España aclara que lleva mes y medio pidiendo a Venezuela equidad en vuelos a Caracas
El Gobierno de España rescató a la aerolínea Plus Ultra al inyectarle 53.000.000 de euros en préstamos del Fondo de Apoyo
Fuentes diplomáticas en España aclararon al portal Vozpópuli en un artículo publicado este martes 6 de abril que el gobierno que preside Pedro Sánchez lleva más de un mes y medio intentando que la administración de Nicolás Maduro regule las conexiones aéreas entre Caracas y Madrid con Iberia y Air Europa, con lo que se busca que Venezuela no pese en el conflicto interno que se vive con el tema de Plus Ultra.
Según el portal citado, de los 40 vuelos humanitarios que se han organizado -y que son los únicos permitidos por Venezuela-, Air Europa ha hecho ocho; Iberia, seis y Estelar, cuatro. Todos los demás los realizó la aerolínea recién rescatada. Refieren además que el 23 de febrero se hizo la petición formal -a través de una nota verbal- de normalizar las conexiones aéreas debido a la disposición de las autoridades venezolanas de permitir vuelos a México, República Dominicana, Turquía, Panamá y Bolivia.
Como no tuvieron respuesta, la embajada de España en nuestro país -dirigida por el encargado de Negocios Juan Fernández Trigo, pidió dos vuelos humanitarios operados por Iberia y Air Europa para finales de marzo y otros dos para mediados de abril, diciendo que serían los últimos vuelos especiales que serían solicitados.
Las fuentes revelan que Caracas autorizó «unilateralmente» a mediados de marzo, seis trayectos de Plus Ultra y anunció, además, que el primer vuelo comercial de esta aerolínea sería el 24 de marzo.
A raíz de esta decisión, el 19 de marzo la embajada de España solicitó al Gobierno de Maduro que dejase sin efecto la solicitud de vuelos humanitarios porque Iberia había comunicado que renunciaba a operar el vuelo humanitario entre Madrid y Caracas que estaba previsto para los citados 25 y 26 de marzo, que tiene que ver con el memorando publicado el 5 de abril por el diario El Mundo.
El memo de la discordia
«La embajada de España entiende que debe aplicarse un trato equivalente para otras compañías aéreas que también están interesadas y tienen capacidad para operar vuelos entre los dos países, como es el caso de Iberia y Air Europa”, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores .
El diario español El Mundo reveló este lunes 5 de abril un memorando emitido por la embajada de España en Caracas, de fecha 19 de marzo, en el que solicita al Ministerio de Relaciones Exteriores que «deje sin efecto» la nota verbal en la que se solicitaba autorización para vuelos humanitarios de Iberia y Air Europa con el fin de privilegiar a la recién rescatada aerolínea Plus Ultra, que tiene accionistas venezolanos en su mayoría.
Facturas «falsas» de Plus Ultra
Federico Lledó Soria, consejero delegado de la agencia Summerwind GSA que representa a la compañía aérea Plus Ultra en España y América Latina, habría ordenado emitir facturas a empresas que están dentro de ese grupo que lidera por más de 20.000 euros con el fin de justificar salida de dinero, según documentos revelados por OK Diario.
Según la investigación, la fuga de recursos se hicieron constar con el concepto de las comisiones por venta de boletos, la presentación de Plus Ultra en otros países y el contrato del call center.
Al parecer, Lledó realizó estas operaciones en estrecha colaboración con el director comercial de Plus Ultra, Gibson Preziuso, quien con anterioridad ha sido vicepresidente de Avior Airlines.
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Respecto a esta aerolínea, además de la investigación que lleva a cabo la embajada de EEUU en Madrid de dos accionistas de Plus Ultra que son venezolanos, el medio Vozpópuli reveló que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) no contactó con la auditora de la compañía aérea en España antes que se aprobara desde la Moncloa el dinero para su rescate financiero.
La información sobre Plus Ultra se da a conocer el mismo día en que el ministro de Transporte de la nación ibérica, José Luis Ábalos, quien se habría reunido con la vicepresidenta Delcy Rodríguez en el Aeropuerto de Barajas a mediados de enero de 2020, dijera que si se difunden las imágenes en las que se ve la reunión de él con la alta funcionaria venezolana, podría perjudicar las relaciones bilaterales entre España y la administración de Nicolás Maduro.
“Podría constituir un riesgo para la seguridad nacional ante eventuales actos de terrorismo” dice el Ministerio de Transporte en una respuesta a la que ha tenido acceso el citado medio español y que lleva la firma del subsecretario de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, Jesús M. Gómez García.
Añade que “el hecho de que en las imágenes solicitadas aparezca un miembro de un Gobierno de otro país, podría causar un perjuicio en las relaciones exteriores españolas con dicho Gobierno extranjero”.
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A finales de noviembre de 2020, el Tribunal Supremo de España decidió seguir los pasos del juzgado de Instrucción 31 de Madrid y archivar las querellas presentadas contra el ministro de Transporte, José Luis Ábalos, relacionadas con el paso de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, a mediados de enero de 2020 por el aeropuerto de Barajas y que se conoció como el «Delcygate».
La instancia judicial considera que existen pruebas que en efecto Rodríguez llegó a Madrid en un avión en la madrugada del 19 al 20 de enero y estuvo unas horas en la sala VIP del aeropuerto de Barajas, lo que vulneró de forma expresa la disposición de la Unión Europea acerca de las sanciones sobre la política venezolana de no pisar el espacio Schengen.
Sin embargo, especificaron entonces que lo ocurrido solo tenía que ver con temas políticos y no con responsabilidades penales.
El Gobierno de España rescató a la aerolínea Plus Ultra al inyectarle 53.000.000 de euros (alrededor de 63.213.100 de dólares) en préstamos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Según reseñó la página web Vozpópuli, supuestamente el 47% de las acciones de Plus Ultra pertenece a la sociedad Snip Aviation, presidida por el venezolano Rodolfo José Reyes Rojas, presuntamente cercano a integrantes del gobierno de Nicolás Maduro.
