Denuncian que exjueza Luz Santafé cobraba en dólares para modificar sus sentencias
Afectados por las decisiones de la exjueza Luz Santafé brindaron su testimonio de las presuntas irregularidades cometidas por la oficial del Ejército mientras estuvo al frente del Tribunal Militar en Carabobo
Luego de que la exjueza militar Luz Santafé, responsable de juzgar en Carabobo a muchos estudiantes y al diputado a la Asamblea Nacional Gilber Caro, huyera a Colombia y «pidiera perdón» por sus actos cometidos y posterior a la decisión del parlamentario de otorgarle su perdón, varias personas expresaron su testimonio ante el canal EVTV de Miami en donde denunciaron que la mayor del Ejército cobraba dinero para «cambiar sentencias» y «disfrutaba» de las sentencias.
Uno de los entrevistados en ese espacio fue el abogado penalista y de derechos humanos Eliécer Jiménez, que actualmente se encuentra asilado en Bélgica y que defendió a varias personas durante las protestas de 2017 en el juzgado presidido por Santafé, denunció que la oficial de la Fuerza Armada Nacional «gozaba» con las directrices que daba en la corte y «sonreía» cuando dictaba la privativa de libertad.
«Por eso cuando la escucho, me suena fatua su declaración. Es absolutamente inmoral y evidencia falsedad absoluta. Esa señora realizaba las audiencias con el celular en la mano y ahí le decían lo que tenia que hacer», alerto.
Jiménez señaló que bajo la jurisdicción de Santafé pasaron más de 600 personas entre enero y julio de 2017, que fueron presentados en la corte de forma inconstitucional; muchos de ellos que estaban en protestas pacíficas, transeúntes y jóvenes que iban a clases.
Aseveró que «vivía escoltada por miembros del Dgcim» y dijo que cuando llegó a Carabobo, vivía en «una de las mejores urbanizaciones del estado Carabobo y después en el destacamento militar.
«Es una mentira lo que presentó ayer. Fue pusilánime cómo expuso sus alegatos (…) es fácil pedir perdón cuando no se reconoce la violación sistemática de Derechos Humanos en Venezuela».
Acusó a la Mayor de «tener tarifas y una red de delincuentes» a su servicio, supuestamente compuesta por fiscales militares y abogados privados a quienes al parecer les hacía llegar la información de cuánto tenían que depositar los afectados para «cambiar los delitos que inventaba». En ese sentido, negó que los expedientes llegaban a sus manos armados. «Los fiscales militares llegaban sin nada y todo se orquestaba en la misma sala del tribunal».
Otra de las afectadas, que prefirió permanecer en el anonimato por seguridad, manifestó que tanto su hijo como otros muchachos fueron torturados durante su reclusión, que fue ordenada por Santafé. «Yo le pagué a la jueza. Negocié la libertad de mi hijo. Muchas familias humildes vendieron sus bienes porque esta señora no tuvo piedad ni misericordia. Cobraba por liberar a los muchachos (…) Yo pagué 1.000 dólares».
Para la señora es un «show» lo que la oficial del Ejército hizo porque cree que «se las está jugando». Recordó que cuando Rafael Lacava era candidato a la gobernación, les decía a los jóvenes privados de libertad que si no se ponían la franela del entonces aspirante y no se dejaban grabar en el estadio y darle las gracias a Lacava, podrían volver a la cárcel.
