Exponen 25 casos de violaciones contra trabajadores en Bolívar y piden auxilio a la OIT
La dirigencia sindical sostiene que, ante la parcialidad de las instituciones laborales del país, deben pedir ayuda a instancias internacionales en materia laboral y de derechos humanos
Texto: José Rivas / Correo del Caroní
Dirigentes sindicales de las principales industrias de Guayana presentaron una lista de al menos 25 violaciones contra empleados y directivos de sindicatos, cometidas por el gobierno de Nicolás Maduro, entre las que se incluyen despidos, jubilaciones forzosas, detenciones y amedrentamientos.
Ante la falta de respuesta de las instituciones como la Inspectoría del Trabajo y los tribunales laborales, pidieron respuestas a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La extrabajadora de Ferrominera Orinoco, Tania Rodríguez, señaló que los últimos tres años han sido los peores para el sector laboral de Guayana, y no cuentan con instituciones que defiendan las vulneraciones que padecen los empleados.
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“Los trabajadores cada día son más perseguidos… todos los días a todo aquel que levanta la voz, se le persigue, se le acosa, se le despide, nosotros no podemos seguir callados”, dijo Rodríguez.
Persecución a dirigentes sindicales
Durante los últimos siete años el gobierno ha detenido, amedrentado y perseguido a dirigentes sindicales no adeptos al oficialismo, con esto, sumado a la eliminación de los contratos colectivos y la precarización del salario, ha liquidado cualquier acción de protesta de los trabajadores por la recuperación de sus beneficios.
Los sindicatos de la Corporación Venezolana de Guayana, Sidor, Ferrominera Orinoco, Venalum, Sidetur, Carbonorca y Comsigua, tienen a sus directivas desincorporadas y sin poder defender a los empleados. “Es una forma de maltratar los derechos de los trabajadores”, afirmó el delegado de prevención, jubilado forzosamente por la Siderúrgica del Orinoco, Carlos Ramírez.
Señaló que el gobierno pretende mantenerlos en condiciones precarias de vida por lo que instó al fiscal general, Tareck William Saab y a la OIT a responder ante los reclamos y violaciones laborales.
Caso omiso
En 2019, la Comisión de Encuestas, el órgano de investigación más importante de la OIT, visitó Venezuela y en un informe documentó el incumplimiento de los convenidos 26 y 144 sobre fijación de salario mínimo y discusión tripartita. Además expuso las detenciones arbitrarias y hostigamiento contra la dirigencia sindical.
En ese entonces, recomendaron al gobierno de Nicolás Maduro el cumplimiento de los convenios, el cese de los ataques y la liberación del exferrominero, Rodney Álvarez, preso desde hace más de 10 años, acusado sin pruebas del asesinato de Renny Rojas en los portones de FMO.
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Llamado a la OIT y organismo internacionales
El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Públicos de la Corporación Venezolana de Guayana, quien fue jubilado forzosamente en 2019, Ramón Gómez, rechazó que Álvarez cumpla más de 10 años preso y todavía no haya sido liberado.
“El llamado a los organismos internacionales es a que se tomen cartas en el asunto, porque acá en Venezuela se siguen violentando los derechos de los trabajadores”, afirmó.
El secretario de organización del Sindicato de Trabajadores Cementeros (Sintracemex), quien tiene una solicitud de despido en la inspectoría, Hermes Bastardo, denunció que la Inspectoría del Trabajo y los tribunales laborales están casados con el gobierno, que maneja las industrias del país.
Señaló que se manejan calificaciones de despido de manera diligente cuando ni siquiera cuentan con argumentos correctos, mientras las solicitudes de los dirigentes sindicales por mejoras económicas son desatendidas.
Dirigentes y trabajadores indefensos
“Hoy en día estar preocupado por la industria convierte al dirigente sindical en un delincuente”, dijo Bastardo. El secretario resaltó además que tanto dirigentes como trabajadores, quedan en estado de indefensión al no contar con instituciones que protejan sus derechos.
La OIT tendrá su consejo de administración 343 en noviembre, y está previsto que se tocará en el orden del día las posibles medidas, para asegurar que el Gobierno de Venezuela cumpla las recomendaciones de la comisión, tras dos años de desatenciones.
