Familiares de presos políticos reclaman a la Nunciatura que se ha negado a escucharlos
Andreina Baduel dijo que hubo «apertura y mucha disposición de ayudar» a los presos políticos, luego de una reunión con representantes de la Nunciatura. Sin embargo, prefirió omitir mayores detalles sobre el encuentro. «Hay cosas que para que puedan suscitarse debemos mantener privadamente»
Una treintena de familiares se movilizaron este viernes 27 hasta la sede de la Nunciatura Apostólica, en Caracas, para solicitar a los representantes del Vaticano en el país una reunión y sus buenos oficios por la libertad de al menos 700 personas detenidas por razones políticas.
«Queremos decir que hemos recibido el acompañamiento de la Iglesia venezolana, pero nos llama poderosamente la atención que hemos hecho acciones públicas y privadas solicitando una audiencia con el Nuncio Apostólico y lamentablemente no hemos recibido respuesta», destacó Andreina Baduel, hermana de Josnars Baduel y vocera del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) que convocó la actividad.
Calificó de «extraño» que, pese a haberse reunido en octubre pasado con representantes del Vaticano en Italia, «la Nunciatura Apostólica venezolana todavía no haya querido escuchar a las víctimas».
«Hacemos un llamado para que podamos conversar, se construyan canales humanitarios y cese la crueldad. Ellos han tenido experiencias exitosas. Recientemente el Vaticano logró la liberación de 51 presos políticos cubanos y nosotros tenemos fe y esperanza que en este contexto en el que está el país, donde hay cambios inminentes, la Iglesia tenga un papel protagónico en salvar la vida», resaltó Baduel.
Luego de una reunión con representantes de la Nunciatura, a quien le entregaron un documento donde se exponen las condiciones de reclusión, Baduel dijo que hubo «apertura y mucha disposición de ayudar. Esto es una victoria de las víctimas».
Sin embargo, prefirió omitir mayores detalles sobre el encuentro: «Hay cosas que para que puedan suscitarse debemos mantener privadamente».
Desde Plaza Venezuela, los familiares se movilizaron por la avenida La Salle hasta la sede de la Nunciatura. Ataviados con carteles con las fotos y nombres de sus familiares, una cruz de madera, vestidos con el uniforme de los privados de libertad o simulando ser una «María Magdalena», reclamaron y elevaron sus plegarias de libertad.
Daivith Larez es esposa de Jonathan Tisoy, detenido en la cárcel del Rodeo III y condenado a 30 años de prisión por el supuesto intento de secuestro de las nietas de Nicolás Maduro. Aseguró que es una «simulación» pues la supuesta denunciante –la directora del Colegio Humboldt– ha negado en dos juicios el asunto.
«No hay secuestro y tampoco presuntas víctimas», afirmó Larez. «Ya son casi cuatro años detenidos por algo que nunca sucedió. Le pedimos a Nicolás Ernesto (Maduro Guerra) que haga justicia en nuestro caso, por nuestros familiares. Nuestros hijos sufren, basta ya de tanta injusticia».
Santos García es padre de José Daniel García, de 25 años y uno de las decenas de detenidos por el caso Plaza Venezuela. Denunció que le informaron que su hijo intentó suicidarse dentro del Rodeo I hace unos días.
Este viernes 27 pudo verlo y comprobó que tiene un golpe en la cara y una cortada en la parte externa de su brazo izquierdo que requirió varios puntos de sutura. Su hijo le contó que fue golpeado por los funcionarios cuando pidió papel y lápiz para enviarle una carta a sus familiares. Tras el altercado, García fue aislado de sus compañeros de celda.
La madre de José Daniel, dijo Santos García, también se encuentra detenida en La Crisálida por su supuesta vinculación en el intento de colocación de explosivos denunciado por el ministro Diosdado Cabello.
Los activistas insistieron que en Venezuela «todavía hay presos políticos», pese a que «muchas familias se han reencontrado» por las excarcelaciones y la Ley de Amnistía aprobada el pasado 19 de febrero. «El dolor no ha terminado para muchas familias. Hoy somos más de 700 familias que tenemos presos políticos… que persisten las condiciones de horror para ellos y para nosotros».
La protesta, que fue convocada como una «marcha silenciosa», estuvo custodiada por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y vigilada por el Sebin. Incluso se desplegó un dron de seguimiento.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
