Estas son las violaciones a los derechos humanos documentadas por Bachelet
El informe de Bachelet hace una serie de recomendaciones dirigidas al Gobierno en relación con las principales violaciones de derechos humanos
Duro y contundente. Así puede definirse en pocas palabras el informe que sobre la situación de los derechos humanos emitió la Alta Comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, en el cual hace una serie de recomendaciones entre las que se cuentan la inmediata eliminación de las FAES y la liberación de todos los presos políticos.
El informe, que será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU este 5 de julio, hace una serie de recomendaciones dirigidas al Gobierno en relación con las principales violaciones de derechos humanos documentadas por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
“Espero sinceramente que las autoridades examinen con detenimiento toda la información contenida en este documento y apliquen sus recomendaciones. Todos deberíamos estar de acuerdo en que todos los venezolanos merecen una vida mejor, sin miedo y con acceso a los alimentos, el agua, la atención médica y la vivienda adecuados, así como a otras necesidades básicas”, afirma Bachelet en el documento, cuyo resumen ejecutivo se conoció este 4 de julio.
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“Un sacerdote católico me dijo en Caracas: ‘No se trata de política, sino del sufrimiento de la gente’. Este informe tampoco trata de política, geopolítica, relaciones internacionales o cualquier otra cosa que no sea los derechos humanos a los que todo venezolano tiene derecho”.
“Exhorto a todas las personas con poder e influencia –tanto en Venezuela como en el resto del mundo—a que colaboren y contraigan los compromisos necesarios para solucionar esta crisis que está arrasándolo todo. Mi oficina está lista para seguir apoyando”.
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La Alta Comisionada acusa al Estado de cometer violaciones en varios aspectos, entre ellos:
- A los derechos económicos y sociales: «El desvío de recursos, la corrupción y la falta de mantenimiento en la infraestructura pública, así como la subinversión, han tenido como resultado violaciones al derecho a un nivel adecuado de vida», señala el informe
- A la alimentación: «Las personas entrevistadas constantemente refirieron una falta de acceso a alimentos, debido tanto a la escasez como a los precios inasequibles… Además de la hiperinflación y la contracción de la economía, las políticas económicas y sociales adoptadas durante la última década han debilitado los sistemas de producción y distribución de alimentos, aumentando la cantidad de personas que dependen de programas de asistencia alimentaria.
- A la salud. «La situación es grave… Violaciones al derecho a la salud son resultado del incumplimiento del Gobierno de sus obligaciones fundamentales, las cuales son irrenunciables, aún por motivos económicos».
- A la libertad de opinión y expresión: «En los últimos años el Gobierno ha tratado de imponer una hegemonía comunicacional imponiendo su propia versión de los hechos y creando un ambiente que restringe los medios de comunicación independientes… En los últimos diez años, la ONG Espacio Público ha registrado detenciones arbitrarias y cargos penales contra 55 personas por publicaciones en medios sociales – 24 de ellos en 2018».
- Constató represión selectiva y persecución por motivos políticos: «Durante al menos una década, el Gobierno, así como las instituciones controladas por el Gobierno han aplicado leyes y políticas que han acelerado la erosión del estado de derecho y el desmantelamiento de las instituciones democráticas, incluyendo la Asamblea Nacional».
- Al derecho a la justicia: «Las instituciones responsables de la protección de los derechos humanos, tales como la Fiscalía General, los/as jueces/juezas y la Defensoría del Pueblo, generalmente no llevan a cabo investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre violaciones de derechos humano».
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- El uso excesivo de la fuerza y muertes en el contexto de las manifestaciones contra el Gobierno: «El ACNUDH pudo documentar información detallada de 135 casos de personas (23 mujeres y 112 hombres) privadas arbitrariamente de la libertad entre 2014 y 2019. De ellas, 23 fueron detenidas en 2018 y 8 en 2019. Algunos de esos casos fueron desapariciones forzadas hasta que las autoridades revelaron el paradero de las personas detenidas, días o semanas después de sus detenciones».
- El uso excesivo de la fuerza y muertes causadas en el contexto de operaciones de seguridad: «El ACNUDH entrevistó a los familiares de 20 hombres jóvenes muertos por las FAES de junio de 2018 a abril de 2019. Todos/as describieron un modus operandi similar. Las FAES llegarían en camionetas negras sin placas de matrícula y bloquearían los puntos de acceso en la zona».
- A los pueblos indígenas: «Hay violaciones de los derechos colectivos de los pueblos indígenas a sus tierras, territorios y recursos tradicionales. El ACNUDH documentó siete muertes de pueblos indígenas en circunstancias violentas en 2019».
- A las personas migrantes y refugiadas: «El número de personas que se han visto obligadas a dejar Venezuela ha aumentado dramáticamente desde 2018, alcanzando más de 4 millones para el 6 de junio de 2019. Colombia acoge la mayor cantidad de personas, seguida por Perú, Chile, la Argentina, Ecuador y el Brasil».
Entre las recomendaciones que la ONU hace al gobierno, pide que:
- Adopte las medidas necesarias para garantizar la disponibilidad y la accesibilidad de alimentos, agua, medicamentos esenciales y servicios de atención de la salud, incluida la atención de la salud sexual y reproductiva.
- Adopte de inmediato medidas para cesar la tortura y las ejecuciones extrajudiciales.
- Lleve a cabo investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes de las violaciones de los derechos humanos.
- Ponga en libertad a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad.
- Detenga, castigue y prevenga todos los actos de persecución y represión selectiva por motivos políticos.
- Adopte medidas efectivas para proteger a las personas defensoras de los derechos humanos y a profesionales de los medios de comunicación.
- Detenga y prevenga el uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones.
- Disuelva las FAES.
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- Acepte y facilite el establecimiento de una oficina permanente del ACNUDH en el país.
- Publique regularmente datos exhaustivos sobre salud y nutrición que permitan aplicar una respuesta humanitaria integral a la crisis.
- Autorice el libre acceso a la información de interés público.
- Garantice que todos los programas sociales se implementen de manera transparente, no politizada y no discriminatoria, con la aplicación de medidas eficaces de supervisión y rendición de cuentas.
- Revoque las clausuras de medios de comunicación y ponga fin a otras medidas de censura contra los medios de comunicación
- Garantice el acceso a Internet y a las redes sociales
- Desarme y desmantele a los grupos armados civiles progubernamentales (los llamados “colectivos armados”) y garantice la investigación de sus delitos.
- Proteja a las personas, incluidas las que están migrando, frente a abusos, corrupción y extorsiones por parte de agentes del Estado.
- Ratifique el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Finalmente, el Consejo de Derechos Humanos podría solicitar al ACNUDH que se centre en garantizar la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos y los abusos en Venezuela, en particular mediante el aumento de la vigilancia, la documentación, el análisis y la presentación de informes públicos sobre la situación de los derechos humanos.
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