España pide a Delcy Rodríguez la liberación inmediata de presos políticos españoles
La petición fue realizada tras la asunción de Rodríguez como «encargada» del Ejecutivo venezolano, luego de que Nicolás Maduro fuera capturado y trasladado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico y otros delitos
El Gobierno de España solicitó a Delcy Rodríguez la liberación inmediata de los presos políticos de nacionalidad española que permanecen detenidos en el país.
La petición fue realizada tras la asunción de Rodríguez como «encargada» del Ejecutivo venezolano, luego de que Nicolás Maduro fuera capturado y trasladado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico y otros delitos.
El Ejecutivo español, que ha manifestado una posición crítica frente a la intervención militar estadounidense en Venezuela, ya había anunciado ese mismo lunes, por voz del ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Albares, su disposición a establecer contacto con Delcy Rodríguez para abordar la situación política y humanitaria en el país.
España mantiene intereses estratégicos y empresariales en Venezuela, además de una población estimada en unas 150.000 personas, lo que ha llevado al Gobierno español a insistir en la necesidad de preservar canales de diálogo y estabilidad institucional.
En ese sentido, el Ejecutivo indicó que seguirá manteniendo la interlocución con la oposición venezolana, con el objetivo de promover un diálogo político que contribuya a la estabilidad y a una salida pacífica a la crisis.
El Gobierno de España confirmó que 14 ciudadanos de nacionalidad española permanecen detenidos de forma arbitraria en centros de reclusión venezolanos. La mayoría de los casos corresponde a personas con doble nacionalidad, nacidas o residentes en Venezuela.
En septiembre de 2025, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) y el partido Vente Venezuela habían advertido sobre la existencia de alrededor de 20 ciudadanos españoles encarcelados por motivos políticos.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.





