Eduardo Torres cumple cuatro meses detenido: está incomunicado y sin audiencia preliminar
El abogado Eduardo Torres lleva cuatro meses incomunicado en El Helicoide; su audiencia preliminar ha sido diferida en dos ocasiones y Provea advierte que su detención forma parte de un patrón de persecución contra defensores de derechos humanos. Afirman que es inocente de los casos que se le acusan
El abogado de Provea y defensor de derechos humanos Eduardo Torres cumple este martes 9 de septiembre cuatro meses detenido. Desde el pasado 9 de mayo, cuando fue apresado en los alrededores de Parque Central, en Caracas, tras salir de una reunión, permanece incomunicado y sin que se le haya realizado la audiencia preliminar, pese a haber sido convocada en dos oportunidades.
Torres está recluido en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) de El Helicoide, pero no tiene derecho a recibir visitas. Aunque le fue designado un defensor público, no se le permite designar un abogado de confianza.
El coordinador de exigibilidad de Provea, Marino Alvarado, explica que ante las violaciones de los derechos de Torres, la ONG introdujo una acción de amparo, pero el tribunal la declaró inadmisible. «Apelamos y está en la Sala Constitucional, pero desde el 12 de mayo también hay un Habeas Corpus y no ha habido ninguna acción. Ni siquiera han cumplido con lo obligatorio por ley, como notificarle a la Defensoría del Pueblo», denuncia y agrega que lo único que hay es la designación de la magistrada.
La primera audiencia de Eduardo Torres fue suspendida, sin justificación. El tribunal sostuvo que no fue trasladado por funcionarios del Sebin y tampoco se le realizó audiencia telemática. La segunda convocatoria que estaba planificada para el 8 de septiembre tampoco se dio.
Provea pudo conocer de manera extraoficial «que el juez tercero contra terrorismo, llamado Ángel Betancourt Martínez (a cargo del caso) fue detenido por el Sebin».
Alvarado denuncia que el defensor de derechos humanos tiene un estatus de «preso político sometido a aislamiento prolongado» y detalla que en el derecho internacional esa acción califica como «forma de trato cruel» y aunque los familiares no han podido verlo, saben que está en El Helicoide porque allí les reciben la paquetería (ropa, comida y otros insumos) los días viernes.
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Patrón sistemático
Para Marino Alvarado la detención de Eduardo Torres responde a un patrón sistemático de persecución contra la disidencia y contra defensores de derechos humanos.
El Ministerio Público indicó por medio de una publicación en Instagram que Torres «a través de una estructura denominada Nodos de Formación Ciudadana, financiada por agentes extranjeros, usaba talleres de formación como fachada para organizar focos de violencia llamando a la destrucción de los centros electorales y propagando mensajes de odio y aniquilación hacia las autoridades del Estado legítimamente constituidas».
Sin embargo, el abogado Alvarado asevera que «Eduardo no estaba en ninguna actividad que atentara contra la seguridad del Estado. Era un abogado laboralista, defensor de los derechos de los trabajadores, formador de más de 500 sindicalistas en derechos laborales». También acompañaba a familiares de los presos políticos. Con su detención, «intentaron silenciar a Provea, pero no lo han logrado ni lo van a lograr. A nosotros no nos van a silenciar».
Al momento de su detención, Torres llevaba varios casos de desaparición forzada. «En mayo teníamos 19, luego se extendieron a 23. Eduardo acompañaba directamente a las familias. Su arresto es un mensaje de intimidación, pero seguimos acompañando a los detenidos y sus allegados», señaló Alvarado.
El activista advierte que en el país existe actualmente una política sistemática de desaparición forzada e incomunicación prolongada: «Hay más de 50 personas en aislamiento prolongado, algunas desde hace más de un año. Todos los detenidos políticos pasan por desaparición forzada al momento de su captura. Y eso no solo constituye trato cruel contra el preso, sino también contra la familia, como lo han señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas».
Recuerda que incluso se registran detenciones temporales, con amenazas y ruleteo, que no llegan a denunciarse públicamente por temor de los familiares. «Los casos son más de los que se conocen. Nadie está a salvo en el país», concluye.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
