Familiares de presos políticos se reúnen con diputados e insisten en ampliar amnistía
Andreina Baduel señaló que las excarcelaciones o la amnistía “no son la única vía” para la liberación de presos políticos. Afirmó que una revisión exhaustiva de los expedientes “significaría la libertad porque ninguno de esos procesos está apegado a la ley”
Familiares y activistas del Comité por la Libertad de los Presos Políticos se reunieron este martes con diputados y representantes del Programa para la Paz y la Convivencia. En el encuentro plantearon que la ley de amnistía, aprobada en primera discusión la semana pasada, se amplíe e incluya una mayor cantidad de hechos políticos sujetos a revisión.
Solicitaron además que se otorguen libertades plenas, en lugar de medidas cautelares o arresto domiciliario que se ha otorgado desde el pasado 8 de enero, cuando el presidente de la Asamblea Nacional anunció “un gran número” de liberaciones.
Andreina Baduel, hermana de Josnars Baduel y activista del Clippve, explicó que entre los cuestionamientos al proyecto está la poca claridad en los lapsos de ejecución para el otorgamiento de la amnistía, además de la ausencia de hechos del lapso comprendido entre 2018 y 2023. “De aprobarse esta ley, sin escuchar a los familiares y sus reclamos, quedarían más de la mitad de presos políticos todavía en cautiverio”.
De igual forma, señaló que las excarcelaciones o la amnistía “no son la única vía” para la liberación de personas detenidas por motivos políticos. Afirmó que una revisión exhaustiva de los expedientes “significaría la libertad porque ninguno de esos procesos está apegado a la ley”.
Alrededor de las 11:30 a.m los diputados Jorge Arreaza, presidente de la comisión parlamentaria, Nora Bracho, Pedro Infante, Luis Florido y América Pérez se acercaron a la esquina de San Francisco –donde estaban concentrados los familiares– para llamarlos a una reunión en el Museo Boliviano.
A los familiares de presos políticos se les pidió presentar su cédula de identidad y fueron anotados en una lista para poder ingresar a la reunión. Minutos después ingresaron varios representantes del Programa para la Convivencia, encabezados por el ministro Ernesto Villegas.
Mientras la reunión avanzaba llegó Luz Aydée Casadiego. Había viajado toda la noche desde Guasdualito, estado Apure. Su hija, Adriana Calderón, está detenida desde mayo de 2022 cuando fue detenida por funcionarios de la Dgcim en una zona rural de Barinas.
«Desde entonces ha sido un martirio, estamos en desespero. Que mi hija regresa a casa, su hijo la espera», expresó Casadiego con la voz quebrada.
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Calderón, una docente de 29 años, fue condenada en septiembre de 2022 junto a otras dos mujeres a cinco años de prisión por los delitos de encubrimiento, terrorismo y asociación para delinquir. El 3 de marzo cumple tres cuartos de la pena, con lo que podría acceder a un beneficio de medida sustitutiva y recuperar su libertad.
«Nosotros mismas no entendemos qué ocurrió… Según he escuchado en comentarios dicen que ella estaba dándole alimento a gente de una organización, pero no sé quiénes son. ¿Y cómo nosotros vamos a estar dándole de comer a alguien si apenas nos alcanza para nosotras», expresó.
Y es que apenas el año pasado pudo verla en los meses de marzo y diciembre por la situación económica. «No tenemos cómo estar viajando a cada momento para traerle las cositas a ella, ni la comida ni nada. Vivimos bien lejos de aquí».
Casadiego se presentó en la sede administrativa del parlamento porque su hija, que la llamó en la mañana, le dijo que se acercara. «Si puede ir hasta allá hasta la Asamblea, vaya y hable con ellos que están reuniéndose con los familiares».
Reclamos no cesan
Durante la protesta Génesis Torreyes denunció la situación de su esposo Miguel Mejías y otros seis trabajadores de Corpoelec Bolívar acusados de presunto “sabotaje a la industria eléctrica” por un apagón.
Torreyes afirmó que su esposo, quien fue detenido de forma arbitraria el 2 de septiembre de 2024 en su vivienda en Guri (estado Bolívar), fue torturado y golpeado. Actualmente se encuentra recluido en la cárcel de Yare III. “Solo nos dicen que tenemos que esperar y esperar, ¿hasta cuándo vamos a esperar? Son 17 meses que nuestros familiares se encuentran detenidos”.
Mejías es el único que se encuentra en Yare. Yosmary Yepez y Mirlay González están detenidas en el INOF. Reinaldo Gómez, José Calderón, José Salcedo y Leonardo González están encarcelados en Rodeo II.
Ofelia Alvarez, mamá de González, indicó que su hijo tiene fracturas en dos vertebras de la columna por lo que necesita utilizar una faja de forma recurrente. Tampoco puede estar de pie o acostado durante mucho tiempo porque el dolor lo agota.
Sus dos hijos lo esperan en Bolívar. «Ya estamos cansados, salieron cuatro de la causa pero todavía faltan siete. Necesitamos que nos den respuestas, que salgan en libertad todos».
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