Contraloría fantasma, por Teodoro Petkoff
El contralor Clodosbaldo Russián falleció en junio de este año. Desde entonces el organismo que dirigía se encuentra acéfalo, en manos de una encargada interina. La Asamblea Nacional, que debía adelantar el proceso para la designación de un nuevo contralor, no ha dado ninguna señal de que este tema se encuentre en su agenda.
El inefable Poder Moral, que dada la inexistencia de un contralor está integrado ahora solamente por los otros dos miembros, la fiscal y la defensora del pueblo, tampoco ha dicho ni pío sobre el tema ni se ha dirigido a la Asamblea para que ésta cumpla con su deber de suplir la ausencia de Russián.
El Presidente, que se mete en todo, jamás se ha referido al tema de la acefalía de la Contraloría. ¿Por qué tamaña displicencia? Por la sencilla razón de que el contralor, tal como el fiscal y el defensor del pueblo, deben ser elegidos por lo menos por dos tercios del Parlamento, y el problema para el oficialismo es que ya no cuenta con esa mayoría calificada.
Lo lógico sería, tal como ocurre en cualquier país democrático, que oficialismo y oposición se sentaran a negociar, en el buen sentido de la palabra, la designación de una persona que pudiera satisfacer los intereses de ambos sectores.
Esa persona tendría que ser necesariamente una figura independiente, sin vínculos ni con los partidos ni con el gobierno. Pero el chavismo no acepta, ni aceptará, llegar a ninguna clase de acuerdo con la oposición que pudiera, en su visión, lesionar el control autocrático del poder que hoy detenta y ostenta.
Por tanto, se hace el loco y deja pasar el tiempo, contando con que una omisión de esta magnitud no despertará mayor preocupación ni en el país nacional ni en el país político.
Y en cierta forma no le falta razón –su razón, claro está. La Contraloría, por ejemplo, ha devenido en un paquidermo burocrático de cuya existencia sólo nos enteramos cuando inhabilita políticos, que, “coincidencialmente”, siempre son de la oposición, pero su rol de vigilar la utilización de los dineros públicos es casi nulo.
Sus informes repiten cada año los mismos lugares comunes sobre la corrupción como un mal que carcome a la República pero jamás, aparte de alguno que otro funcionario de poca monta de cuyas tropelías da cuenta, se ha ocupado de investigar los grandes negocios del gobierno ni a las personas que los manejan.
La Contraloría ha garantizado la impunidad de quienes se apoderan de los dineros públicos. Las denuncias presentadas contra Diosdado Cabello, Juan Barreto y Rangel Junior, por ejemplo, por sus sucesores en los gobiernos de Miranda, Alcaldía de Caracas y Alcaldía del municipio Sucre, seguramente están en las mismas cajas en que fueron llevados los documentos que testimonian los delitos cometidos.
Todo esto habla del deslave institucional, de la destrucción sistemática de las instituciones del Estado por parte del gobierno de Chávez. No ha sido casual. Responde cabalmente a la concepción que Chávez tiene del poder, en particular del suyo. Para el autócrata las instituciones del Estado son prescindibles.
No quiere mediaciones entre él y el “pueblo”. Pero puesto que no puede desaparecerlas, las castra, las obliga a autodespojarse de todo poder, reduciéndolas a fantasmagorías inútiles e inoperantes, que no lo importunen.
¿Qué mejor ejemplo de esta conducta que lo que ha ocurrido con la Contraloría General de la República? De cuyo titular fallecido tuvimos muy pocas noticias de su existencia y de cuya sucesora interina, el 99% de los venezolanos no se ha enterado ni de su nombre.
