Excarcelan a Emirlendris Benítez y otras cinco mujeres presas políticas
Emirlendris Benítez fue detenida arbitrariamente la madrugada del 5 de agosto de 2018 junto a su esposo Yolmer Escalona en una alcabala. Fue vinculada al llamado «caso de los drones» y sentenciada a 30 años de prisión. Se encontraba recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) de Los Teques
El director presidente del Foro Penal, Alfredo Romero, informó la tarde de este viernes la excarcelación de la comerciante Emirlendris Benítez y otras cinco mujeres presas por razones políticas en el país.
Emirlendris Benítez fue detenida arbitrariamente la madrugada del 5 de agosto de 2018 junto a su esposo Yolmer Escalona en una alcabala. Fue vinculada al llamado «caso de los drones» y sentenciada a 30 años de prisión. Se encontraba recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) de Los Teques.
Mientras estuvo detenida en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) fue golpeada por funcionarios, vapuleada contra objetos contundentes como paredes y asfixiada con bolsas plásticas. Esto le hizo abortar al bebé que estaba gestando en ese momento. Además, contribuyó a un encapsulamiento de una de sus prótesis mamarias y la migración de biopolímeros desde sus glúteos hasta sus piernas y columna vertebral.
De acuerdo con Amnistía Internacional, las brutales torturas que sufrió a manos de las autoridades le han dejado como secuela condiciones de salud que requieren atención médica urgente, así como el uso a largo plazo de una silla de ruedas para poder moverse. Sus familiares han exigido desde hace años que se le permita atención especializada para que recupere la movilidad.
Más temprano se confirmó la excarcelación de Yolimar Alemán, quien también se encontraba recluida en el INOF.
*Lea también: ONG confirman excarcelación de los presos políticos Yolimar Alemán y Daniel Zambrano
Otras organizaciones como el Comité por la Libertad de los Presos Políticos y la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia confirmaron que la tarde de este viernes también fueron excarceladas la sargento segundo Samaira Romero y la comerciante Marifrancys Marcano.
Estas tres mujeres estaban señaladas de participar en la operación Gedeón. En el caso de la sargento Romero, fue detenida el 8 de septiembre de 2020. Según denuncias, la joven de 25 años ha sido víctima de torturas, castigos y aislamiento prolongado.
Mientras que Marcano fue arrestada arbitrariamente por funcionarios del Sebin la tarde del 25 de abril de 2020 cuando llegaba a su vivienda en Guarenas, estado Miranda. La madre de tres niños fue condenada por los presuntos delitos de traición a la patria, terrorismo y financiamiento al terrorismo.
También fue excarcelada María Auxiliadora Delgado Tabosky, quien permanecía detenida desde el 19 de marzo de 2019 junto con su esposo. La abogada Tamara Suju confirmó la medida. Agregó que la mujer fue detenida por que “hermana de un militar que el régimen buscaba”.
EXCARCELACIONES | Hoy el Comité por la Libertad de los Presos Políticos pudo conocer la excarcelación de Marifrancys Marcano, recluida en el INOF, así como de Yolimar Alemán, ambas fueron vinculadas a la Operación Gedeón y estaban detenidas desde 2020.
También salió en libertad… pic.twitter.com/DmmBUWLa3s
— Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) August 14, 2026
Asimismo fue excarcelada la azafata Jennifer Osuna, detenida en diciembre de 2020 por supuestamente participar en un plan contra Nicolás Maduro. La mujer, quien trabajaba en el Palacio de Miraflores, fue golpeada, asfixiada con bolsas plásticas, humillada y sometida a violencia sexual. En 2022 fue condenada a 16 años y nueve meses de prisión.
Estas excarcelaciones se producen luego de unas declaraciones de Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional 2015, quien se comprometió a trabajar para que «en los próximos días se vayan dando las liberaciones» de presos políticos. Según JEP, en el país hay 502 personas detenidas por razones políticas, entre ellos 52 mujeres.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
