estallaron en abril de 2018, aunque no ha presentado pruebas.
