Ex presos políticos enfrentan barreras laborales por miedo y exclusión, afirma ODH ULA
Las medidas cautelares de presentación en tribunales, las fallas para ser excluidos del Siipol o el miedo de los empleadores dificultan a los ex presos políticos a reinsertarse en el mercado laboral. El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes afirmó que «sin una política integral de justicia transicional que incluya la rehabilitación y la garantía de no repetición, la libertad de los presos políticos seguirá siendo una libertad a medias»
El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) señaló este martes 15 cómo el estigma, las medidas cautelares restrictivas y el bloqueo administrativo de los antecedentes penales condenan a los ex presos políticos a una situación de «muerte civil» que les impide el sustento propio y el de sus familias.
En una nota de prensa, el observatorio señaló que aquellos excarcelados por motivos políticos enfrentan «una nueva fase de persecución silenciosa» debido a la exclusión sistemática del mercado laboral. Si bien la Constitución (artículo 272) establece que el sistema penitenciario debe garantizar la rehabilitación y una progresiva reinserción social de la persona privada de libertad, los ex presos políticos enfrentan otra realidad.
«Uno de los principales impedimentos para que un expreso político mantenga un empleo estable es la imposición de medidas cautelares sustitutivas. La mayoría de los excarcelados no recibe libertad plena, sino que quedan sujetos a regímenes de presentación obligatoria ante tribunales cada 15 o 30 días», señaló el ODH ULA.
Esto obliga a cientos de excarcelados, cuyos casos están bajo tribunales antiterrorismo, a viajar hasta Caracas para cumplir con esta medida. La situación impide cumplir con horarios laborales.
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ODH ULA puso el ejemplo de Luis*, un joven merideño liberado condicionalmente en diciembre de 2025 y cuyo nombre fue cambiado por temor a represalias. Ha tenido al menos cuatro empleos distintos en menos de un año, debido a que sus empleadores no le han concedido los dos días de permiso al mes que requiere para viajar hasta Caracas y presentarse en tribunales.
A la inestabilidad laboral, reseñó el observatorio, se suma el costo económico de cumplir con esas presentaciones. En el caso de los excarcelados del estado Mérida, cada viaje hasta Caracas les cuesta entre 70 y 150 dólares, dinero que al no tener ingresos estables no pueden costear por sus propios medios.
«Esta situación crea un círculo vicioso de precariedad donde la libertad condicional se convierte en otra forma de mantenerlos en prisión», destacó el ODH ULA.
Asimismo, la organización documentó las trabas que enfrentan los ex presos políticos por la Certificación de Antecedentes Penales. Julián*, padre de un joven que estuvo preso seis años por motivos políticos, le comentó al ODH ULA que su hijo ha perdido decenas de oportunidades laborales por este motivo.
«Cada vez que consigue un trabajo y le piden antecedentes penales, le sale que estuvo preso, y entonces lo botan o no lo contratan», lamentó.
En la plataforma digital del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, según revisó la organización, los datos de los ex presos políticos suelen aparecer bloqueados o bajo estatus de «en proceso». «Este bloqueo administrativo impide a las víctimas generar la documentación necesaria para formalizar un contrato, empujándolas forzosamente hacia la economía informal o el autoempleo de subsistencia para poder comer».
A este escenario de trabas administrativas y económicas también se suma el miedo de los empleadores. Aura*, una profesional que ha intentado reinsertarse en la sociedad tras permanecer casi cinco años presa por motivos políticos, dijo que ha sido complejo «regresar a la realidad».
A pesar de acudir a empleadores públicos o privadas, la respuesta que recibe Aura es que no pueden darle trabajo por «precaución» o «seguridad».
En un trabajo la llamaron a la oficina de personal cuando cumplía 15 días laborando, le comentó al ODH ULA. Allí le dijeron que tenía excelentes recomendaciones y que su disposición de trabajo era muy buena, pero que habían verificado su identidad por el Sistema Integrado de Información Policial (Siipol) y aparecía que había estado detenida por motivos políticos. En consecuencia, con el alegato de «evitar persecuciones posteriores contra la empresa», decidieron despedirla.
«Yo me siento discriminada totalmente, con razón o sin razón, pero así me siento», expresó Aura.
El ODH-ULA advirtió además que la Ley de Amnistía, sancionada el 19 de febrero y dada por concluida el 23 de abril, no abordó estas dificultades. «Aunque la propuesta buscó eliminar responsabilidades penales, el texto presentaba vacíos críticos en materia de reparación del daño. No establecía mecanismos claros para la eliminación de antecedentes penales de forma expedita ni garantías de restitución de derechos laborales».
Julián cuestionó sobre «¿quién le quita las cicatrices que le quedaron a mi hijo?», debido a las secuelas físicas y psicológicas que sufrió su hijo debido a torturas y que le impiden llevar una vida normal y reinsertarse plenamente en la sociedad.
«Sin una política integral de justicia transicional que incluya la rehabilitación y la garantía de no repetición, la libertad de los presos políticos seguirá siendo una libertad a medias», resaltó el Observatorio, que insistió que debe estar incluido en derecho al trabajo como forma de esas reparaciones que el Estado venezolano le adeuda a las víctimas de persecución política.
«Es imperativo que cualquier medida de amnistía o gracia incluya la limpieza inmediata de registros judiciales y el cese de las medidas cautelares que asfixian la economía de quienes ya han sufrido el trauma de una detención arbitraria. La verdadera convivencia democrática no podrá alcanzarse mientras quienes fueron perseguidos por motivos políticos sigan siendo castigados con estigmatización y exclusión laboral».
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
