CPI descarta investigar sanciones de EEUU a Venezuela como crímenes de lesa humanidad
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) concluyó el examen preliminar del caso conocido como «Venezuela II», impulsado por la administración de Nicolás Maduro. El organismo determinó que no hay base razonable para investigar si las sanciones estadounidenses constituyen crímenes de lesa humanidad. La decisión no afecta la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país, que continúa en curso
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) decidió cerrar el examen preliminar de la denominada «Situación en Venezuela II», al concluir que no existe fundamento razonable para investigar si las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Venezuela constituyen crímenes de lesa humanidad.
El caso había sido remitido a la CPI por la administración de Nicolás Maduro en febrero de 2020. En esa denuncia, el Estado venezolano sostuvo que las sanciones económicas adoptadas por Washington desde 2014 provocaron asesinatos, exterminio, deportaciones, persecuciones y otros actos inhumanos contra la población venezolana.
Tras revisar la información disponible, la Fiscalía concluyó que no se cumplen los requisitos jurídicos necesarios para abrir una investigación formal. Según el organismo, los elementos examinados no permiten demostrar una relación causal suficiente entre las sanciones y los delitos denunciados ni establecer que dichas medidas hayan sido adoptadas con la intención criminal requerida por el derecho penal internacional.
De acuerdo con la Fiscalía, para que la Corte pueda intervenir es necesario contar con una base razonable para creer que se cometieron crímenes dentro de la jurisdicción del tribunal, lo que implica probar tanto la causalidad como la intencionalidad de las conductas denunciadas. En este caso, el análisis jurídico y factual realizado por el organismo determinó que esa carga probatoria no se alcanza.
El examen preliminar de «Venezuela II» había sido abierto el 17 de febrero de 2020 tras la remisión presentada por el gobierno venezolano ante la Corte. La denuncia se centraba específicamente en las sanciones económicas de Estados Unidos y en su presunto impacto humanitario dentro del país. Para ese caso, el ahora fiscal general encargado, Larry Devoe, participó como representante del Estado venezolano. Junto a Delcy Rodríguez viajó a La Haya para «presentar evidencias», que no lograron su cometido.
Con la decisión anunciada, la Fiscalía concluye que no iniciará una investigación sobre este expediente. Sin embargo, el Estatuto de Roma establece que el Estado denunciante puede solicitar una revisión de la decisión. En este caso, Venezuela dispone de un plazo de 90 días para pedir a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI que evalúe nuevamente la determinación de la Fiscalía.
El cierre del examen preliminar no afecta el otro proceso abierto en la Corte relacionado con Venezuela. La Fiscalía recordó que la investigación independiente conocida como «Venezuela I» continúa en curso. Ese expediente se centra en presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país desde al menos 2014, particularmente en el contexto de detenciones y persecución política.
La CPI también aclaró que la decisión anunciada no guarda relación con los acontecimientos ocurridos en Venezuela en enero de 2026.
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