Ministra de la Mujer ignora denuncias sobre presas políticas y violencia sexual
Una treintena de familiares, activistas y estudiantes protestaron a las puertas del Ministerio de la Mujer para reclamar investigaciones inmediatas y con enfoque de género sobre las denuncias de violencia sexual que han hecho presas políticas que permanecen recluidas o que ya han sido excarceladas
Familiares de mujeres detenidas por motivos políticos se encontraron nuevamente con la indiferencia de los funcionarios del Estado venezolano. Tras denunciar las condiciones de las detenidas, los maltratos contra sus familias y los testimonios de violencia sexual por parte de cuerpos de seguridad, la respuesta de la ministra de la Mujer, Yelitza Santaella, fue cuestionar su condición e ignorar los reclamos de agresiones sexuales que han sido verbalizados y documentados por organismos internacionales.
Una treintena de familiares, activistas y estudiantes protestaron a las puertas del Ministerio de la Mujer, al centro de Caracas, para reclamar investigaciones inmediatas y con enfoque de género sobre las denuncias de violencia sexual que han hecho presas políticas que permanecen recluidas o que ya han sido excarceladas.
En el documento entregado también se pidió la revisión de las condiciones en las cárceles de mujeres, centros de reclusión con anexo femenino y comandos policiales donde todavía hay mujeres presas por razones políticas. Asimismo, denunciaron las requisas invasivas que sufren las familiares al visitar a sus seres queridos en centros penitenciarios.
Cinco familiares y activistas fueron recibidos por la ministra Santaella y Nancy Ortuño Rojas, viceministra para la igualdad de género y no discriminación, en una reunión que se extendió por más de una hora.
«El cinismo fue muy fuerte. En un principio incluso nos dijeron ‘ay, pero no sabemos de qué casos nos están hablando’, cuando los familiares y los comités de familiares desde hace dos años han hecho muchísimas denuncias en instituciones públicas», expresó Evelyn Pinto, coordinadora de la Alianza de Mujeres Políticas y vocera de la actividad.
Pinto aseguró que la ministra Santaella incluso llegó a comentar que «quieren poner a todo el mundo como presas políticas». También les dijo que se ha evaluado la situación de las mujeres detenidas y en algunos recintos como La Crisálida, ubicado en Los Teques (estado Miranda), se inauguró un espacio de atención ginecológica.
Al terminar la reunión, la ministra salió rápidamente y se negó a escuchar a las personas que protestaban pacíficamente a las afueras de su despacho, donde corearon consignas como «no están solas» o «Estado machista, Estado opresor, defiende a las mujeres solo por televisión».
EN EL MINISTERIO PARA LA MUJER | Activistas, familiares y ciudadanía en general se reunieron afuera del Ministerio para la Mujer en Caracas y lograron entrevistarse con la ministra Yelitze Santaella.
Sin embargo, según relató Evelyn Pinto, defensora y miembro de la Alianza de… pic.twitter.com/9pjh70wlV0
— Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) June 5, 2026
La coordinadora de la Alianza de Mujeres Políticas señaló que hay más de 35 mujeres injustamente detenidas, la mayoría de ellas con problemas de salud crónicos o graves que no han sido atendidos.
Presas políticas a la espera
Scarlett Rodríguez es hermana de Keila Barrios, una de las mujeres detenidas por el «caso Plaza Venezuela», como se denominó a una supuesta conspiración para colocar explosivos en ese céntrico lugar de Caracas. Señaló que su hermana fue arrestada de forma arbitraria en su vivienda en los Valles del Tuy supuestamente por hacer un pago móvil a uno de los implicados. Estuvo en desaparición forzada durante cinco meses, hasta que le confirmaron que estaba detenida en el Rodeo I, pero cuando tenía pautada la visita fue trasladada a La Crisálida.
«Ella lo que nos dice es que quiere que la saquen de ahí, como todo preso, quiere estar en su hogar con su familia», comentó Rodríguez, quien ha asumido las diligencias y todos los requerimientos que necesita su hermana.
Barrios, madre de cuatro hijos y que tenía pocos meses de regresar al país cuando fue apresada, tiene una discapacidad en su brazo izquierdo y una fractura, pero tuvo que aplazarse una cirugía que tenía pautada. «Con la información que dio Delcy Rodríguez de que iban a salir adolescentes, adultos mayores y personas con patologías teníamos la esperanza de tenerla en casa pero todavía seguimos esperando, aunque sí le dieron atención médica».
«Mi hermano y mi mamá cada vez que los veo lloran (…) es muy triste para mí que cada vez que busco información nos dicen que tenemos que esperar, esperar es lo que hacemos», señaló Rodríguez.
El juicio sobre los detenidos por el caso Plaza Venezuela, indicó Rodríguez, aún no ha iniciado pese a que en marzo se hizo la audiencia preliminar. Esta irregularidad también la refiere Alida Andrade, madre de la primer teniente de la Guardia Nacional Mariana Andrade, otra de las mujeres vinculada por las autoridades a esta supuesta conspiración.
Andrade dijo que su hija fue detenida el 5 de agosto de 2025 en el aeropuerto internacional de Maiquetía. Primero dijeron que era la «novia» de la persona que iba a poner los explosivos, después la señalaron de tener planes y videos en un teléfono que –afirmó la madre de la militar– no es de ella.
Manifestó que la situación de toda la familia ha cambiado tras el arresto de su hija, la única familiar que le quedaba en Venezuela. «Ella está deprimida, tiene mucha ansiedad, su cuerpo es toda una mancha, es como un hongo que tiene, comen super mal porque comen muy poca proteína (…) Me dice confía, que no la deje sola, y nosotros confiamos en Dios que va a salir ella y todas las mujeres detenidas».
También denunció los maltratos de los que, dijo, ha sido sometida por el abogado defensor de su hija. Pese a obtener algunas pruebas, le dijeron que ya no procedían por la etapa en la que estaba el proceso. Asimismo, dijo que a Mariana le negaron la amnistía incluso antes de haber interpuesto la solicitud.
«Yo la fui a poner el 26 de febrero en tribunales y me responden que ya se había negado. Cuando reviso la fecha era del 21 de febrero. Fui a hablar con el abogado y mandó a llamar a dos mujeres de seguridad para sacarme de su despacho. No he vuelto a ir porque qué puedo esperar de él», expresó.
Mientras que Adelmo Castillo, de 83 años de edad, pidió a las autoridades la libertad para su hija, Miladys Castillo, una abogada de 57 años de edad, detenida desde hace cuatro años en Santa Bárbara del Zulia por el llamado caso «Catatumbo».
«Detuvieron a mi hija; ella es abogada y la acusaron de algo que no es así. Yo necesito que nos ayuden para ver qué podemos hacer», dijo Castillo, quien estaba en la protesta por las presas políticas junto a su sobrina, Denise Rojas.
Rojas comentó que la causa de su prima no ha avanzado y su salud se ha deteriorado dentro del INOF, luego de que le diagnosticaran un quiste en uno de sus senos.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
