Excarcelan a los 9 ferromineros bajo régimen de presentación tras 112 días detenidos
Los delitos que les imputados en su momento fueron traición a la patria, agavillamiento, asociación para delinquir, restricción a la libertad de trabajo, daño a la nación y porte ilícito de armas
A la 1:00 pm del día martes 19 de marzo, fueron excarcelados bajo régimen de presentación los 9 trabajadores de la CVG Ferrominera Orinoco que estaban recluidos en los calabozos de Guaiparo de la Policía municipal de Caroní, en el estado Bolívar, donde cumplieron 112 días detenidos.
Douglas Álvarez, Yonney Monsalve, Alexis Perdomo, Exddy Perdomo, Francisco Perdomo, Argenis Dasilva, Tony Briceño y José Jaime estarán bajo régimen de presentación por dos años, mientras que Pedro Calzadilla, delegado del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera Orinoco (Sintraferrominera), por cuatro años por supuesto “porte ilícito de arma de fuego”.
Los delitos que les imputados en su momento fueron traición a la patria, agavillamiento, asociación para delinquir, restricción a la libertad de trabajo, daño a la nación y porte ilícito de armas.
“Ellos primero estuvieron recluidos en la sede de la Dgcim en los campos de Ferrominera y después los trasladaron a los calabozos de Guaiparo. Ayer (martes) fueron escoltados por funcionarios de la Dgcim a donde se realizó la audiencia preliminar. Se les prohibió declarar, protestar e ir a la empresa», dijo Degraín Marichales, delegado de Sintraferrominera. “Creo que el gobierno está haciendo todo esto para maquillar las cosas por la visita de la comisión de la ONU (enviada por Michelle Bachelet), así como hizo con los hospitales que los pintaron y limpiaron y de repente aparecieron los medicamentos”.
Añadió que se espera que el equipo enviado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos visite mañana el Hospital Uyapar, al norte del estado Bolívar en la región de Guayana. “Ya lo pintaron y aparecieron las medicinas. También se espera que la comisión se reúna con los trabajadores de las empresas básicas que han sufrido algún tipo de retaliación y a quienes se les han violado los derechos humanos y laborales”, indicó el sindicalista.
Fue el martes 27 de noviembre en la mañana cuando funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar detuvieron a los 9 ferromineros que protestaban en el portón IV de la empresa. El 29 de noviembre el tribunal dictó una medida privativa de libertad y como sitio de reclusión El Dorado, ubicada en el estado Bolívar. Sin embargo, no fueron trasladados luego de que presos de la cárcel se opusieran a que los trabajadores fuesen recluidos ahí.
Tras las rejas
Rubén González, secretario general del sindicato de Ferrominera, sigue en la cárcel de La Pica. El dirigente fue detenido en la madrugada del jueves 29 de noviembre luego de que guardias nacionales retuvieron en Anaco a 60 trabajadores de empresas básicas de Guayana, entre ellos el dirigente sindical, cuando regresaban de una protesta laboral en Caracas. Le fueron imputados tres cargos militares: ataque al centinela, ultraje al centinela y ultraje a la Fuerza Armada Nacional.
El 20 de febrero el Tribunal Militar Décimo Quinto de Control de Maturín, Monagas, a cargo del juez capitán Heixon Rafael Pulido, mantuvo la medida privativa de libertad contra el dirigente sindical. El juez procedió a juicio pero no dio fecha, por lo que los familiares y compañeros de González desconocen hasta cuándo seguirá aprehendido.
“Se espera que esta semana se publique la rectificación de la medida privativa de libertad y se fije la fecha de la apertura de juicio”, dijo Marichales.
Abdúl Hurtado, secretario de trabajo y reclamo de Sintraferrominera, lleva seis meses privado de libertad en su hogar. Estuvo recluido en los calabozos de Guaiparo hasta diciembre. Mientras que Ronny Álvarez, de Ferrominera, cumple ocho años tras las rejas en la cárcel de Yare. “Ayer le difirieron audiencia del juicio, el cual ya llevaba más de siete años adelantado hasta que el gobierno sacó a la juez que tenía el caso y nombró a otro. Esto significa que el proceso empieza prácticamente de cero. A él lo acusan de un asesinato que no cometió”, afirmó Marichales.
Dirigentes sindicales han denunciado que la persecución a los trabajadores de Ferrominera, así como también de otras empresas básicas de Guayana y de la administración pública, se recrudeció luego de una ola de protestas laborales que inició tras el incremento salarial de 5.900% que Nicolás Maduro decretó el día 17 de agosto, que subió el ingreso mínimo mensual de 30 a 1.800 bolívares. A raíz del anuncio, trabajadores públicos salieron a la calle con consignas y pancartas para exigirle al gobierno el respeto a las contrataciones colectivas eliminadas.
Afirman que les quitaron los beneficios laborales con la implementación del instructivo de aplicación para la administración pública, en el que se publicaron los tabuladores del personal obrero y del administrativo, que también alteró primas y compensaciones.
