Corte marcial suspende juicio al capitán Luis de la Sotta aunque lo mantiene preso
Los familiares del capitán Luis de la Sotta han solicitado en varias oportunidades a la comisión de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que se encuentra en el país constate sus condiciones de salud e ingrese a la sede de la Dgcim, donde se encuentra recluido desde hace dos años
Familiares del capitán de navío Luis de La Sotta informaron que la Corte marcial suspendió el juicio contra el militar, pero se mantiene privado de libertad mientras se inicia una nueva audiencia preliminar.
A través de Twitter, Molly de La Sotta, hermana del capitán de navío, dijo que luego de más de dos años de denunciar las violaciones al debido proceso que se han cometido en el caso del militar, el juez Rojas Borges decidió suspender el juicio al alegar que la audiencia preliminar fue viciada.
En lugar de dictar la libertad del capitán de navío, señalado por la llamada operación Armagedón, se ordenó que se mantenga preso en las instalaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) hasta tanto se realiza una nueva audiencia.
LA CORTE MARCIAL suspendió JUICIO a #LuisDeLaSotta.Luego de 2 AÑOS 1/2 de denunciar VIOLACIONES AL DEBIDO PROCESO el Gral Rojas Borges se dió cuenta q la AUD. PRELIMINAR estaba viciada y en vez de dar su #Libertad seguirá PRESO mientras espera otra AP, sigue en Dgcim #HastaCuando pic.twitter.com/8YQxs3pinN
— Molly De La Sotta (@MollyDeLaSotta) December 23, 2020
Sus familiares han solicitado en varias oportunidades a la comisión de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que se encuentra en el país constate sus condiciones de salud e ingrese a la sede de la Dgcim, donde se encuentra recluido desde hace dos años.
La hermana del capitán Luis de la Sotta señaló que fue aislado en la llamada «Casa de los Sueños», una de las habitaciones de aislamiento y tortura de la sede del Dgcim en Boleíta, como se señaló en el informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU, publicado en septiembre de este año.
En ese lugar no se le permite el acceso a ducharse diariamente, se le prohíbe tener libros o recibir correspondencia, y apenas ha podido recibir la visita de uno de sus familiares. En su última visita, el militar relató que ha padecido de mareos continuos y dolores de cabeza, manifestaciones de la hipertensión que sufre y que no ha sido atendida de forma adecuada desde que está preso.
«Nosotros solicitamos que los oficiales de la Oficina de Bachelet que se encuentran en Venezuela cumplan con su mandato e ingresen a la Dgcim, evalúen las condiciones de reclusión de mi hermano así como su estado de salud y mental», destacó la hermana del capitán.
Además De La Sotta denunció que el pasado viernes 11, el juez militar Pedro Milano Rincones, que lleva la causa de los acusados por la llamada operación Armagedón, suspendió la audiencia de juicio sin ninguna motivación para el 18 de diciembre.
El juez Milano Rincones mantiene la prohibición a los familiares de que puedan ingresar a las audiencias, pese a que la legislatura venezolana indica que deben ser públicas, y además les prohíbe a los familiares compartir con los detenidos mientras están en tribunales.
Retaliaciones contra militares
Los juicios contra militares presos por razones políticas se reactivaron desde hace varias semanas, luego de los informes y presiones de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos; además del informe de la Misión Independiente de Determinación de Hechos, un mandato del Consejo de DDHH de la ONU sobre Venezuela.
Sus familiares han informado que muchos de los militares presos que aparecen reflejados en estos informes han sido objeto de retaliaciones y castigos por parte de sus custodios. La denuncia fue ratificada por el comisionado del gobierno interino para Derechos Humanos y Atención a las víctimas, Humberto Prado, en un informe.
Además, señalan que algunos expedientes son forjados, no hay pruebas o que la fiscalía militar, al no tener testigos de los supuestos delitos que se imputan a los detenidos, llevan a declarar a funcionarios que han sido acusados por los mismos presos como torturadores. Esto ocurrió en el juicio de los militares del caso Paramacay II.
*Lea también: La República que tortura: Capítulo 5. La sangre militar
Familiares comentaron a TalCual que Jonathan Becerra, alias «el Piraña», quien aparece reflejado en el informe de la Misión de Determinación, y otro funcionario de apellido Leal han sido llamados a declarar contra los militares presos.
En el caso específico del capitán Luis de la Sotta, su hermana comentó que el testigo estrella era un capitán de fragata que la misma Armada lo declaró como desertor, pues se fugó y actualmente desconocen su paradero. «Ni siquiera hay testigos en su caso. Nosotros introdujimos un amparo ante la Corte Marcial que no ha sido respondido, al igual que las apelaciones y excepciones (…) Nosotros introdujimos también un documento de decaimiento de la pena, pues ya tiene más de dos años de prisión preventiva, pero no nos han respondido».
