Encapuchados y vestidos como presos, familias reclaman condiciones inhumanas en cárceles
Andreina Baduel señaló que son más de 700 presos políticos en el país, y al menos 50 de ellas están en graves condiciones de salud como su hermano, que requiere varias operaciones
Familiares y activistas del Comité por la Libertad de los Presos Políticos protestaron la mañana de este jueves para reclamar las «condiciones inhumanas» y torturas a las que, aseguran, son sometidos más de 700 personas detenidas por razones políticas en las cárceles del país.
Con la franela y mono azul o amarillo, el uniforme asignado a los privados de libertad, los familiares denunciaron que en las cárceles la alimentación es insuficiente, la mayoría carece de atención médica, sufren aislamiento y «torturas psicológicas» constantes, además de las deficiencias que presentan las infraestructuras carcelarias, especialmente en servicios públicos como el agua.
Nancy Peñaloza, madre de uno de los presos por la operación Gedeón (2020), se arrodilló frente al Ministerio de Servicio Penitenciario y solicitó entre lágrimas que las autoridades no humillen más a sus hijos.
«Cada 15 días es que podemos llevarles comida al Fuerte Guaicaipuro, ustedes humillan a los muchachos en el Rodeo I, a las mujeres… ¿Por qué tanto odio?», reclamó entre lágrimas. Pidió además que le «quiten el sufrimiento a las madres, a los hijos» y esposas.
Los familiares recrearon en la protesta los procedimientos de traslado y visita en algunas cárceles. En Rodeo I, deben ingresar encapuchados hasta el área donde pueden comunicarse con su familiar a través de un teléfono. Permanecen rodeados de custodios y no pueden abrazarlos, solo verlos por un vidrio. Esta situación se repite en el fuerte Guaicaipuro. A algunos presos también les restringen la movilidad de sus manos.
Andreina Baduel, hermana del preso político Josnars Baduel, señaló que son más de 700 personas las que permanecen detenidas por motivos políticos en el país, y al menos 50 de ellas están en graves condiciones de salud como su hermano, que requiere varias operaciones.
El grupo entregó un documento a Wilman Orozco, jefe de Departamento a la familia del Ministerio, donde se detallan la crisis alimentaria, falta de atención médica y las condiciones de «horror» en las cárceles.
Denunció además que en las cárceles del Rodeo I y Fuerte Guaicaipuro, que son manejados por la Dgcim, hay funcionarios con el uniforme del Ministerio de Servicio Penitenciario, lo que los hace «cómplices» en graves violaciones de derechos humanos.
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En la protesta Carmen Teresa Navas, de 81 años, reclamó nuevamente por información sobre el paradero de su hijo, Víctor Hugo Quero, detenido en enero de 2025 y quien habría estado recluido en el Rodeo I hasta el mes de octubre.
Mayra Morales aseguró que su hermano Ricardo Fonseca, uno de los presos por la operación Gedeón, tiene «signos de que los están inyectando… ¿Qué están haciendo con los gedeones allá? ¿Qué están haciendo con los presos que están en el Fuerte Guaicaipuro? ¿Los están drogando?».
También recordó que los 33 detenidos por esta causa tienen evidentes signos de desnutrición, y estuvieron desaparecidos durante varios meses hasta que se les permitió una visita a mediados de febrero.
#AHORA | “Vean la foto de mi hermano, cómo lo conseguimos, todos están en las mismas condiciones. Tienen signos de que los están inyectando… ¿Qué están haciendo con los Gedeones? Los están drogando”, denunció Mayra Morales, familiar de militar preso político.
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— VPItv (@VPITV) March 19, 2026
Andrés García, sobrino de la abogada Helem Ojeda Palacios, aseguró que su tía fue «secuestrada» por funcionarios de la Dgcim el 10 de diciembre de 2025. «Estuvo 45 días desaparecida y fue hasta el 23 de enero que pudimos tener acceso a comunicación con ella. La vinculan con ser parte del Tren del Llano y con la banda del señor apodado el Fiebre».
Sin embargo, puntualizó que Ojeda, quien ejerce como jueza de ejecución del Circuito Judicial Penal de Apure, fue amenazada en 2024 por el delincuente. «Ella hace las denuncias competentes, hay pruebas como ella denunció este caso, estuvo resguardada y custodiada en su casa, cuidando su integridad y la de sus hijos, y estas pruebas no se toman en cuenta».
La jueza, con dos niños menores de edad y con problemas de salud, se encuentra recluida en La Crisálida, una cárcel para mujeres ubicada en Los Teques. «Exigimos que se cumplan los acuerdos de amnistía, nosotros hicimos la solicitud y no recibimos ninguna respuesta, tampoco aceptaron abogado privado y el defensor público que se le coloca, Ángel Díaz, ha tenido una actitud hostil con este caso».
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
