Defensoría del Pueblo de Colombia gestiona caso de Ligia Bolívar ante inadmisión de visa
La defensora de derechos humanos Ligia Bolívar denuncia que su visa fue inadmitida por un cambio arbitrario en las reglas migratorias en Colombia, una situación que asegura afecta a miles de venezolanos que huyeron de la emergencia humanitaria y la persecución política
La defensora de derechos humanos y coordinadora de la ONG Alerta Venezuela, Ligia Bolívar, quedó en condición irregular en Colombia, luego de que la Cancillería inadmitiera su solicitud de renovación de visa, que venció el pasado 31 de octubre, bajo el argumento de que ella «no mostró interés» en el trámite.
La investigadora venezolana, que reside en ese país desde hace seis años, denuncia que la decisión carece de sustento y responde a un cambio arbitrario en las reglas migratorias. «Yo empecé la solicitud de la nueva visa el 18 de septiembre, mes y medio antes. Envié todos los recaudos. Después hubo un silencio larguísimo. Faltando 15 días para que se venza la visa actual, me comuniqué con la Defensoría del Pueblo porque hay ausencia de respuesta», detalla.
Por medio de un correo electrónico, Bolívar fue informada que para continuar con su visa M Trabajador debía tener un contrato de trabajo diferente «porque no puedo obtener esa visa con ese contrato, pero tengo cuatro años con esa visa, con ese contrato. Es un cambio de reglas de juego que no tiene ninguna explicación lógica y que me genera inseguridad jurídica«, alega.
Bolívar resalta que el mail recibido de Cancillería decía en negrita: «No conteste este correo». Desde esa notificación, la defensora de DDHH se comunicó con la Defensoría del Pueblo para exponer su caso y para buscar mediación con Cancillería, tampoco hubo respuestas; pero el 31 de octubre en la tarde, Cancillería le notificó a la Defensoría que la visa «ha sido inadmitida por desistimiento. Quiero que me demuestren en qué momento desistí, cuando llevo un mes y medio gestionando el trámite», expone.
Ligia Bolívar continúa sus gestiones ante la Defensoría del Pueblo para explorar las próximas acciones para defender sus derechos, aunque está consciente de que una visa no es un derecho.
La inadmisión de la visa para Bolívar tiene consecuencias inmediatas: quedó sin cédula de extranjería vigente, lo que le impide realizar gestiones notariales o administrativas, su contrato laboral no puede ejecutarse porque está en condición irregular. «Si no tengo visa, no puedo trabajar. Si no tengo contrato, pierdo la cobertura de salud que me permite continuar mi tratamiento oncológico», explica.
Pese a la situación, Ligia Bolívar recibió una llamada del superintendente nacional de salud, quien le aseguró —que por instrucciones del presidente Gustavo Petro— su tratamiento médico no será interrumpido; no obstante, la defensora de derechos humanos insiste en que esa respuesta no resuelve el fondo del problema. «El fondo del asunto es que me niegan una visa por un cambio de reglas y alegando algo falso: que no mostré interés. Eso mismo le ha pasado a cientos de personas en Colombia», sostiene.
Bolívar, quien fue fundadora de Provea, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y es reconocida por su labor en la defensa de migrantes venezolanos, cuestiona que este tipo de decisiones se vuelvan frecuentes en Colombia: «He visto muchos casos donde se les niega la visa con argumentos ridículos, como pedir cosas de imposible cumplimiento, como lo que me quieren hacer a mí ahora. Ejemplo: a personas que vienen por menos de tres meses para intercambio académico se les piden títulos apostillados».
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Política dura contra venezolanos
Ligia Bolívar también ha denunciado que la política migratoria colombiana «se ha endurecido» hacia los venezolanos, lo que asegura refleja que la narrativa oficial reduce a los desplazados venezolanos a simples migrantes económicos.
«Lamentablemente, el presidente Petro ha asumido la narrativa del gobierno venezolano de que los que estamos aquí es por culpa de las sanciones. Yo no estoy aquí por culpa de las sanciones. La gran mayoría de los venezolanos que están en Colombia es como consecuencia de la emergencia humanitaria compleja, que es previa a las sanciones, y por la persecución política. Tú no necesitas sanciones para torturar o desaparecer gente», sostiene.
«La población venezolana no es migrante, la población, incluyéndome, son personas con necesidad de protección internacional», enfatiza la defensora de derechos humanos.
Por ahora, Bolívar sigue acompañada por la Defensoría del Pueblo, que evalúa las acciones legales a seguir en su nombre. «Yo no puedo ejercer acciones directamente contra el gobierno colombiano porque con la cédula vencida no puedo hacer nada. No puedo ir ni siquiera a una notaría», dijo.
La investigadora asegura haber recibido una ola de solidaridad de colegas, organizaciones y ciudadanos. «Personas que ni conozco me escriben para ofrecer apoyo jurídico o técnico. Pero más allá de mi caso personal, esto es un mensaje preocupante. Lo que está pasando conmigo no es nuevo; le ha ocurrido a muchos venezolanos», indica
Según datos de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), hasta septiembre de 2024, en Colombia vivían 2.808.968 venezolanos. De estos, 2.351.663 tienen un estatus regular, 1.936.251 tienen su PPT emitido, 340.875 estaban en proceso y 457.305 venezolanos estaban en situación irregular.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
