Familiares aguardan con paciencia a encargado de EEUU para pedir por los presos políticos
Funcionarios de seguridad de la Embajada de EEUU en Caracas han pedido «paciencia» a los familiares de presos políticos que aguardan por una reunión con el embajador John Barrett desde la tarde del domingo 7 de junio. La exigencia es la misma que en otras ocasiones: libertad de todos los detenidos por razones políticas y cierre de los «centros de tortura»
«Puede ser hoy, mañana o en una semana. Paciencia». Esa es la respuesta desde la Embajada de Estados Unidos en Caracas a los familiares de presos políticos que se apostaron desde la tarde del domingo 7 de junio para solicitar una reunión presencial con John Barrett, el encargado de negocios que arribó el pasado 25 de abril al país.
El grupo, que pasó la noche a la intemperie y bajo la lluvia, sigue organizado en las cercanías de la sede diplomática. Consiguieron una carpa y recibieron algunas donaciones de personas que se acercaban a dejar agua, sanduches y hasta repelente de mosquitos. Otros se acercaban a Colinas de Valle Arriba a expresar su apoyo y unos cuantos pasaban tocando corneta, gritando «libertad».
Los familiares han insistido en que no se moverán del lugar hasta ser recibidos por Barrett. Los puntos a tratar en la reunión, expresó Jessica Castro, hermana de uno de los condenados por la operación Gedeón, es claro: solicitar su mediación para la liberación de todos los presos políticos y el cierre de los «centros de tortura».
Castro destacó que a la Embajada de EEUU ya han entregado dos documentos con información detallada de la situación de los más de 500 detenidos por razones políticas que, afirmó, todavía siguen tras las rejas. Ninguno de los dos escritos ha sido respondido.
Sin embargo, depositan sus esperanzas en el Gobierno de Donald Trump que desde el mes de enero, tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa en un ataque militar, mantiene un «tutelaje» sobre las autoridades venezolanas encabezadas por Delcy Rodríguez.
Justamente fue Rodríguez quien el pasado 29 de mayo, al hablar sobre la consulta de reforma penal y la Ley de Amnistía, prometió que «en las próximas horas» serían excarceladas al menos 500 presos políticos. Tres días antes su hermano, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, había dicho que serían liberadas al menos 200 personas como adultos mayores, adolescentes y personas con enfermedades crónicas y graves.
Jessica Castro recordó que de estas promesas apenas han sido excarceladas «entre 50 y 70 personas», todas bajo medidas cautelares. Por eso, insistió, se acercaron a la Embajada porque «siguen las promesas incumplidas» y «queremos que nos atiendan».
Lexis Sandoval, madre de uno de los choferes detenidos por el caso Pdvsa Cripto, espera que la atiendan. «Desde el 9 de enero estaba en vigilias en El Helicoide. Ahora pasamos acá para hacer presión, queremos que alguien nos ayude. Dijeron que iban a salir 300, luego 500 y ninguno. En el caso de los tres choferes, que ni trabajaban para Pdvsa ninguno ha salido».
Señaló que la audiencia de este lunes fue suspendida pasadas las 3:00 de la tarde por supuestos problemas de electricidad en la sede del Palacio de Justicia y «problemas de audio» en el Internado Judicial Rodeo I, donde se encuentran más de 20 acusados por este caso.
Rosario Pacheco también se acercó hasta la sede diplomática de EEUU «porque el problema es de todos».
Vino junto a su esposo desde el estado Táchira para exigir por la libertad de su hijo, el ingeniero Robert Villamarín, quien fue detenido el 2 de agosto de 2023 por el caso drones. «Mi hijo no ha tenido audiencias de juicio, todas han sido diferidas, nunca participó en esas cosas nefastas pero lo involucraron allí».
«En tribunales siempre nos han evadido, nos dan falsas expectativas. Hemos ido a todos los tribunales habidos y por haber buscando una ayuda, buscando que me escuchen, buscando que me devuelvan a mi hijo», expresó Pacheco.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
