Defensora del pueblo reconoce crisis de confianza y promete acercarse a los ciudadanos
Sobre la Ley de Amnistía, que cumplió el 19 de abril dos meses de haber sido aprobada, la defensora Eglée González admitió que existen casos que aún presentan dificultades y que deben abordarse con transparencia. «A la sociedad hay que hablarle con la verdad», dijo, al tiempo que aseguró que la Defensoría se sumará a los esfuerzos en esa materia, aunque no presentó mecanismos concretos
La recién designada defensora del pueblo, Eglée González Lobato, aseguró este domingo 19 de abril que su gestión estará enfocada en acercarse a los ciudadanos, reconstruir la confianza institucional y fortalecer la defensa de los derechos humanos en el país, en medio de cuestionamientos por su nombramiento.
Durante una entrevista en Venevisión, la abogada sostuvo que su designación responde a una «coyuntura política», pero destacó que se logró un consenso tras años sin acuerdos. «Para quienes no votaron por mí, la idea es que confíen en que las acciones que se van a acometer van a beneficiar a todos los ciudadanos del país», afirmó.
González planteó que uno de los principales retos de la Defensoría será recuperar el vínculo con la población. «Tiene que haber cercanía y dar tiempo para la construcción de confianza. Este es un país de necesidades que no tienen respuesta», señaló, al destacar que el organismo debe actuar ante situaciones de vulneración de derechos en todo el territorio.
«Esta es la Defensoría y esto es para los ciudadanos y además cambiar, incluso instalar en los funcionarios de la Defensoría, la mejor atención posible y para allá vamos. No me voy a adelantar a los programas que tengo, lo haré cuando tenga la viabilidad de ellos y el compromiso será lograr objetivos progresivos», puntualizó.
En ese sentido, insistió en que la agenda institucional no debe estar guiada por coyunturas específicas, sino por las violaciones de derechos humanos, pero evitó referirse a casos específicos. «No es el tema el que pone la agenda. Son los derechos lo que pone la agenda», afirmó.
Sobre la situación en centros de detención, la defensora reconoció que se trata de un problema estructural y que, por tanto, a su juicio «no tiene una solución inmediata». Adelantó que prevé realizar un recorrido nacional para documentar las condiciones de reclusión e impulsar procesos de «humanización». También agregó que la idea no es «visité esta, visité esta (en referencia a las cárceles), tómenme una foto», ni tampoco tomar decisiones unilaterales, sino que cualquier acción debe coordinarse con otras instancias del Estado.
En relación con la Ley de Amnistía, que cumplió el 19 de abril dos meses de haber sido aprobada, González admitió que existen casos que aún presentan dificultades y que deben abordarse con transparencia. «A la sociedad hay que hablarle con la verdad», dijo, al tiempo que aseguró que la Defensoría se sumará a los esfuerzos en esa materia, mas no presentó mecanismos concretos.
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La funcionaria se refirió a normas punitivas como la Ley contra el Odio y la Ley Simón Bolívar, sobre las que dijo que deben someterse a una «revisión técnica», aunque aclaró que no impulsará anuncios que no dependan directamente de su despacho.
En materia de protestas, propuso la creación de sistemas de alerta temprana para evitar conflictos, en lugar de una respuesta reactiva ante posibles abusos. «Lo que no puede haber es abusos», señaló.
El nombramiento de Eglée González Lobato en este nuevo cargo fue muy cuestionado por las organizaciones de la sociedad civil, las cuales consideraron que el parlamento venezolano no buscó perfiles independientes, sino figuras que han validado la gestión oficial en los momentos más críticos. Justicia, Encuentro y Perdón fue una de esas asociaciones y fustigó que con su entrada a la Defensoría del Pueblo se «desdibujar la frontera entre el poder político y la justicia en Venezuela», al tiempo que resaltó que es muy difícil que las víctimas puedan sentir confianza en funcionarios «alineados con quien ejerce el poder».
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
