Crisis penitenciaria se agrava: En menos de 45 días se registran 16 muertes bajo custodia
El Observatorio Venezolano de Prisiones reafirmó su solicitud de investigaciones exhaustivas e imparciales sobre muertes bajo custodia. La organización aseveró que el Estado venezolano «viola flagrantemente» el artículo 43 de la Constitución sobre el derecho a la vida y la protección de personas privadas de libertad, una cuestión que, a su juicio, «cada vez se asemeja más a una operación de exterminio silenciosa dentro de los penales»
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este miércoles una nueva muerte en recintos penitenciarios. La organización señaló que, en menos de 45 días se han registrado 16 fallecidos por motines o enfermedades que no fueron atendidas debidamente pese a la responsabilidad del Estado venezolano de garantizar la salud de los privados de libertad.
En redes sociales, el OVP identificó al fallecido como Gregorio Antonio Arias, quien estaba recluido en la Comunidad Penitenciaria de Coro, estado Falcón. «Su muerte se suma a una lista que crece entre abandono médico, hacinamiento, violencia, opacidad institucional y ausencia de garantías mínimas para la vida», aseveró el OVP.
Desde el mes de abril, la organización ha documento 11 muertes que complicaciones de salud en el complejo penitenciario El Rodeo (Miranda) y las cárceles de Uribana y Fénix Lara (estado Lara), el Centro de Reclusión Penitenciario Judicial 26 de Julio (Guárico), la prisión de Tocuyito (Carabobo), la antigua cárcel de El Marite (Zulia) y la Comunidad Penitenciaria de Coro.
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También denunciaron el deceso del exconcejal José Manuel Nazareth García Sabino en los calabozos de la Policía Municipal de Anaco (estado Anzoátegui).
Asimismo, se registró la muerte de cinco hombres que se encontraban recluidos en Yare III, un hecho que las autoridades calificaron como presunto motín, mientras que familiares denunciaron heridas por arma de fuego en los cuerpos.
«Detrás de esta cifra hay hombres que enfermaron sin atención médica, presos que murieron en calabozos y penales hacinados, familias obligadas a costear medicamentos, alimentos e insumos, y un Estado que mantiene el control absoluto sobre estas personas pero no garantiza su vida», afirmó la organización.
El Observatorio aseveró que el Estado venezolano «viola flagrantemente» el artículo 43 de la Constitución sobre el derecho a la vida y la protección de personas privadas de libertad, una cuestión que, a su juicio, «cada vez se asemeja más a una operación de exterminio silenciosa dentro de los penales».
También señalaron que la crisis penitenciaria venezolana «ya no puede medirse solo por el número de centros colapsados, sino por la cantidad de cuerpos que siguen saliendo de ellos».
El Observatorio reafirmó su solicitud de investigaciones exhaustivas e imparciales «sobre cada una de estas muertes», que son informadas al sistema interamericano y universal de protección de derechos humanos.
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