Cicpc y MP se negaron a recibir denuncias por agresión a madres, denuncia Surgentes
El colectivo Surgentes y un grupo de madres de presos políticos reclamó que no les aceptaron las denuncias por el robo y las agresiones sufridas la noche del martes por un grupo de colectivos a las afueras del Tribunal Supremo de Justicia. «Nos quitaron las cédulas y no nos aceptaron poner una denuncia. No somos responsables de lo que pueda pasar con nuestros teléfonos y nuestras cédulas de identidad», dijo una mujer
El colectivo Surgentes rechazó las dificultades que, aseguró, tuvieron familiares de presos políticos para denunciar formalmente las agresiones que sufrieron la noche del martes por parte de un grupo de personas, identificados como colectivos, durante una vigilia a las afueras del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
«Tuvimos que hacer una colecta para que las mujeres pudieran regresar a sus ciudades porque nos dejaron sin absolutamente nada, y además ni siquiera tenemos la posibilidad de poner una denuncia para que las autoridades investiguen a los responsables de estos hechos y puedan sancionarlos», afirmó Martha Grajales, activista de Surgentes.
Frente a la sede del Ministerio Público indicó a la prensa que, cerca de las 10:00 de la noche del martes, un grupo de personas, «algunas de ellas encapuchadas» y con «pistolas», llegaron en «más de 50 motocicletas» y robaron pertenencias como teléfonos y documentos de identidad a los manifestantes, en su «gran mayoría mujeres».
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La vigilia tenía como objetivo exigir una reunión con la presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez, para solicitar la revisión de los casos judiciales de los detenidos tras las presidenciales de 2024, así como para denunciar la «falta de respuestas de las autoridades» a sus peticiones.
«Nos sacaron de manera violenta, amenazante, mostrándonos armas de fuego, diciéndonos que no podíamos estar ahí», aseguró la activista, quien denunció que también recibieron «patadas, empujones».
Madres sin respuesta
Martha Grajales explicó que el miércoles un grupo de familiares acudió al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y recibieron cuatro denuncias por robo de cédulas de identidad y celulares, aunque no por agresiones. Luego «nos dijeron que ellos ya no podían recibir más de esas denuncias porque eran colectivos».
En el Cicpc también les dijeron que debían acudir a la sede del Ministerio Público en la avenida Urdaneta. En ese lugar los remitieron a la Oficina de Atención a la Víctima. La activista relató que fue atendida, pero le respondieron que debían presentar los seriales y caja de los equipos robados, «pero que esa denuncia no procedía por ahí».
«Somos un grupo de mujeres que estaba ejerciendo un derecho constitucional, que venimos a poner una denuncia por el tipo de agresión que sufrimos y nos dicen que no pueden tomar esa denuncia», reclamó.
Una de las madres agredidas pidió a las autoridades que investiguen las agresiones, aunque cree que el suceso quedarán sin respuesta. «Aquí nos violaron todos los derechos. Hablan de terrorismo, pero ¿cuál es el terrorismo? Esa avanzada de 50 encapuchados de esos que llaman colectivos, maltratando».
Reiteró que los presos poselectorales no están involucrados en hechos terroristas, como lo han dicho las autoridades. «Fuimos a todas (las instituciones) y ninguno nos ha puesto cuidado. Aquí no tenemos derechos humanos, aquí la ley no sé para qué es, porque para nosotros como venezolanos no».
Insistió que a muchas madres no les recibieron las denuncias. «Nos quitaron las cédulas y no nos aceptaron poner una denuncia. No somos responsables de lo que pueda pasar con nuestros teléfonos y nuestras cédulas de identidad».
Por su parte, Grajales señaló que el colectivo espera que el MP, luego de la denuncia pública ante medios de comunicación, inicie la investigación y el TSJ entregue las grabaciones del lugar y se constate la agresión.
Con información de Efecto Cocuyo
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