Familias de presos políticos esperan desde hace más de 100 horas por «respuesta» de EEUU
Funcionarios de la Embajada de EEUU en Caracas siguen atentos a las familias de presos políticos reunidos en las inmediaciones de la sede desde el domingo pasado: cuando salen en carro los graban y le han hecho la señal de «Ok». «Hasta ahora no nos dicen nada, no sabemos si es buena o mala señal pero seguiremos en la lucha», expresó Gabriela Álvarez, activista de derechos humanos que ha acompañado a los familiares desde el inicio de la vigilia
La exigencia de reuniones personales para exponer los casos y que la administración de Donald Trump presione a Venezuela por la liberación inmediata de todos los presos políticos se mantiene en medio de rezos, lluvia y un desgaste por más de 140 días visibilizando sus casos.
La noche del jueves, un grupo de familiares y activistas cumplieron más de 100 horas de espera por el encargado de negocios de EEUU, John Barrett, en las inmediaciones de la Embajada en Colinas de Valle Arriba. Al funcionario estadounidense le solicitaron una reunión el pasado domingo y funcionarios de la sede prometieron que se cumpliría «en uno, dos días o una semana».
Los funcionarios siguen atentos a los manifestantes: cuando salen en carro los graban y le han hecho la señal de «Ok». «Hasta ahora no nos dicen nada, no sabemos si es buena o mala señal pero seguiremos en la lucha», expresó Gabriela Álvarez, activista de derechos humanos que ha acompañado a los familiares desde el inicio de la vigilia.
Pero esa no es la única atención que reciben, comentó Álvarez. Patrullas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) pasan constantemente por el lugar. El miércoles en la noche, el grupo vio un vehículo Arauca color blanco que pasó en dos ocasiones frente al campamento y bajaba la velocidad. También han pasado grupos de motorizados grabando a los presentes.
Sin embargo, los familiares se mantienen pese a los aguaceros que les han mojado colchonetas y sábanas que se han traído de sus casas, han conseguido en donación o prestadas. También pasaron de una carpa, que tuvieron que devolver, a unas seis que ya tienen instaladas. Y es que ya tienen, dijo la activista, alrededor de 15 personas que duermen en el lugar y durante el transcurso del día han llegado a recibir más de 70.
Son familiares de presos políticos provenientes de estados como Zulia, Apure, Táchira o Barinas que ya estuvieron durante las vigilias diarias en El Helicoide, como Mayra Morales, Francis Quiñones o Jean Carlos Cariel, o que se suman por primera vez como los familiares del exalcalde Carlos Vidal.
Los vecinos y la sociedad civil en general también han sido de gran ayuda, señaló la activista, pues les han prestado baños para asearse o sus necesidades, les envían comida aunque igual están necesitando botellones de agua, artículos de higiene y toallitas húmedas.
En medio de todo el escenario de espera, los familiares de presos políticos han insistido en la liberación inmediata de todos los detenidos por estas causas o, en su defecto, una excarcelación bajo medidas cautelares. Albany Cordero, Daivith Larez y Alexandra Martínez exigieron la revisión del expediente de seis hombres detenidos el 2 de junio de 2022 por el supuesto secuestro de la hija de Nicolás Maduro Guerra.
«Se les han negado todos los beneficios que han podido, hemos acudido a todos los sitios y organismos competentes y no recibimos respuestas (…) Hacemos un llamado para que revisen el expediente, profundicen la investigación y nos puedan hacer justicia», expresó Cordero, esposa de Cristian Tisoy.
Yamila Vidal también pidió una revisión de todo el caso que rodea a su hermano, el exalcalde del PSUV Carlos Vidal. Aseguró que la jueza Alejandra Romero, del Tribunal Tercero de Juicio con competencia en terrorismo, ha hecho una «sentencia selectiva» pues de los 10 implicados tan solo queda detenido el funcionario y otras cinco personas que no laboraban en la Alcaldía.
«Tenemos cuatro años y ocho meses en juicio, el año pasado tuvimos solamente dos audiencias vía telemática. Su salud se ha deteriorado en todos estos años (…) a la gente que tiene que administrar la justicia en este país que revise este caso y le den sentencia absolutoria a todos pues con los mismos delitos salen unos y quedan otros», afirmó.
Laudelina Romero también espera que la presión de Estados Unidos se transforme en la libertad de su hijo, Gabriel Jesús Barros, uno de los condenados por la operación Paramacay, como se denominó al asalto de este fuerte militar en el estado Carabobo.
Su hijo, recordó, fue víctima de graves torturas documentadas por organismos internacionales, los mismos que han solicitado su libertad plena, y de las cuales todavía padece los estragos pues nunca recibió atención médica especializada. No puede hacer ejercicios durante largos períodos de tiempo pues se le inflaman los testículos, donde recibió descargas eléctricas, o tiene dolores de cabeza recurrentes debido a las golpizas por parte de funcionarios de la Dgcim.
«Yo tuve la oportunidad de reunirme con la comisionada Michelle Bachelet, un informe conciso y ella solicitó su libertad inmediata por esas torturas que recibió (…) También vengo de los acuerdos de Barbados, ellos nos vieron llorar, nos vieron suplicar para que intercedieran por la libertad de nuestros muchachos. Ahora vamos a ver qué podemos lograr con ellos (EEUU). Cuando hablan de libertades uno se esperanza, comienza a pedirle a Dios que salgan todos pero sale uno, dos. Eso es un desgaste, no solo para uno sino para todos ellos. Den una respuesta a todos», pidió Romero.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
