Exenfermera de Chávez insiste en que es una perseguida política del gobierno
La abogada que fungió de enfermera de Chávez es investigada por un presunto delito de blanqueo de capitales tras comprar una vivienda por 1,8 millones de euros
Con cautela y paso firme. Portando una carpeta repleta de documentos. Así llegó Claudia Patricia Díaz Guillén (San Cristóbal, Venezuela, 1973) a la cita. Nada más tomar asiento reprochó que se la conozca como «la mera enfermera» del fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez.
«Yo soy abogada. Estudié Derecho en la Universidad Central de Venezuela, una de las más prestigiosas de Latinoamérica. Tengo la licenciatura en Enfermería. Tengo una maestría en Finanzas. Estudié Derecho Económico Internacional en la UCV y actualmente soy mayor retirada», dice Díaz Guillén en entrevista publicada por el diario español El Mundo.
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Claudia Patricia tiene su residencia en pleno centro de Madrid, donde vive con su marido, Adrián Velásquez -militar venezolano y antiguo miembro de la Guardia Presidencial de Chávez- y su hijo. El juez Jaime Serret, magistrado del Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid, investiga al matrimonio por un presunto delito de blanqueo de capitales, consecuencia de la compra de su vivienda por 1,8 millones de euros.
«El proceso para obtener el piso fue avalado por la ley de blanqueo de capitales de España. Todo estuvo legalmente conforme», se defiende, señalando al Gobierno de Nicolás Maduro como responsable de esta situación.
«Esta investigación es producto de la solicitud de extradición de Venezuela», denuncia, indignada, acusando a las actuales autoridades bolivarianas de atribuirle «unos delitos que no cometí».
Venezuela ha reclamado a España la extradición de Claudia Patricia por presuntos delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir y enriquecimiento ilícito. Esto es, malversación de caudales públicos, asociación ilícita y blanqueo, respectivamente, según el Código Penal español.
La acusan de presuntas irregularidades cometidas mientras fue la responsable de la Oficina Nacional del Tesoro, entre 2011 y 2013, y secretaria ejecutiva del Fondo para el Desarrollo Nacional (Fonden), es decir, el organismo encargado de invertir los ingresos conseguidos de las exportaciones de petróleo.El pasado 26 de octubre, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional aceptó entregar a Claudia y un mes después, el pasado 23 de noviembre, acordó lo mismo para su marido, al que también reclaman en Venezuela.
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