Crisis en el Catatumbo ya deja unos 85.000 afectados, según Acnur
La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados estima que la crisis en el Catatumbo deja 52.286 desplazados, 19.000 con restricciones de movilidad, 8.668 confinados y 4.667 refugiados y migrantes venezolanos
La región colombiana del Catatumbo vive desde hace un mes la peor crisis humanitaria que recuerde el país, causada por los enfrentamientos entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las FARC, que afecta a casi 85.000 personas, entre ellas comunidades indígenas y migrantes venezolanos.
Así lo aseguró este domingo 16 de febrero la representante en Colombia de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Mireille Girard, quien manifestó que, con corte al pasado 14 de febrero, los afectados son 84.621 personas que en su mayor parte han sido desplazadas por la violencia guerrillera.
«La violencia en el Catatumbo ha generado el mayor desplazamiento masivo desde que tenemos registros en Colombia. Hay comunidades y familias confinadas, con movilidad restringida y acceso limitado a alimentos, atención médica y ayuda humanitaria», puntualizó Girard a EFE.
Las cifras recopiladas por Acnur son alarmantes: 52.286 desplazados, 19.000 con restricciones de movilidad, 8.668 confinados y 4.667 refugiados y migrantes venezolanos.
Diferentes autoridades también hablan de al menos 56 muertos a causa de los enfrentamientos que comenzaron con más intensidad el 16 de enero en el Catatumbo, región conformada por los municipios de Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú, en el departamento de Norte de Santander.
El ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC se disputan el control territorial de esta zona limítrofe con Venezuela, crucial para el narcotráfico porque es uno de los lugares del país con más cultivos de coca.
Para Girard, los enfrentamientos armados dejan en situación todavía más desventajosa a las comunidades indígenas, como los yukpa, que son transfronterizos porque viven y se Mueven en zonas de Colombia y Venezuela, y los barí, que son colombianos.
A eso se suman los niños que, por la violencia, no pueden ir a sus escuelas porque los «profesores tuvieron que huir y los niños quedan desprotegidos, expuestos a vulneraciones, posiblemente también a temas de violencia de género y de reclutamiento forzado».
«Es una situación extremadamente preocupante para las comunidades de estas zonas, en particular la afectación a las personas indígenas y afro que se encuentran desproporcionadamente impactadas porque viven en zonas que se disputan muchos grupos armados», aseguró la representante de ACNUR en Colombia.
Aunque reconoce los esfuerzos de las administraciones locales para ayudar a la población, Girard dice que las alcaldías se vieron desbordadas y sus recursos financieros se agotaron rápidamente ante la magnitud de la crisis.
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