Excarcelados entregan lista de presos políticos a la AN y exigen transparencia en aplicación de amnistía
El exdiputado Américo De Grazia informó que el viernes sostuvieron un encuentro con integrantes de la comisión parlamentaria encargada de supervisar el cumplimiento de la ley, en el que también solicitaron la publicación de la lista completa de beneficiarios de libertad plena
La Red de Excarcelados por la Democracia (RED), integrada por opositores recientemente liberados, entregó una lista de presos políticos a la Asamblea Nacional para que sus casos sean revisados y puedan optar a la medida de amnistía aprobada en febrero.
El exdiputado Américo De Grazia informó que el viernes sostuvieron un encuentro con integrantes de la comisión parlamentaria encargada de supervisar el cumplimiento de la ley, en el que también solicitaron la publicación de la lista completa de beneficiarios de libertad plena.
“El oficialismo dice que ha liberado a 8.000 personas (…) bueno, queremos saber quiénes son”, afirmó De Grazia desde la Universidad Central de Venezuela, donde este sábado se realizó una jornada de apoyo a familiares de detenidos.
El dirigente explicó que el objetivo de la iniciativa es contrastar la información recopilada por la RED con datos de organizaciones como Provea y Foro Penal, a fin de evitar que casos queden excluidos del proceso de revisión.
Durante la reunión con la comisión parlamentaria también se expusieron los casos de Hugo Marino, Víctor Quero Navas, Alcides Mora, Esneider Vergel y Eliécer Vergel, cuyos familiares y ONG denuncian como posibles desapariciones forzadas.
Por su parte, el politólogo Nicmer Evans indicó que en la comunicación entregada se incluyó la exigencia de devolución de bienes incautados a presos políticos que ya han sido liberados. “Un elemento gravísimo es que sus propiedades han sido tratadas como botín de guerra”, señaló.
La Ley de Amnistía, aprobada por el Parlamento en febrero, contempla un período de aplicación desde 1999 y establece beneficios para personas vinculadas con 13 hechos específicos en distintos años. Sin embargo, sectores de la oposición han cuestionado su alcance y criterios de aplicación.
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Según datos oficiales, más de 8.000 personas han recibido libertad plena en el primer mes de vigencia de la norma, aunque la mayoría de los casos correspondía a medidas cautelares y no a personas que permanecían encarceladas.
Hasta el momento, no se ha publicado un listado detallado de beneficiarios, lo que ha generado cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.
De acuerdo con cifras de organizaciones como Foro Penal, cientos de personas continúan detenidas por motivos políticos, mientras familiares y activistas insisten en exigir liberaciones sin restricciones y garantías de debido proceso.
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