Dgcim trata de ocultar violaciones a DDHH con «visita de jueces» a sus instalaciones
Por primera vez las autoridades de la Dgcim también informan sobre la cantidad precisa de presos en sus instalaciones. El coronel Alexander Granko, jefe de la Dirección de Asuntos Especiales, dijo que de los 109 presos en Boleíta, 96 son hombres (88%) y 13 son mujeres (12%)
La Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) es uno de los principales organismos de seguridad cuestionados en informes nacionales e internacionales de organizaciones en pro de los derechos humanos. Torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, desapariciones forzadas y hasta asesinatos son algunos de los señalamientos que pesan contra la Dgcim, que intenta limpiar su imagen en visitas institucionales a jueces y fiscales del Ministerio Público.
El 14 de octubre, en Últimas Noticias se publicó una «crónica» sobre la visita de un grupo de jueces a las instalaciones de la Dgcim en Boleíta, la sede principal de este cuerpo de seguridad en Caracas. Supuestos permisos de visitas a los presos, ejercicio, comidas favoritas garantizadas y hasta una embolletadora son algunas «bondades» de las que presumió el director de la Dgcim, Carlos Terán.
A pesar de la visita, en la nota solo se menciona que hablaron con algunas detenidas en esas instalaciones, «quienes preguntaron por medidas cautelares tramitadas. El juez 3° de control en materia contra el Terrorismo, José Mascimino Márquez, les explicó que toda solicitud es estudiada». Pero no se mencionan prácticas como el privarlos de agua, comida y visitas por cortos o largos periodos de tiempo, palizas y otras prácticas lesivas de los derechos humanos de los presos.
Estos hechos sí constan en los reportes e informes de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y más recientemente por parte de la Misión de Verificación de Hechos sobre Venezuela, un mandato del Consejo de DDHH de la ONU que el pasado 24 de septiembre se extendió por dos años.
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Por ejemplo, la Misión de Determinación de Hechos menciona en su informe que investigó 77 casos en los que la Dgcim arrestó, detuvo y torturó a oficiales militares activos y retirados y a civiles que estuvieron asociados a estas denuncias. También confirmaron algunas prácticas de tortura con exfuncionarios de ese cuerpo de seguridad: «Había tortura en los centros de detención. Lo supe por los colegas que me hablaron de ello. Tenías que sacarle la información a la persona a cualquier precio».
Además, la Misión identificó seis lugares de detención clandestinos o no oficiales, entre ellos un lugar dentro de las instalaciones de Fuerte Tiuna. Este sitio fue confirmado por Carlos Terán a los jueces y fiscales durante la visita bajo el nombre de «La Venezuela de Antier», que tendría una capacidad para albergar a 16 presos «y actualmente está ocupada con dos privados de libertad».
El director de la Dgcim también confirmó algunos de los nombres por los cuales se conocen a áreas de la Dgcim en Boleíta: La «pecera», que es el sitio donde se reciben a las visitas y abogados; «Los Aleros», un espacio con capacidad para tener detenidas a 49 personas; «La Casa de los Sueños», construida para 48 presos, y donde actualmente están detenidos 39; la «Habitación Hilton», diseñada para 10 presos y donde están recluidos seis generales; y por último un anexo femenino ocupado por 12 mujeres, «justamente la capacidad para el cual fue concebido».
Por primera vez las autoridades de la Dgcim también informan sobre la cantidad precisa de presos en sus instalaciones. Según la nota de Últimas Noticias, el sancionado coronel Alexander Granko, jefe de la Dirección de Asuntos Especiales, dijo que de los 109 presos en Boleíta, 96 son hombres (88%) y 13 son mujeres (12%).
En total serían 68 civiles apresados por distintas causas y 41 militares. 33% de los detenidos estarían siendo procesados por conspiración y rebelión. «Luego siguen los procesados por corrupción (13%), sustracción de efectos pertenecientes a la FAN (13%), tráfico de armas (7%) y homicidio (2%)», habría informado Granko, quien también es señalado dentro del informe de la Misión de Verificación de Hechos como uno de los responsables de graves violaciones de derechos humanos en el país.
La publicación de Últimas Noticias solo hace mención de uno de los 41 militares, según cifras de la misma Dgcim, que estarían recluidos en esas instalaciones: «Hay una escena donde al general Héctor Armando Hernández Da Costa, uno de los procesados por el magnicidio frustrado del 4 de agosto de 2018, se le ve con un balón en la mano jugando con otros militares de alto rango. Da Costa sonríe al encestar el balón de basquetbol frente a sus compañeros de juego».
No se menciona el pronunciamiento del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, que el 12 de julio de 2020 solicitó la liberación inmediata de Hernández da Costa, pues su detención «es contraria a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos».
Tampoco constan las denuncias de su hija, Loredana Hernández, quien en junio de este año manifestó su preocupación por la pérdida de peso del exjefe del Comando Antidrogas de la Guardia Nacional, y la poca rigurosidad en el tratamiento médico que debe seguir.
Se pudo conocer, a través de la nota de Últimas Noticias, que en días pasados los enviados de la Alta Comisionada Michelle Bachelet visitaron las instalaciones del Dgcim, y se entrevistaron con 29 presos dentro de sus celdas. La visita, que forma parte del convenio suscrito por Venezuela y la Alta Comisionada, es una de las pocas que se han permitido a los centros de detención fuera del sistema carcelario venezolano durante la pandemia por covid-19, hecho que la misma funcionaria de la ONU ha resaltado en sus informes.
