Excarcelan con medidas cautelares a Luis Perozo tras nueva detención en Mariara
Luis Perozo deberá presentarse ante las autoridades cada mes tras su audiencia este miércoles. Activistas y familiares ratificaron que la denuncia pública será la herramienta para lograr que se anule el proceso de investigación vigente
El joven Luis Eduardo Perozo fue excarcelado este miércoles bajo un régimen de presentación cada 30 días, luego de haber sido arrestado nuevamente el pasado 4 de mayo en el estado Carabobo.
Según informó el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) y el Comité de Madres en Defensa de la Verdad, el ciudadano recuperó su libertad tras una audiencia de presentación en la que el juez, con el acuerdo del Ministerio Público, decidió mantener la investigación abierta bajo medidas cautelares.
Perozo posee un historial previo de detención por motivos políticos; permaneció 16 meses recluido en el Centro Penitenciario de Tocorón hasta su liberación inicial en diciembre de 2025. De acuerdo con las denuncias de sus familiares, la aprehensión más reciente ocurrió de forma arbitraria en la localidad de Mariara, mientras el joven cargaba botellones de agua hacia su vivienda. Sus defensores aseguran que el procedimiento se ejecutó sin una orden judicial previa ni una justificación clara al momento del abordaje policial.
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Desde el Comité de Madres en Defensa de la Verdad, se calificó este evento como un caso de «criminalización de la pobreza», señalando que la detención es reflejo de una práctica sistémica ejecutada por los cuerpos de seguridad contra los sectores populares. La organización manifestó que se mantendrá movilizada para brindar apoyo a Luis y a su madre, Yuraima, con el fin de garantizar el derecho a la defensa hasta lograr el cese de las restricciones judiciales.
La imposición de medidas restrictivas, a pesar de la excarcelación, ha sido rechazada por defensores de derechos humanos, quienes exigen la libertad plena de Perozo. Las organizaciones sostienen que estas prácticas forman parte de una estrategia de hostigamiento contra ciudadanos que ya cumplieron periodos de reclusión por motivos políticos, limitando su reintegración social mediante el uso de controles tribunales recurrentes.
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