Entre carpas, vigilias y amenazas, familias de presos políticos no abandonan la esperanza
A las afueras de cárceles como Rodeo I, Ramo Verde y El Helicoide, decenas de familias esperan la excarcelación de presos políticos prometida por el poder. Duermen en carpas, rezan en casas prestadas o levantan altares improvisados donde se les permite. Entre amenazas, cansancio y solidaridad, sostienen una fe que se niega a irse
El calor en Guatire no se va, se queda pegado a la piel. Bajo ese aire espeso, los días se estiran para cerca de un centenar de familiares de presos políticos que permanecen apostados a las faldas del Internado Judicial Rodeo I. No esperan noticias, esperan cuerpos. Esperan que, esta vez sí, liberen a su pariente. Desde que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció excarcelaciones, decidieron no moverse de la entrada del centro penitenciario de máxima seguridad hasta que les devuelvan a los suyos.
Las primeras noches durmieron en las aceras, sobre cartones, con lo puesto. Algunos llevaban apenas un suéter; no imaginaron que el proceso sería tan dilatado. Creyeron que ese mismo día volverían a casa, completos. El tiempo fue pasando y la espera se volvió estancia. Levantaron carpas improvisadas, extendieron colchones que la lluvia, cuando cae con fuerza en la madrugada, ha terminado empapando. Diez días después, siguen ahí, arrumados en un pedazo de tierra, protegidos apenas por un árbol frondoso que ofrece la única sombra constante. A su alrededor, más de quince carpas, amarillas, verdes, azules, se agrupan como pueden. Ese rincón, a las puertas de la cárcel, es ahora su casa.
Henryberth Rivas, condenado a 30 años de prisión por supuesta participación en eun intento de magnicidio contra Nicolás Maduro en agosto de 2018, tiene un familiar que desde el anuncio de Rodríguez no ha regresado a casa: su hermana, Hiowanka Ávila. «Sentimos esperanza de que en algún momento se va a materializar la excarcelación de nuestros familiares, porque dicen que son todos», dice, con una voz firme que contrasta con el cansancio que le cruza el rostro. «Confiamos en que son todos. No hay otro panorama, sino ese». Lo repite como quien se aferra a una sola posibilidad para no desmoronarse, como si decirlo en voz alta ayudara a sostenerla.
Pero la esperanza no alcanza para cubrirlo todo. También hay ansiedad. «El estar aquí a la intemperie, donde no hay seguridad, donde diferentes cuerpos de seguridad vienen y nos toman fotos, nos graban». Lo hacen sin pedir permiso. Luego se montan en sus patrullas y se van. «Eso genera una inseguridad brutal, una desconfianza en nosotros, porque no sabemos qué pueda pasar una noche».
Johana* lo confirma desde dentro de su carpa. «Aquí tenemos que hacer guardia (…) Aquí nosotros no sabemos quiénes son de acá», dice, refiriéndose a quiénes son realmente familiares.
Sentada sobre un colchón, habla encogida en un espacio mínimo: para dormir debe recogerse en posición fetal y doblar las piernas para caber. Allí guarda su bolso, su ropa, lo poco que trajo desde Barinas. En el techo de la carpa hay un pedazo de cartón: sirve de cojín para no sentarse directamente sobre la tierra húmeda. Desde ese improvisado asiento que presta a los periodistas, responde todas las preguntas, con una funeraria como telón de fondo.
Ahí nadie duerme del todo. Mientras unos descansan, otros vigilan. Se acuestan cerca de las dos de la madrugada y apenas logran intervalos de dos o tres horas de sueño. Antes, ya han hecho vigilias: cantan el himno, gritan los nombres de sus presos. «Sabemos que ellos nos escuchan». A las seis de la mañana, cuando el sol apenas comienza a levantarse, ya están de pie otra vez. Listos para enfrentar un nuevo día de espera, cuidando, entre todos, que esa esperanza colectiva no se quiebre.
La promesa por cumplir a los presos políticos
La prima de Johana es joven. Muy joven. No conoció la vida civil: apenas salió del liceo ingresó a la Guardia Nacional y allí se quedó, hasta alcanzar el rango de primer teniente. Está presa desde agosto del año pasado, acusada de participar en un presunto atentado con explosivos en Plaza Venezuela, como ha reiterado Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia. Johana está allí por ella. Sólo por ella.
Los primeros días tuvo que pagar de su propio bolsillo para todo: bañarse, usar el baño, cargar el teléfono, lavar la ropa. Pero nada le pesa. Pasó cinco meses sin poder verla. No dice su nombre, ni lo dirá, por miedo a que cualquier palabra se convierta en castigo, en retraso, en represalia. Habla con firmeza y sin victimismo: «Irnos a la casa es como dar espacio a que no se cumpla lo que se prometió». Se quedará. “Hasta el final. Hasta llevarnos a nuestros familiares”.
La mayoría de quienes esperan frente al Rodeo I vienen de lejos: Zulia, Aragua, Nueva Esparta. El primer día, algunas madres se agruparon y entre cinco pagaron una habitación para pasar la noche. Pero todo tenía un costo extra. Dos mil bolívares por el cuarto. Dos mil más por un colchón. Cien bolívares por usar el baño. Cien más por cargar el teléfono. Un pequeño circuito de supervivencia convertido en negocio para las dos bodegas que quedan a pocos metros de la entrada del penal.
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Tan rápido como pudo, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos consiguió donaciones: colchones, alimentos. Porque no es sólo el pasaje de quienes viajaron horas en autobuses interurbanos, sino el gasto diario, que fácilmente supera los diez dólares. Aun así, aunque el desgaste apriete, la solidaridad pesa más. La red que se ha tejido entre los familiares y también con los vecinos sostiene el campamento. Se acercan y preguntan: «¿Tienen ropa para lavar?». Se la llevan y la devuelven en la noche. Llevan café, té, comida caliente. La tristeza convive con una humanidad que se sirve en cada desayuno y en cada almuerzo preparado con sacrificio.
Ellos se bañan allí. Comen allí. Duermen allí. Se han vuelto parte del barrio. Llegaron convencidos de que las boletas de excarcelación ya estaban firmadas, de que sólo había que esperar a que se abrieran las puertas para el regreso a casa. Pero las puertas no se abrieron, no para todos… aún.
Youfranny Aponte es una de esas vecinas que sostienen la espera. En las tardes, se sienta en un banquito de plástico, junto a su mamá, cerca de las carpas, con una cava con comida y un termo de café. Ha ofrecido su casa para que puedan bañarse o lavar ropa. «Cobran cinco dólares por bañarse. Al final, lo que tienes para almorzar se te va en eso. A veces no se tiene ni siquiera para tomar agua. Que una persona te apoye y te brinde una mano amiga mano es muy necesario».
Las rondas no se detienen. No hay mezquindad ni jerarquías. Circulan bandejas con tortas, pancitos con jamón, chucherías, manzanilla. La comida alcanza. La bondad también. En medio de una economía que golpea todo, estos gestos sobreviven porque el sentido del servicio y del afecto se imponen. Están allí por razones profundamente dolorosas, pero lo que se comparte, cada día, es, de nuevo, una forma obstinada de humanidad.
La espera como vigilia: altares, amenazas y fe
El camino hacia la casa donde se hace la vigilia cerca del Centro Nacional de Procesados y Penados Militares, conocido como Ramo Verde, es empinado y angosto. Una sola vía que sube y baja como si obligara a elegir entre avanzar o devolverse. De noche, el asfalto se oscurece aún más y la precariedad que arropa la zona no disuade a nadie. Llegan familias de Trujillo, de la Guajira, de pueblos que quedan a horas de distancia. Llegan con fotos plastificadas, pancartas, velas, rosarios. Con nombres aprendidos de memoria.
Antes de entrar a la casa, hay que bajar unas escaleras. Son de concreto, estrechas, irregulares. En una platabanda, una bandera de Venezuela cuelga de una pared de bloques rojos. A su alrededor, fotos de presos políticos que aún no han sido excarcelados. Los familiares se detienen ahí unos segundos. Revisan las pancartas. Se inclinan. Buscan. Recogen. Sonríen, sonríen de verdad cuando reconocen un nombre tachado, una foto que ya no debe estar porque encarna la certeza mínima de que alguien salió. La alegría es breve, pero existe. Y alcanza.
La vigilia no se hace frente a la prisión militar. No se puede. Amenazas de miembros de las Unidades de Batalla Bolívar Chávez (UBCH) lo impiden. Por eso la esposa del teniente Reinaldo Finol, Nelsy Rodríguez, ofreció su casa. Está a apenas unos minutos de la cárcel, la tercera del país con más presos políticos: 77 en total, según Foro Penal. Abrió la puerta de su hogar el tercer viernes de enero para que la fe tuviera dónde pasar la noche.
Dentro, las voces suben el volumen. Se toman de las manos. Se abrazan. Rezan. No piden milagros, sólo que la promesa de excarcelación anunciada por Jorge Rodríguez no se diluya. Han pasado cinco años y cuatro meses desde que Finol fue arrestado. Su caso es el del llamado «americano espía», Matthew John, quien fue canjeado por los sobrinos de Cilia Flores detenidos en Estados Unidos. Junto a Finol, diez compañeros más fueron detenidos. Hoy, él y Darwin Urdaneta son los únicos que siguen sin libertad.
«Hay libertades políticas. Exigimos la liberación de ellos y de todos los presos políticos que están detenidos injustamente”, pide Nelsy en medio de la vigilia. Su clamor se volvió coro: «libertad, libertad, libertad». Luego, otro grito: «ninguno es delincuente, todos son inocentes».
Esa noche, el hijo de Nelsy también estaba. Todavía es un niño, pero después de semanas, finalmente supo lo que ocurre con su padre. Durante años se lo ocultó. Pensó que era demasiado pequeño para entender. Ahora, es él quien sostiene una vela dentro de un vaso. La luz le ilumina el rostro en ese callejón oscuro, a pocos metros de Ramo Verde. «Que liberen a mi papá», dice. No conoce aún la dimensión de las condiciones que atraviesa su padre, ni las de los más de 800 presos políticos que siguen encerrados en Venezuela. Pero sabe pedir. Y sabe esperar.
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*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
