Enfrentamiento en la Cota 905 puso en evidencia las deficiencias del Cicpc
Desde la creación de las llamadas “zonas de paz”, el Estado ha dejado en manos de organizaciones y bandas criminales el control de varios sectores, a cambio de un desarme que nunca se ha producido
Zulvyn Díaz y Luisa Quintero
El viernes 26 de julio inició con tiros y explosiones para los habitantes de la parte alta de la Cota 905, barrio popular del oeste de Caracas y que sirve como “zona de paz”. El enfrentamiento entre funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) con integrantes de la banda de “El Coqui” dejó en evidencia las limitaciones de los cuerpos de seguridad venezolanos para tratar con las organizaciones criminales.
Fusiles de asalto AK-47, AR-15 y granadas contra pistolas 9 mm. Esa fue la primera limitación de los funcionarios del Cicpc. La segunda, el tema de proporcionalidad. La banda de “El Coqui” está compuesta por al menos 130 hombres, que van desde los 14 años (jóvenes captados para ser “gariteros” o vigilantes en la zona y vender drogas en pequeñas cantidades) hasta superar los 40; mientras que los funcionarios apenas sobrepasaban la treintena de personas.
También está el hecho de que “la Cota”, como le dicen sus habitantes, es una “zona de paz”, un espacio convenido entre el gobierno chavista y bandas criminales armadas desde 2013 para impulsar un proceso de desarme y reinserción social.
Las conversaciones fueron lideradas por el entonces viceministro de Interior José Vicente Rangel Ávalos (ahora alcalde del municipio Sucre, Miranda) con 280 bandas con el objetivo de que abandonasen las actividades delictivas y, a cambio, el gobierno les proveería de empleos e insumos para aquellos que se dedicaran a alguna actividad comercial lícita.
La Cota 905 forma parte de las zonas de paz desde agosto de 2017, luego de un acuerdo entre los habitantes del barrio y funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. El acuerdo estableció que los cuerpos policiales no pueden entrar al sector, a cambio de que los delincuentes no asesinaran a policías.
El criminólogo Luis Izquiel acota que el Estado cometió un error al ceder espacios a las bandas criminales, pues “terminaron empoderándolos y recibiendo un mensaje de apoyo que ninguna organización criminal debe recibir de parte del Estado”.
“Es un problema al tratar de importar soluciones que ya habían fracasado en otros países, simplemente repetimos el error y tuvimos los mismos resultados”, dice Izquiel.
La visión de Izquiel se ratifica con las declaraciones de la ministra de Asuntos Penitenciario, Iris Varela, quien dijo a Últimas Noticias que ese enfrentamiento fue “una puesta en escena” y está de acuerdo en entregar a los funcionarios de ese organismo al Ministerio Público.
A juicio de Varela, todas estas actuaciones y videos de enfrentamientos de grupos armados con funcionarios de seguridad son “planes” impulsados desde la oposición para desestabilizar. “Es como una violencia selectiva que tiene como blanco a funcionarios de seguridad para generar incertidumbre”.
Manos atadas
El comisario jubilado del Cicpc Sergio González asegura que en situaciones como la ocurrida en la Cota 905 “los funcionarios están con las manos atadas, porque no pueden actuar frente a los delincuentes y eso repercute directamente en la seguridad de la ciudadanía”.
Fuentes policiales indicaron a TalCual que un claro ejemplo de esto es que “los funcionarios de la División Antiextorsión y Secuestro -perteneciente al Cicpc- tienen plenamente identificados a los integrantes de una banda que opera en distintas zonas de Caracas y que lleva sus víctimas hasta El Cementerio”, en el municipio Libertador (Distrito Capital).
Lo anterior es corroborado por familiares de víctimas, que han tenido que acudir a la avenida principal de esa zona, en compañía de una comisión del Cicpc, para la entrega del dinero del rescate.
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“Por ser una zona de paz nosotros no podemos hacer nada contra los delincuentes, quienes descaradamente cobran el rescate frente a nosotros”, reveló una fuente que pidió reservar su identidad.
La mutilación en la ejecución de las funciones de los efectivos de la policía científica, minimiza su figura de autoridad frente a los delincuentes que se saben protegidos “por órdenes de arriba”.
En Caracas existen al menos cinco bandas criminales de grandes características: “El Coqui” que controla la Cota 905; la del “Loco Leo” que “maneja” la zona de El Valle; la de «El Macua» (asesinado en 2017) que controla El Guarataro y actualmente quedó en manos de uno de sus hermanos; otra banda ubicada en El Cementerio; y la de alias “El Galvis”. Esta última banda está ubicada también en la Cota 905 pero se fusionó con “El Coqui”.
Fuentes policiales explican que las llamadas “mega bandas” nacen precisamente de la “unión” y el trabajo conjunto de una organización criminal de un determinado lugar con otra. Un ejemplo de esto fue el apoyo que recibió el 26 de julio la banda de alias “El Coqui” por parte de la organización criminal de El Valle.
Sin poder de acción
El Cicpc es el principal órgano de investigación de Venezuela y está a cargo del esclarecimiento científicos de los delitos, con celeridad, imparcialidad y apego al debido proceso. La actuación de algunos de sus funcionarios, que han sido señalados públicamente de estar involucrados en delitos, ha opacado la imagen de la policía científica ante la colectividad.
Para González, parte de la descomposición que existe dentro de este cuerpo policial se debe principalmente a la falta de criterio de selección y formación de los futuros detectives del órgano investigador.
El también profesor de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (Unes) relata que hace unos días un comisión del Eje Central de la División contra Homicidios se presentó en la institución para dar con el paradero de joven en formación de la institución, quien estaba solicitado por dos asesinatos. “Es necesario devolverles la autonomía que los cuerpos policiales tenían. La deficiencia en la formación de los nuevos hombres de la seguridad, deriva en funcionarios inmersos en el delito”, señala González.
El abogado indica que el Cicpc conoce de todos los delitos, desde lesiones personales hasta robos, homicidios y el desmantelamiento de organizaciones criminales dedicados a actividades como el narcotráfico.
Además, existe una petición ante el Ministerio de Interior y Justicia para que “deslastre” al Cicpc de los llamados delitos menores (lesiones personales, consumo de drogas, hurtos de poca cuantía). La propuesta ha sido que estos delitos menores sean manejados e investigados por las policías estadales y municipales.
Desde hace un tiempo, a todas las divisiones operativas les fueron retiradas las armas largas, incluso a la División Nacional Antiextorsión y Secuestro, que es una brigada de choque y debería poseerlas por el tipo de delitos a los que se enfrentan.
Solo la Brigada de Acciones Especiales (BAES) posee este tipo de armamento, pero su acción es mucho más limitada, “no funciona al 100% como debería”.
“Con dinero y sin problemas”
La actuación de los funcionarios en delitos, además de ser irregular, representa un completo riesgo para la colectividad por dos factores importantes: la falta de apoyo por parte del Estado a los cuerpos policiales, les da licencia a los criminales para cometer sus fechorías, tras saberse salvo en sus terrenos de «paz»; también muchos de los funcionarios encuentran en la degradación del honor de la institución, motivos para incurrir en delitos.
Sergio González asegura que cada vez son más los funcionarios que ven en el mal funcionamiento de la institución una oportunidad de obtener ganancias. “Muchas veces cuando el detective detiene a un delincuente, debe soltarlo por órdenes superiores, por lo que muchos optaron por no detenerlos, sino que les cobran vacuna y lo dejan ir”.
Otro problema radica en que las cárceles dejaron de ser una zona donde se rehabilita a los presos y se les otorga herramientas para a su reinserción en la sociedad. “Ahora los malhechores prefieren estar presos que en las calles, porque estando presos salen cometen delitos y se enconchan en la cárcel, porque están mejor protegidos por el Estado”, afirma González, al tiempo que menciona que “la situación no va a cambiar porque cambien al director, porque la orden es la misma”.
