Comunidades indígenas exigen al Defensor respuestas por destrucción minera en Amazonas
En el parque nacional Yapacana, ubicado en Amazonas, se han registrado 8.000 campamentos mineros, incluso en la cima del tepuy. «Este daño ambiental a las tierras ancestrales y diversidad es irreversible», se señaló
Una comisión de pueblos indígenas de Amazonas exigió al defensor del Pueblo, Alfredo Ruíz, que explique las acciones que ha adelantado su despacho para denunciar la minería ilegal en ese estado y la destrucción del medio ambiente en parques nacionales y otras zonas protegidas.
Un grupo de indígenas se trasladó a Caracas para entregar una nueva comunicación al Defensor del Pueblo, quien no ha dado respuesta a peticiones presentadas hace dos meses. En el escrito, firmado por 39 organizaciones y más de 30 voceros de pueblos indígenas, se manifestó su preocupación por la minería ilegal y las repercusiones ambientales en los siete municipios del estado Amazonas, especialmente en el parque nacional Yapacana.
«Pedimos que se establezca responsabilidad penal, civil, administrativa y disciplinaria de las personas investidas o no de autoridad por las acciones y omisiones toleradas en los sitios antes aludidos (parque nacional Yapacana), en detrimento de los derechos humanos de todos los ciudadanos, especialmente de los pueblos y comunidades indígenas que habitan las zonas afectadas».
Según estimaciones de varias ONG, la minería ilegal y el proyecto del Arco Minero del Orinoco ha arrasado con 51.286 hectáreas. Han identificado 680 minas activas en la región de Guayana, al menos 59 de ellas ubicadas dentro del parque nacional Canaima.
En el parque nacional Yapacana se han registrado 8.000 campamentos mineros, incluso en la cima del tepuy. «Este daño ambiental a las tierras ancestrales y diversidad es irreversible», se señaló.
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Además de la minería ilegal y actividades extractivistas en estas zonas, las ONG y voceros indígenas denunciaron que en estas zonas también se han registrado narcotráfico, contrabando de combustible y recursos, transculturización y afectación de los derechos y espacios pertenecientes a los pueblos indígenas, trata de personas, homicidios, desapariciones forzadas, prostitución, robos, presencia de niños y adolescentes en lugares de grupos armados, enfermedades, desnutrición, contaminación, entre otros.
«Todos estos aspectos se encuentran estrechamente vinculados al fenómeno de la minería ilegal, razón por la cual se requieren acciones inmediatas para poner fin a dichas situaciones irregulares», señalaron.
“Profunda preocupación por la minería ilegal y sus repercusiones en los 7 municipios del Estado Amazonas, especialmente el parque nacional Yapacana”
Grupo de defensores de Amazonas integrado por indígenas, activistas ambientales y de DDHH entregan hoy #9Jun Carta al Defensor del… pic.twitter.com/tsEYGo3yjb
— PROVEA (@_Provea) June 9, 2023
