Defensoría del Pueblo condena agresión a familiares de presos poselectorales en el TSJ
La Defensoría del Pueblo pidió a los familiares «presentar la denuncia formal ante el Ministerio Público» de las agresiones. Un día antes, un grupo de madres y la organización Surgentes denunciaron que tanto el Ministerio Público como el Cicpc se negaron a recibir los reclamos por los ataques de colectivos
La Defensoría del Pueblo condenó este jueves los «actos de violencia» por parte de «sujetos aún no identificados» contra un grupo de familiares de presos poselectorales durante una vigilia la noche del 3 de agosto frente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
La vigilia tenía como objetivo exigir una reunión con la presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez, para solicitar la revisión de los casos judiciales de los detenidos tras las presidenciales de 2024, así como para denunciar la «falta de respuestas de las autoridades» a sus peticiones.
En una nota de prensa, difundida en redes sociales, el defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, pidió a los familiares «presentar la denuncia formal ante el Ministerio Público para recabar evidencias que coadyuven en las averiguaciones ante el ente responsable de investigar y ejercer las acciones penales correspondientes».
Sin embargo, un grupo de madres agredidas y la organización Surgentes –que apoyó la protesta– denunciaron que tanto la Oficina de Atención a la Víctima del Ministerio Público como el Cicpc se negaron a recibir las denuncias por agresiones, y apenas procesaron unas cuatro denuncias individuales por robo de cédulas de identidad y teléfonos celulares por parte de «colectivos».
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Una de las madres agredidas pidió a las autoridades que investiguen las agresiones, aunque cree que el suceso quedarán sin respuesta. «Aquí nos violaron todos los derechos. Hablan de terrorismo, pero ¿cuál es el terrorismo? Esa avanzada de 50 encapuchados de esos que llaman colectivos, maltratando».
Reiteró que los presos poselectorales no están involucrados en hechos terroristas, como lo han dicho las autoridades. «Fuimos a todas (las instituciones) y ninguno nos ha puesto cuidado. Aquí no tenemos derechos humanos, aquí la ley no sé para qué es, porque para nosotros como venezolanos no».
El defensor Ruiz, según recoge el escrito, dijo que «todo hecho de violencia contra personas pone en riesgo la vida e integridad». Hizo un llamado a «evitar este tipo de actos contraproducentes que acarrean daños personales acciones judiciales para quienes lo cometen».
Además, la Defensoría del Pueblo reafirmó «su compromiso con la promoción de la convivencia pacífica y el respeto a los derechos humanos», e insistió en «evitar cualquier tipo de violencia, discriminación o acciones que pongan en riesgo la vida y la integridad de las personas».
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