Fiscalía dilata la entrega de los restos del ciudadano uruguayo-venezolano José Breijo
El cadáver del expreso político José Breijo permanece en la morgue de Bello Monte desde el pasado 6 de agosto debido a la falta de autorización por parte del Ministerio Público para su liberación. Sus allegados acudieron a la Fiscalía 140 de Caracas y a la Defensoría del Pueblo con un permiso legal del hijo de la víctima para retirar los restos y proceder a su cremación, tras un historial de reclusión donde sufrió severas complicaciones de salud e irregularidades con su vivienda particular
Los restos mortales del comerciante de nacionalidad uruguayo-venezolana y expreso político, José Breijo, permanecen en la sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) de Bello Monte, en Caracas, a casi dos meses de su fallecimiento. La Fiscalía General de la República aún no emite la autorización correspondiente para la entrega del cadáver a sus allegados.
Familiares y amigos del fallecido acudieron nuevamente a la Fiscalía 140 del Área Metropolitana de Caracas y a la Defensoría del Pueblo para gestionar la liberación del cuerpo, con el fin de proceder a su cremación y cumplir su última voluntad de esparcir las cenizas en el mar. El activista y también expreso político Carlos Julio Rojas presentó la documentación que lo acredita como representante legal para realizar los trámites, tras recibir una autorización formal otorgada por el hijo de la víctima, Santiago Breijo, quien reside fuera del país.
A pesar de que los requisitos requeridos por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) fueron entregados en el despacho fiscal, las autoridades del recinto forense informaron que el procedimiento requiere de una orden emitida por la representación del Ministerio Público.
José Breijo, de 73 años de edad, resultó aprehendido a finales de 2023 tras imputársele supuestos delitos de terrorismo por difundir una fotografía tomada en una sinagoga. Durante sus dos años en prisión —cumplidos entre centros de detención en la capital y el penal de Tocuyito en el estado Carabobo— sufrió un deterioro severo en su estado de salud, registrando la pérdida de más de 50 kilogramos de peso corporal.
En mayo del presente año, el juzgado de la causa le otorgó una medida cautelar de arresto domiciliario por razones humanitarias. Al retornar a su residencia en la urbanización Bello Monte, el ciudadano encontró su vivienda ocupada por un funcionario policial que participó en su detención. Tras un reclamo en las áreas comunes del edificio, el inmueble fue desocupado, aunque sus allegados denunciaron la sustracción de bienes personales y la retención de las llaves por parte de comisiones del Cicpc. El deceso del ciudadano ocurrió el pasado 6 de agosto en su residencia.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
