Provea: persiste incertidumbre en Las Claritas tras operativo contra «Niño Guerrero»
Provea señaló que las vidas de los locales transcurren entre una «tranquilidad» disfrazada de incertidumbre por lo que pasó, lo que pasa y lo que está por pasar. Hasta ahora, no hay información oficial sobre heridos u otros fallecidos en el operativo militar. Tampoco se sabe la fecha exacta de la muerte de «Niño Guerrero»
Provea advirtió que, una semana después del operativo militar realizado en Las Claritas y Kilómetro 88, al sureste del estado Bolívar, continúa el temor entre los habitantes y la opacidad sobre el operativo militar que culminó en la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como «Niño Guerrero», líder del Tren de Aragua.
De acuerdo con testimonios recogidos por Provea, los pobladores afirman que aún desconocen aspectos fundamentales del procedimiento que empezó el pasado 9 de junio con sobrevuelos de helicópteros, detonaciones y desalojos en áreas mineras que durante años estuvieron bajo influencia de grupos armados irregulares.
No hay claridad de la fecha exacta de la muerte de Guerrero, si fue el mismo 12 de junio, día en que Donald Trump lo informó, o si fue cuando comenzó el operativo militar. «El Estado venezolano, que desde antes ha sido acusado de complicidad y permitir la existencia de estos grupos irregulares armados que se hicieron del control del control de las minas, guarda silencio», reclamó Provea.
La ONG señaló que a pesar de los comunicados oficiales de la Casa Blanca y Miraflores, la opacidad persiste. No hay información oficial sobre heridos u otros fallecidos en el operativo militar. Esto ha contribuido a la circulación de versiones contradictorias sobre los hechos.
Asimismo, Provea resaltó que la violencia y el control ejercido por agrupaciones criminales en el sur de Venezuela son el resultado directo de años de abandono estatal y de una política que priorizó la extracción opaca de recursos, con la creación del Arco Minero del Orinoco en 2016.
«Las autoridades venezolanas abandonaron sus responsabilidades en estas zonas ricas en recursos minerales, y el territorio fue penetrado por economías criminales de todo tipo, dejando en medio de la confrontación a cientos de miles de pobladores en condición de vulnerabilidad y sin posibilidades de obtener respuestas y asistencia institucional», puntualizó la organización.
Provea alertó que, sin un plan claro sobre el control de la minería ilegal en el sur de Bolívar, puede haber desplazamientos de mineros y de la población en general a municipios aledaños.
La organización civil instó a las autoridades a dar información verídica sobre los acontecimientos, así como también exigió la adopción de medidas que permitan proteger los derechos de las comunidades afectadas.
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