EDITORIAL | Feminicidas, sin honor ni gloria
La tarde del miércoles 19 de octubre, Adriana del Carmen Morales Quevedo, de 47 años de edad, fue asesinada. Adriana fue víctima de feminicidio en el pasillo de su propia casa, tratando de huir de su agresor, mientras sus hijos adolescentes se escondían aterrorizados en el baño de la casa. Su agresor, el femicida era su esposo.
La versión policial indica que Luis Felipe González Borjas, general de la Fuerza Armada y gerente en el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, asesinó a su esposa luego de que ella le dijera que se quería ir de la casa. La persiguió, la interceptó en el pasillo, le disparó y luego él se quitó la vida. Todo esto ocurrió en el urbanismo al que se habían mudado hace apenas tres meses, ubicado dentro de una instalación militar, en Fuerte Tiuna.
El patrón de este hecho por terrible que se observe es más común de lo que parece. Es un problema sistemático.
La organización Utopix realiza un monitoreo mensual de los femicidios registrados en la prensa nacional, ya que la ausencia de cifras oficiales que son responsabilidad del Ministerio Público solo se conocen esporádicamente y sin desagregar ni caracterizar.
En el monitoreo correspondiente a julio de este año, de los 20 femicidios registrados, 13 fueron cometidos por las parejas o exparejas de las víctimas. 11 de ellas eran madres. Ocho fueron asesinadas con armas de fuego.
El año pasado, el monitoreo que registraba nueve meses de casos reflejaba un patrón: siete femicidios habían sido cometidos por parejas de las víctimas que además eran funcionarios policiales y militares. En 6 de estos 7 casos, el femicida asesinó a su pareja con el arma de reglamento.
Esto los convierte en «femicidas institucionales». No se trata de casos aislados, es una política de impunidad.
Pero hasta la impunidad institucional que sufre el país está rebasando todos los límites. Horas después de conocerse el femicidio de Adriana Morales, mujer con nombre propio y víctima de violencia de género, la institución de la cual formaba parte su agresor le dedicó un obituario en el que «lamenta la repentina partida física» y le dedicó un exclamativo «Honor y Gloria».
La violencia de género tiene raíces tan profundas que hasta llamarla por su nombre ha costado décadas: no es cualquier «partida física», no es un «crimen pasional», no es un «ataque de celos». Es femicidio.
El femicidio es el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres. Es el resultado de una «forma extrema de violencia de género, causado por odio o desprecio a la condición de mujer que degenera en su muerte producidas tanto en el ámbito público como privado», según reza el artículo 15 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
El femicidio está motivado por creer que se tiene derecho o superioridad sobre las mujeres o por la suposición de propiedad sobre ellas.
Pero el feminicidio va más allá. Es más que un término usado como sinónimo. La investigadora mexicana Marcela Lagarde le da un significado político porque denuncia la falta de respuesta del Estado en estos casos y ante la impunidad y la inacción, el feminicidio es un crimen de Estado.
Es una fractura del Estado de derecho que favorece la impunidad”.
En los primeros siete meses de este año, el subregistro que contabilizan ONG e instituciones que trabajan el tema de violencia basada en género en Venezuela sumaban más de 130 mujeres asesinadas, una cada 39 horas. Para ellas no hubo honor ni gloria. La Fiscalía venezolana presentó cifras de 2021, en las cuales apenas 20% de los casos de violencia de género denunciados ante el Ministerio Público llegaban a una imputación y un escaso 9% de las acusaciones presentadas ante tribunales especiales obtuvo una sentencia condenatoria.
Por eso no puede haber honor ni gloria para los agresores. No hay honor ni gloria para los hijos huérfanos que son víctimas secundarias de la violencia de género. No hay honor ni gloria en la impunidad institucional. No hay honor ni gloria y mucho menos respeto para el nombre de la verdadera víctima: Adriana Del Carmen Morales Quevedo.
