Corte colombiana abre proceso penal contra Piedad Córdoba por enriquecimiento ilícito
La colombiana había sido citada por el órgano de control el pasado 28 de julio para rendir testimonio, pero hizo caso omiso a la orden. La Corte Suprema de Justicia no dio más detalles sobre el caso que involucra a la congresista de 68 años
La Corte Suprema de Justicia abrió un proceso penal y citó a indagatoria a la senadora colombiana Piedad Córdoba, de la coalición oficialista Pacto Histórico, por haber cometido supuestamente los delitos de «enriquecimiento ilícito, peculado a favor de terceros y falsedad en documento público».
Así lo informó el viernes 10 de noviembre el alto tribunal, que señaló en un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter) que Córdoba deberá comparecer ante la Corte por «hechos de 2006 a 2012 que presuntamente comprometen su conducta en delitos de enriquecimiento ilícito, peculado a favor de terceros y falsedad en documento público.
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Aunque la Corte no dio más detalles sobre el caso que involucra a la congresista de 68 años, se espera que la Sala de Instrucción fije en los próximos días la fecha para la indagatoria contra la congresista.
La colombiana había sido citada por el órgano de control el pasado 28 de julio para rendir testimonio, pero hizo caso omiso a la orden.
Córdoba tiene un largo expediente, en el que existen 14 denuncias por los estrechos vínculos que sostenía con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, grupo guerrillero que habría interferido en su carrera política con apoyo económico e influencia sobre las poblaciones para que la favorecieran en las contiendas electorales. Sin embargo, la senadora no ha sido citada a indagatoriapor sus presuntos nexos con el grupo guerrillero, sino por hallazgos del ente acusador a lo largo del proceso.
Según las acusaciones, los nexos de Córdoba con los cabecillas de las FARC se comenzaron a gestar en 1998. Para ese momento había logrado por primera vez hacerse un lugar en el Senado con el aval del Partido Liberal. En las denuncias que aparecen en el expediente, se señala que la congresista visitaba constantemente los campamentos guerrilleros sin previa autorización del Gobierno. Supuestamente, desde ese momento comenzó a ejercer un rol de asesora, estratega política, y hasta de vocera del grupo armado.
Eso le habría permitido a la senadora, según las denuncias, adquirir un papel clave en el denominado intercambio humanitario durante el gobierno de Ernesto Samper, con el que se buscaba el canje de secuestrados por el grupo guerrillero por milicianos detenidos por las autoridades. Todo esto, supuestamente, con la autorización del entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, mediante gestiones que consistieron en reiteradas entradas y salidas a Venezuela en las que Piedad Córdoba ingresó grandes cantidades de dinero en maletas.
Las acusaciones contra la congresista y que cita Cambio apuntan a que durante ese tiempo aprovechó sus estancias en Venezuela y dio la orden a uno de los miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) para se quedara en el vecino país por largos periodos de tiempo. Esto con el fin de «recuperar la cartera que le adeudaba la Comisión Nacional de Administración de Divisas a empresarios amigos colombianos que exportaban sus productos hacia Venezuela», según consta en el expediente.
De igual modo, su papel se habría extendido para servir como mediadora en favor de empresarios para conseguir que el gobierno de Chávez no expropiara sus bienes.
En el expediente aparecen denuncias que vinculan a Piedad Córdoba con Alex Saab, detenido desde 2009 acusado de lavado de activos y no solo uno de los beneficiados con las supuestas intermediaciones de Córdoba ante Chávez, sino presunto responsable de ayudar a la Comisión a recuperar el dinero. Esta supuesta relación habría permitido que una empresa creada por Saab, suscribiera un millonario contrato con el país vecino para la construcción de viviendas en el marco del proyecto Misión Vivienda, ideado por el entonces mandatario venezolano.
Cabe recordar que Saab fue informante de la DEA desde 2018 y estuvo entregando información a las autoridades sobre sus negocios tanto con Chávez como con su sucesor, Nicolás Maduro. Sin embargo, la colaboración terminó apenas un año después luego de que el empresario incumpliera un plazo que le habían fijado para entregarse y enfrentar acusaciones en el estado de Florida, pactado para el 30 de mayo de 2019. Actualmente, se encuentra detenido en una prisión federal de Miami.
