Foro Penal califica como «desaparición» caso de estudiante acusada de conspiración
El 29 de mayo, la familia Granadillo interpuso una denuncia en Fiscalía sobre su desaparición, pero el 23 de junio, funcionarios del Cicpc la detuvieron mientras viajaba al estado Táchira para encontrarse con sus padres
El Foro Penal pidió el jueves 28 de junio conocer el paradero de la estudiante de Medicina Ariana Granadillo, quien se encuentra «desaparecida» desde el 23 de junio mientras los tribunales militares la acusan de presunta conspiración.
Alfredo Romero, director del Foro Penal, indicó que el caso de la joven de 21 años será denunciado ante el Grupo de Trabajo contra Desapariciones Forzosas de las Naciones Unidas, una instancia de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.
Durante una rueda de prensa, Romero aseveró que Granadillo ha sufrido tres desapariciones por parte de fuerzas del seguridad del Estado. La primera se realizó el 2 de febrero de 2018, cuando la estudiante de Medicina fue sacada de su vivienda, sin ninguna orden judicial, pues los dueños de esa casa (familiares lejanos) estaban supuestamente involucrados en una conspiración.
Ariana Granadillo es estudiante de Medicina, y realizaba sus pasantías en el Hospital Victorino Santaella, ubicado en Los Teques (estado Miranda). Se le vincula como sobrina del coronel Oswaldo García Palomo, quien está acusado de delitos de terrorismo, conspiración y rebelión militar.
#28Junio 1:15PM Hace pocos munutos, al finalizar nuestra rueda de prensa de @ForoPenal , Ariana Granadillo (21), estudiante de medicina, llamó y viene siendo trasladada a Caracas. pic.twitter.com/fig63Vcd77
— Alfredo Romero (@alfredoromero) 28 de junio de 2018
Romero mencionó que el 24 de mayo la joven desapareció por siete días junto a sus padres Argenis y Gabriela Granadillo. El 31 de mayo fueron liberados bajo amenaza y desde entonces “su familia estaba aterrorizada por lo sucedido”, comentó el abogado.
El 29 de mayo, la familia Granadillo interpuso una denuncia en Fiscalía sobre su desaparición, pero el 23 de junio, funcionarios del Cicpc la detuvieron mientras viajaba al estado Táchira para encontrarse con sus padres, quienes se encontraban con un grupo de religiosas como forma para superar el secuestro sufrido.
El director del Cicpc, Douglas Rico, informó sobre la detención de la joven por el supuesto delito de rebelión, y basó su captura en un orden emitida el 27 de mayo, fecha en la que la joven se encontraba desaparecida.
Romero explicó que luego de su detención, la estudiante fue presentada en el tribunal onceavo de control de Táchira el 25 de junio, y se le dictaminó que su centro de reclusión era la sede del Cicpc conocida como Peracal.
Dijo además que el juzgado que dictó la orden de captura es el Tribunal Segundo de control militar de Caracas, pero su causa la lleva el Tribunal 1 de Control militar .
“Esta es la 805 persona civil que desde abril de 2017 ha sido procesada por tribunales militares”, detalló el director del Foro Penal, quien destacó que actualmente contabilizan 275 presos políticos, 81 militares y 194 civiles
Mientras excarcelan personas, siguen encarcelando nuevas personas. Y ya se ha convertido en una novedad de que encarcelan a familias, incluso familiares lejanos, de militares supuestamente vinculados a conspiraciones”, sentenció Romero.
Reiteró que “el Estado es el responsable de la situación de salud, integridad física y psíquica de la joven detenida y sus familiares”.
Por su parte Johanna Granadillo, hermana de la estudiante, relató que durante la primera captura, Ariana sufrió “múltiples torturas, a pesar que fue día y medio de cautiverio”. Indicó que la joven salió con moretones en piernas y brazos y dijo haber sufrido amenazas psicológicas.
En la segunda aprehensión, que realizaron funcionarios de la Dgcim sin ningún tipo de orden judicial, “fue maltratada psicológicamente de la peor manera. Cuando pedimos ayuda, los dejaron en libertad pero bajo amenaza, igual sufrieron torturas psicológicas”, señaló Granadillo visiblemente afectada.
Además, indicó que amenazaron a su hermana de volver a apresarla si regresaba a su vivienda o reiniciaba sus estudios de Medicina. “Nosotros no somos familiares del coronel. Dicen que somos familia, pero son familia en segundo grado. Siempre se les dijo primos Mi familia no sabe absolutamente nada de lo que estaba pasando, lo que sale en los medios es todo lo que sabemos”.
